La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) ha denunciado este martes que la nueva regulación sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero, "lejos de solucionar la crisis hipotecaria, facilita ampliamente la especulación inmobiliaria".
Asefiget argumenta que en las disposiciones finales de esta norma se permite una exención del 50% en las ganancias patrimoniales que se generen de la venta de inmuebles urbanos y que hayan sido adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.
Asimismo, se permite que esa exención sea compatible con la exención por reinversión en una nueva vivienda, por lo que, según Asefiget, se tendrá que reinvertir únicamente el 50% del importe de la venta y no el 100% como ocurría anteriormente.
"Si bien esta nueva medida facilita una menor tributación por los beneficios obtenidos de la venta, no solventa en su totalidad el problema de miles de ciudadanos que tienen que vender su vivienda porque no pueden hacer frente a la hipoteca. En este caso, se tendrá que tributar por el 50% si no reinvierte en una nueva por la parte proporcional cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión", señala.
Sin embargo, los asesores fiscales denuncian que el especulador que venda una vivienda adquirida en esas fechas y reinvierta esa cuantía en otra no tendrá que pagar impuestos por ello.
Asefiget ha asegurado no entender por qué el Banco de España hizo "caso omiso" de los informes de la Asociación de los inspectores de entidades de crédito del Banco de España (AIECA), que en 2006 ya advirtió de que el riesgo que estaban asumiendo las entidades financieras con la "burbuja inmobiliaria" en los últimos años era preocupante.
Los asesores fiscales subrayan además que AIECA alertó también de que las entidades estaban operando sin las suficientes provisiones para hacer frente a las posibles pérdidas de los créditos destinados a los inmuebles.
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La Plataforma por una Vivienda Digna exige que se depuren responsabilidades civiles, penales y políticas por todas aquellas decisiones políticas y económicas que se han adoptado durante los últimos años favoreciendo la "burbuja" inmobiliaria y causando un importante daño a la sociedad española.
Sin olvidar la responsabilidad que han tenido también la entidades europeas, la Plataforma cree que "de una vez por todas" ha llegado el momento de "romper la baraja" y exigir responsabilidades de todos aquellos que han perpetrado el "festín inmobiliario".
Por ello, la asociación ha decidido presentar varios escritos ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instándoles a iniciar un proceso indagatorio y de investigación de los responsables.
En un comunicado, la Plataforma asegura que no se puede aceptar que quienes han provocado el caos actual sigan disfrutando de sus sueldos y pensiones e incluso continúen tomando decisiones mientras que se condena a los ciudadanos "a lustros de degradación de nuestro sistema de bienestar social, a más empobrecimiento, a un desempleo fuera de todo orden y a una enorme exclusión social".
Asimismo, la Plataforma por una Vivienda Digna ha acusado al Gobierno actual de acelerar el proceso de "favoritismos pro-bancarios" al convertir a España en poco menos que "un paraíso fiscal inmobiliario orientado a la compra de viviendas".
La asociación, que se constituyó en 2003, señala además que si la vivienda estaba cara en los años del "boom", no era porque los españoles podían permitírselo, sino porque los bancos podían financiarla a esos precios trayendo recursos del extranjero y comprometiendo el país al convertir el famoso "milagro económico" en una "falacia de proporciones históricas".
En este sentido, critican que todas las medidas que se han adoptado en los últimos años en materia fiscal, urbanística y de vivienda a nivel nacional o autonómico no hayan servido más que para empeorar la situación del mercado.
Esta reiteración de "errores" ha generado, según la Plataforma, una profunda ruptura social y económica que ha provocado un modelo de "gente sin casas y casas sin gente". EFECOM
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Un fondo de inversión chino ha estudiado la posibilidad de edificar en la costa española una ciudad pensada para jubilados de su país.
"Buscaban urbanizaciones para 30.000 personas", cuenta el ejecutivo de una de las mayores consultoras inmobiliarias en España. "Pero no encontramos tantos metros cuadrados juntos para tanta gente", dice. "Lo negociamos hace un par de meses", asegura.
Para hacerse una idea de lo que supone una urbanización para 30.000 personas cabe mencionar que el nuevo desarrollo de Valdebebas, en Madrid, está diseñado para que vivan 40.000 personas o que el proyecto original de Seseña, en Toledo, de Francisco Hernando, El Pocero, estaba pensado para dar cabida a unas 50.000 personas en 13.500 viviendas (al final se quedó en la edificación de 5.096 viviendas).
En Alicante, Málaga, Canarias, Baleares existen ya auténticas colonias de residentes comunitarios que han elegido esos lugares para vivir gran parte del año. Jubilados alemanes, británicos o noruegos pueblan urbanizaciones de la costa y las islas españolas. La correcta asistencia sanitaria es uno de los factores determinantes a la hora de elegir estos destinos.
Piso en junto a la Ronda de Nelle, muy cerca de la Avd. de Finisterre. A estrenar. 2 dormitorios. 2 baños. Calefacción gas natural. Cocina independiente. Totalmente amueblado.
El Gobierno de Mariano Rajoy quiere acabar con los pisos patera. El texto de reforma de la legislación urbanística que Fomento ha enviado a comunidades y Ayuntamiento recoge en su disposición adicional segunda una modificación del reglamento de población y demarcación de las entidades locales.La reforma obliga a los Ayuntamientos a “denegar las inscripciones [de empadronamiento] solicitadas en relación con viviendas en las que, teniendo en cuenta su superficie y el número de residentes que ya constan empadronados en la misma, se presuma imposible el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de habitabilidad”. Es decir, guerra a los pisos patera.
Nunca ha dejado de haber polémicas en torno al padrón y los inmigrantes, especialmente, a raíz de la crisis. El Gobierno anunció el pasado abril que ya no bastará con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigirá la residencia fiscal: 150.000 extranjeros fuera del sistema sanitario, salvo las urgencias.
La idea de combatir el empadronamiento a través de inscripciones masivas en los llamados pisos patera no es nueva. El Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a comunicar a la Federación Española de Municipios y Provincias, en enero de 2010, su intención de introducir en la ley de Gobierno local mecanismos para que los Ayuntamientos denegaran el padrón por inhabitabilidad. Fue uno de los proyectos legislativos que el Gobierno de Zapatero dejó aparcado.
La propuesta del Ejecutivo de Zapatero venía precedida de una polémica en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde el PP instauró un baremo por el que impedía empadronarse a los extranjeros con visado de turista o a quienes vivieran en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona. La propuesta del Gobierno socialista planeaba rebajar ese baremo a entre 10 y 15 metros por inquilino. Entonces fue bien recibida por los partidos mayoritarios, PP, CiU y PNV. Solo IU se opuso. Otros Ayuntamientos, como el de Vic (gobernado por CiU, PSC y ERC) intentaron vetar el empadronamiento a sin papeles, aunque luego recularon.