Tener un vecino moroso es una realidad en casi el 39% de las comunidades de propietarios de España. Y que ese propietario que no paga sea, paradójicamente, una entidad financiera, se da en el 7% de las fincas.
Son datos del último Estudio Global sobre la Morosidad, elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) sobre una muestra de 1,5 millones de comunidades. El análisis refleja, no obstante, una disminución de la morosidad de un 8% a un 4% en el último año, alcanzando un nivel de impago superior a 1.601 millones de euros, frente a los casi 1.666 de 2016. "La previsión para 2018 es que ese descenso de la morosidad continúe", señala el presidente del Cgcafe, Salvador Díez.
Esa caída ya se empieza a notar en las propias comunidades de propietarios, algunas de las cuales llegaron a tener más de un 50% de propietarios morosos en los peores años de la crisis.
A principios de 2017, Juan Montes, presidente de una comunidad de 416 viviendas en San Sebastián de los Reyes (Madrid), empezó a ver la luz en un problema que tenía como protagonista a la promotora, propietaria del 47% del edificio. Su quiebra, recuerda, llevó a la comunidad a sufrir una deuda cercana a 600.000 euros.
"Ante esta situación, se tuvieron que tomar medidas de choque para poder mantener los servicios básicos de la comunidad, entre otras, subir las cuotas un 20% y eliminar la vigilancia 24 horas", cuenta el administrador de esta finca, Fran Gafforio. "Asimismo", añade Montes, "iniciamos una política de tolerancia cero con los morosos profesionales, aquellos que no pagan porque no quieren, y renegociamos todos los contratos con los proveedores".
A fecha de hoy, esta comunidad tiene, según la administración, un superávit de 100.000 euros gracias a la disminución de la morosidad en un 9%. Tras entrar la promotora en concurso de acreedores, "el mayor moroso que tenemos es un administrador concursal, que lleva pagando los últimos dos años", apunta Montes.
Una mejora en las cuentas que ha permitido a esta comunidad devolver a los propietarios las derramas a las que tuvieron que hacer frente durante los últimos años e invertir el dinero en mejorar las instalaciones del edificio.
Gafforio, que además de en San Sebastián de los Reyes, administra fincas en Alcobendas y en los distritos de San Blas y en el Centro de Madrid, calcula que un 70% de las más de 70 comunidades que gestiona han superado los altos niveles de impago que tenían. "La mayoría sigue sufriendo morosidad, pero dentro de unos niveles porcentuales -entre un 5 y un 15%- e importes totales de deuda que podríamos considerar normales antes de la crisis", señala.
Aunque con el inicio de la crisis las empresas inversionistas y las promotoras inmobiliarias se convirtieron en los nuevos propietarios deudores, "la morosidad de éstas ha desaparecido, en gran medida porque se ha transmitido a las entidades financieras", constata el presidente del Cgcafe.
Asturias es, junto con la Comunidad de Valencia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura, donde más se ha notado este descenso generalizado de la morosidad. La mejora, sin embargo, es más tibia en Madrid, Canarias, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Concretamente en la Comunidad de Madrid la morosidad ha descendido un 3,66%, pasando de casi 226 millones de euros en 2016, a 218 en el último ejercicio.
Según el informe elaborado por el Cgcafe, cada comunidad de propietarios española adeuda 1.065 euros de media, 44 euros menos que hace dos años. Un respiro para el bolsillo de los vecinos.
Retrasos de los bancos
A los administradores de fincas les sigue preocupando que, pese a su capacidad económica, los bancos sigan retrasando pagos pendientes en las comunidades de propietarios. No en vano, son dueños de algún inmueble en casi el 16% de los edificios residenciales. Aunque, según el informe presentado por el Cgcafe, las entidades han soltado lastre inmobiliario y han pasado de adeudar 383 millones en 2016, a 317 en el último año, éstas no han perdido su perfil moroso.
En 2013, recuerda Díez, el Consejo General remitió una carta a la Asociación Española de la Banca (AEB) en la que le instaba a adoptar todas las medidas que tuviera a su alcance para que sus asociados cumplieran con sus obligaciones comunitarias e hiciesen frente a los gastos que originaban los inmuebles que tenían en su cartera: "Una carta que todavía no ha tenido respuesta por parte de esa entidad", manifiesta Díez.
Nerea García es administradora de una finca en el centro de Madrid. Una comunidad de 28 vecinos, principalmente pensionistas que, además de su cuota, tienen que hacer frente a los gastos que no asume el único propietario moroso que existe en el edificio: un banco. "La entidad se escudaba en que no tenía el auto de adjudicación -notificación dictada por un juzgado normalmente después de adjudicarse un inmueble- para no abonar la comunidad", asegura García. Mientras, los vecinos han tenido que pagar durante meses hasta 600 euros mensuales para poder atender al mantenimiento del edificio.
Tras agotar todas las vías, en enero de 2017 la comunidad inició un procedimiento judicial contra esta entidad. La vista se ha fijado para octubre de este año. "Aunque se resuelva a nuestro favor, los vecinos sólo podrán recuperar una pequeña parte de la cantidad, 2.000 euros frente a los más de 20.000 que adeuda", se lamenta la administradora.
Y es que la ley sólo obliga al nuevo adquiriente del piso a hacer frente a los gastos que corresponden a la parte vencida del año en curso y los tres inmediatamente anteriores. Y el banco de esta comunidad es moroso desde hace cuatro años.
Para la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid y vicepresidenta del Cgcafe, Isabel Bajo, "las entidades bancarias que se han adjudicado pisos sólo ven en ellos una vía de negocio, sin pararse a pensar en losproblemas que el impago de cuotas supone para el día de día de una comunidad".
"A ello se une", añade el presidente del Cgcafe, "la costumbre que tenían los bancos de no inscribir estos pisos en el Registro de la Propiedad. Ahora han tomado conciencia y los inscriben en seis u ochos meses, aproximadamente".
Fuente: http://www.elmundo.es/
