La mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas procede de los recursos que les transfiere el Estado, sin embargo, también obtienen fondos de los tributos sobre los que tienen total competencia como el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Para el año que acaba de empezar, las comunidades prevén que ambas figuras fiscales se comporten de forma muy diferente.
Según los presupuestos iniciales de las comunidades autónomas, el tributo que grava las compraventas de vivienda usada y la constitución de hipotecas aportará un 10,6% más a las cuentas públicas hasta alcanzar los 6.517 millones. Aquí no aparecen Aragón, Asturias y Cataluña, que no tienen presupuestos aprobados. En cualquier caso, la mejora de los ingresos derivados de este impuesto es generalizada. Antes de la crisis económica, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales llegó a recaudar 18.500 millones en 2006, una cifra descomunal que menguó drásticamente. En 2012, la recaudación se movía en torno a 6.500 millones. Un 65% menos. Ahora, sin llegar a los niveles previos a la crisis, la recaudación del impuesto sobre transmisiones se recupera y contribuye a que las comunidades reduzcan sus niveles de déficit público.
En cambio, las autonomías estiman que la recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuya importancia es menor, caerá el próximo año un 7% hasta los 1.800 millones. La cifra no incluye Aragón, Asturias y Cataluña. La mayor parte de las comunidades ha establecido relevantes bonificaciones en el impuesto para que las herencias entre familiares directos tributen poco. Andalucía y Murcia son las dos últimas comunidades que han seguido una vía que Madrid inició hace una década al bonificar al 99% las herencias entre familiares directos.
Andalucía prevé que la recaudación por Sucesiones caerá un 10,8% este año respecto a lo presupuestado en 2017. Suponen casi 50 millones menos. En Murcia, el Gobierno regional estima que ingresará un 32% menos, un descenso que equivale a 26 millones menos.
En el lado opuesto destaca Navarra, que ha optado por subir el impuesto y establecer un gravamen de hasta el 16% para los bienes heredados que superen los tres millones. La comunidad foral confía en recaudar un 15% más y alcanzar los 55 millones, ocho más que el Presupuesto de 2017.
El comité de expertos para la reforma fiscal que eligieron Hacienda y las comunidades autónomas propuso en el informe que presentaron en julio armonizar el tributo. Recomendaron fijar un mínimo exento igual en toda España y establecer un gravamen máximo y mínimo para reducir las desigualdades. Sin embargo, la reforma del sistema de financiación avanza muy lentamente.
La menor recaudación del impuesto sobre sucesiones no resulta un problema en un contexto en el que otros tributos más relevantes como el de Transmisiones Patrimoniales crece a ritmos de dos dígitos. Además, la situación financiera de las autonomías ha mejorado mucho hasta el punto que cerraron el pasado mes de octubre con superávit, algo inédito. Todo apunta que las comunidades cumplieron el objetivo de déficit en 2017, establecido en el 0,6%.
También se da por descontado que lograrán bajar los números rojos al 0,4% este año, como exige Hacienda. Sin embargo, a principios de año, el Ministerio de Hacienda comunicó a los Gobiernos autonómicos que las entregas a cuenta serán inferiores a las inicialmente previstas. En julio, el departamento de Cristóbal Montoro informó de que los recursos derivados del sistema de financiación que abona mensualmente a las comunidades alcanzarían los 105.000 millones este año, un 14% más. Sin embargo, Hacienda ha congelado esas partidas ante la ausencia de Presupuestos. Una decisión que ha irritado a las comunidades al desbaratar todas sus previsiones.
FOMENTO DEL TRABAJO PIDE SUPRIMIR PATRIMONIO
Fomento del Trabajo reclamó ayer al Gobierno que aumente el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio para posteriormente eliminarlo definitivamente. La patronal catalana entiende que esta medida lanzaría un mensaje positivo a los inversores y atraería capital. El impuesto de patrimonio es un tributo sobre el que las comunidades tienen amplia competencia. Con carácter general, el mínimo exento se sitúa en 700.000 euros, aunque comunidades como Cataluña lo han rebajado a 500.000 euros. Madrid es la única autonomía que no aplica el impuesto.
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