La crisis ha dejado a miles de familias en la calle y a otras muchas las mantiene permanentemente en el filo de la navaja. Según el Consejo del Poder Judicial, los desahucios aumentaron un 14,2% en el tercer trimestre de 2011. Fueron casi 11.000 desahucios entre julio y septiembre. Las previsiones no señalan nada mejor.
Tal es así que la Oficina del Defensor del Pueblo ha reclamado al Gobierno "ayudas excepcionales" para los ciudadanos afectados por las deudas hipotecarias como consecuencia de la crisis.
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado la presentación de un documento en el Congreso de los Diputados, con las conclusiones de la investigación abierta por la negativa de algunas aseguradoras a abonar a sus clientes en paro las prestaciones que en su momento les obligaron a suscribir para acceder a una hipoteca, entre otras cuestiones.
Cava de Llano ha resumido con esta frase la filosofía de sus propuestas: "La banca en momentos excepcionales ha recibido ayudas excepcionales, también los ciudadanos en momentos excepcionales necesitan ayudas excepcionales".
Recomendaciones preventivas y paliativas
Por ello, la Oficina del Defensor del Pueblo plantea una veintena de recomendaciones, de carácter preventivo y paliativo.
Dentro de las primeras, establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamo hipotecario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.
Además, plantea intensificar la independencia de las sociedades de tasación, mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible, hacer efectivo asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios o desarrollar la obligación del crédito responsable.
Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), en 2015 se habrán ejecutado más de 700.000 desahucios de los cuatro millones de hipotecas firmadas entre 2004 y 2008, los años de la llamada "burbuja inmobiliaria" en España.
Fuente: http://www.20minutos.es/
Tal es así que la Oficina del Defensor del Pueblo ha reclamado al Gobierno "ayudas excepcionales" para los ciudadanos afectados por las deudas hipotecarias como consecuencia de la crisis.
La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha anunciado la presentación de un documento en el Congreso de los Diputados, con las conclusiones de la investigación abierta por la negativa de algunas aseguradoras a abonar a sus clientes en paro las prestaciones que en su momento les obligaron a suscribir para acceder a una hipoteca, entre otras cuestiones.
Cava de Llano ha resumido con esta frase la filosofía de sus propuestas: "La banca en momentos excepcionales ha recibido ayudas excepcionales, también los ciudadanos en momentos excepcionales necesitan ayudas excepcionales".
Recomendaciones preventivas y paliativas
Por ello, la Oficina del Defensor del Pueblo plantea una veintena de recomendaciones, de carácter preventivo y paliativo.
Dentro de las primeras, establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamo hipotecario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.
Además, plantea intensificar la independencia de las sociedades de tasación, mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible, hacer efectivo asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios o desarrollar la obligación del crédito responsable.
Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), en 2015 se habrán ejecutado más de 700.000 desahucios de los cuatro millones de hipotecas firmadas entre 2004 y 2008, los años de la llamada "burbuja inmobiliaria" en España.
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