Los desahucios de familias de sus hogares han sido una de las consecuencias más dramáticas de la crisis en España. También una de las más opacas. Tanto que el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, llegó a sostener la pasada semana que forman parte de la “leyenda urbana” de la recesión.
La realidad es que se trata de un fenómeno incuestionable y ampliamente documentado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE). El problema es que sus datos arrojan resultados desiguales, debido a la disparidad de fuentes y del objetivo de cada estudio. Una comparativa lo más homogénea posible de los mismos indica, no obstante, que desde el estallido de la crisis en España se han producido 745.000 ejecuciones hipotecarias que han derivado en unos 510.000 desahucios. De ellos, unos 236.000 afectaron a la primera residencia de los desalojados.
Esta última cifra, sin embargo, es solo una estimación puesto que no hay detalles sobre los desahucios de 2007 a 2012. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja que en ese periodo hubo 349.438 ejecuciones hipotecarias registradas en los juzgados y 244.278 desalojos, según los análisis realizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que reconoce que estas cifras no aclaran si fueron sobre alquileres o segunda residencia (la estimación es que un tercio afectaron a hogares).
A partir de 2012, sin embargo, el Banco de España decidió arrojar algo de luz a un fenómeno creciente que solo aquel ejercicio dio lugar a 32.500 desahucios. Tomando datos facilitados por las propias entidades financieras, el supervisor realizó la estadística más detallada hasta la fecha. Esta indicaba que en 2013, el año con más casos, hubo 45.194 entregas de inmuebles a la banca, de las que 34.570 eran la vivienda habitual de los afectados.
Casi 15.000 de ellos saldaron toda su deuda con la entrega de la vivienda gracias a la dación en pago mientras que en 16.747 casos hizo falta una orden judicial. En 1.890 de ellos, la vivienda estaba ocupada en el momento del desalojo y en 93 ocasiones fue necesaria la intervención de fuerzas del orden. En 2014 hubo 38.402 entregas de vivienda, de las que 30.056 fueron de primera residencia y en 2015 fueron 36.929 desalojos en total, 29.327 de vivienda habitual.
El Instituto Nacional de Estadística comenzó entonces a recopilar los datos trimestrales del Colegio de Registradores de la Propiedad, con lo que el Banco de España dejó de publicar sus cifras. El INE informó de 21.065 desahucios de vivienda habitual durante el ejercicio 2016 y de otros 8.646 casos los nueve primeros meses de 2017, según los últimos datos disponibles.
Aunque la tendencia de los desalojos es descendente la enorme caída de 2017 se debe a que los jueces han decidido paralizar los desahucios de forma generalizada hasta que el Tribunal de Justicia de la UE aclare al Tribunal Supremo cómo actuar cuando la cláusula de vencimiento anticipado, que permite al banco iniciar el desahucio, es abusiva y debe anularse.
A falta de ver si la decisión de la Corte de Luxemburgo dispara de nuevo el ritmo de desahucios, las cifras oficiales detalladas demuestran que la supuesta leyenda urbana se ha saldado con al menos 162.700 desahucios de primera vivienda solo en el último lustro.
EL FRENO POLÍTICO
Las medidas antidesahucios: “Nosotros no hemos desahuciado a nadie”, aseguró Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank. Lo cierto es que solo Sabadell de entre los grandes bancos españoles buscó siempre alternativas al desalojo, reconocen las asociaciones de afectados. Es más, fue el suicidio de una vecina de Barakaldo en noviembre de 2012, en un piso gestionado por la filial inmobiliario de CaixaBank que iba a ser desalojado, el detonante de un pacto político (tras tres casos en pocos días) para frenar los desahucios protegiendo a las familias más vulnerables. Desde entonces, estas medidas han beneficiado a 88.000 familias, suspendiendo 27.800 desahucios y facilitando 43.607 reestructuraciones de deuda, 7.456 daciones en pago y ocho quitas. Además, el Fondo Social de Viviendas alimentado por la banca ha acogido a 9.000 familias con alquileres sociales.
