Ya la controvertida auditoría que la Xunta encargó a KPMG para forzar la fusión de las cajas gallegas, pese a que en la mayoría de previsiones del negocio se quedó muy corta, advertía de que la principal amenaza para la entidad única estaría en "el riesgo promotor constructor". La Consellería de Facenda nunca quiso ir más allá y aclarar hasta dónde llegaba ese peligro amparándose en el secreto bancario. Ni tampoco lo hicieron Caixa Galicia ni Caixanova tras el diseño del protocolo para su matrimonio. El elevado plan de desinversiones previsto para quitar lastre a la operación, más de 13.000 millones de euros y otros 3.000 derivados de cierres de la red exterior con el traspaso de plantilla y negocio moroso, mostraron los primeros detalles y ahora los test de estrés de los supervisores europeos lo reflejan con claridad. Ante un recrudecimiento de la crisis, con una caída del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) por encima de las previsiones oficiales, sin llegar al escenario más complejo de los que recogen las pruebas de resistencia, de cada diez euros en pérdidas que sufriría la nueva entidad gallega, seis estarían vinculados a impagos de promotores inmobiliarios. Más de 3.100 millones de euros en números rojos.
La cartera vinculada al ladrillo, con la suma de los inmuebles que ambas entidades acumulan tras la ejecución de hipotecas o créditos a constructores, es, de largo, el conjunto de activos que más quebraderos de cabeza dan a la fusión. El deterioro bruto contemplado si la recesión da una nueva vuelta de tuerca es de 3.141 millones de un total de 4.780 millones dentro de los activos crediticios y frente a los 5.258 del total, con el impacto del riesgo soberano. Sólo en sus propias filiales inmobiliarias, Caixa Galicia inyectó el pasado año 720,9 millones de euros. Caixanova 69,5. De ahí a que los expertos que trabajaron en el protocolo insistan en que los números de la fusión son muy justos.
Las hipotéticas pérdidas para la nueva caja aumentan hasta los 3.808 millones en una situación todavía más adversa, con otra crisis de deuda pública en Grecia, Portugal y España, de un deterioro bruto conjunto, según muestran los resultados de las pruebas, de 7.167 millones. La crisis se llevaría por delante un 15% de los activos crediticios entre promotores y propiedades adjudicadas en el primer caso, en un escenario menos grave, y hasta un 18,1% en el segundo, que absolutamente nadie, ni el Gobierno central, ni el Banco de España, ni el sector dan como probables.
La exposición de las cajas al ladrillo es muy superior que la de los bancos. En todo el sector, de los 157.000 euros de números rojos posibles si la situación económica empeora, un 40% vendrían de los impagos de los promotores. El porcentaje sube al 58% en el caso concreto de las entidades de ahorro. Al igual que la fusión gallega, el Banco Pastor está por encima de la media, con un 66%, unos 1.500 millones de euros.
Por eso es tan importante la política de provisiones. Y ahí las diferencias son también muy relevantes. El colchón para hacer frente a posibles impagos está dividido en dos tipos. Por un lado, las reservas obligatorias en función de los créditos que ya apuntan morosidad. La unión de las cajas gallegas suma 1.880 millones, un 4% de sus activos ponderados por riesgo. Las reservas específicas sólo son mayores en Unicaja (4,2%) y la fusión de Caixa Catalunya (4,5%). En la otra hucha, las genéricas, la futura caja gallega cojea. Son 162 millones, el 0,3% de los activos, frente a una media del 1%. Cajasur es la única entidad de ahorros con menor proporción. El Pastor lidera el ranking en todo el sistema financiero español, con un 3,9% entre las específicas y un 1,6% entre las genéricas.
Fuente:
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