Después del vuelco que sufrió la política pública de vivienda con el plan 2013-2016, que ha sido prorrogado este año, llega el programa 2018-2021 con muchas novedades y alguna que otra polémica. El sector promotor espera que con su desarrollo pueda relanzarse un segmento del mercado que tradicionalmente ha sido palanca de crecimiento: los más jóvenes.
Por primera vez en la historia de esta clase de iniciativas, gracias a la antelación con la que se han ido diseñando las subvenciones que otorgará, es viable que entre en vigor el próximo 1 de enero. No obstante, aún debe obtener el visto bueno de los grupos políticos y el resto de Administraciones. El Gobierno quiere que después el programa funcione y sea un éxito al margen de cualquier ideología.
En 2013, el Gobierno del PP decidió dar un volantazo a la tradicional política pública de vivienda. De los programas cuatrienales basados en promover la construcción de casas de protección oficial (VPO) en régimen de propiedad, se pasó al primer plan que no dedicaría ni un solo euro de los presupuestos a impulsar la edificación de más pisos para su venta (no en vano entonces el stock superaba las 500.000 viviendas). Se dio paso de esa forma a un programa cuyas subvenciones irían destinadas exclusivamente a incentivar la rehabilitación y el alquiler.
El sector reaccionó entonces con cautela por el cambio tan trascendental que suponía dejar de subvencionar la promoción de nuevas VPO. Al mismo tiempo, acogió con esperanza el nuevo impulso que recibía el alquiler, lo que por fin empezaba a asemejar a España con los países más avanzados de Europa. Las empresas también celebraron que en lugar de apostar por seguir construyendo, se reconociera la importancia de la rehabilitación, un negocio muy intensivo en mano de obra que bien podría servir para recuperar buena parte del empleo destruido durante la crisis.
Lo cierto es que el resultado de ese primer plan de vivienda rompedor, cuya vigencia no finaliza hasta final de año, ha sido más flojo de lo esperado por varias circunstancias, según coinciden los expertos.
En primer lugar, porque en 2013 un buen número de empresas promotoras estaba todavía tratando de recomponer la maltrecha situación heredada del estallido de la burbuja y, en segundo y fundamental, porque la financiación ha tardado en volver a fluir al ámbito de la vivienda social o protegida y mucho más al ser en alquiler.
Al hablar de rehabilitación, el Ejecutivo tuvo que modificar la ley en paralelo para hacer más atractivo a los promotores el entrar en grandes proyectos de renovación y regeneración urbana, pero aun así las cifras de viviendas rehabilitadas están muy lejos de las estimaciones iniciales.
Con este escenario, el nuevo plan 2018-2021 nace con el propósito de consolidar ese cambio de rumbo hacia el arrendamiento y la rehabilitación, si bien recupera una polémica iniciativa que fue suspendida: la ayuda a la entrada para comprar una casa, sea o no de protección oficial, destinada a los más jóvenes. Asimismo, se hace eco de algunas situaciones que ha deparado la crisis, como son los desahuciados o las necesidades especiales que demandan algunos mayores.
Es lo que al Ministerio de Fomento le gusta definir como “el enfoque social” del nuevo plan de vivienda. Entre las actuaciones que contempla, destaca cómo las ayudas al alquiler se podrán conceder para rentas de hasta 900 euros al mes, ya que se ha tenido en cuenta la carestía que alcanza el arrendamiento en ciudades como Madrid o Barcelona.
El Gobierno ha acordado con las entidades financieras habilitar viviendas desocupadas de la Sareb para que las comunidades autónomas puedan alquilarlas a personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual. Y en materia de rehabilitación, Fomento ha consensuado con las regiones flexibilizar algunos de los requisitos que se exigían en el actual plan para conseguir que más particulares decidan emprender obras de reforma en sus casas y más promotores apuesten por proyectos de regeneración urbana.
Se abre la posibilidad de conceder ayudas de forma individualizada a viviendas que formen parte de un edificio, salvando así los impedimentos que a veces establecía la Ley de Propiedad Horizontal a la hora de acometer obras en los inmuebles. En este sentido, también está previsto la puesta en marcha de un programa específico y exclusivo de subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
Otra de las modificaciones que se han introducido en el nuevo plan para hacerlo más flexible y llegar a más beneficiarios es que todas las casas con una antigüedad superior a 1996 puedan recibir estas ayudas, cuando en el programa actual su antigüedad debía remontarse a 1981. Fomento ha decretado una mejora generalizada de las ayudas a la rehabilitación, que pasan del 50% al 75% de la inversión, sobre todo para proyectos que resuelvan la accesibilidad de las personas mayores de 65 años y de todos los ciudadanos con movilidad reducida.
En paralelo, el Gobierno continúa negociando con la banca, el ICO y el BEI para poner en marcha una novedosa fórmula de financiación. Se trataría de créditos a medio camino entre un préstamo personal y uno hipotecario. El objetivo es que las familias que estén pensando en reformar su casa tengan acceso a préstamos con intereses más bajos que los de un crédito personal y con plazos más parecidos a los de una hipoteca.
Las entidades financieras reclaman un sistema de garantías y avales públicos que limite el riesgo de estos productos, que es lo que negocian en estos momentos con el Ejecutivo.
ASÍ SERÁN LAS NUEVAS AYUDAS
Los jóvenes de hasta 35 años tienen un protagonismo especial en el plan 2018-2021. Si residen en alquiler, podrán beneficiarse de hasta el 50% de la renta que deban pagar durante un plazo de tres años. Si han decidido comprar, podrán obtener hasta 10.800 euros a fondo perdido o el 20% del precio de adquisición de la casa. Para poder acceder a estas ayudas, los ingresos del hogar no deberán superar en tres veces el Iprem (1.597,53 euros mensuales).
Los mayores de 65 años también están presentes en muchas de las subvenciones que prevé poner en marcha el plan. Así, las regiones podrán financiar hasta el 40% de la inversión que suponga la promoción de edificios y complejos residenciales que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para las personas mayores. Las viviendas deberán salir al mercado en alquiler durante 40 años a un precio máximo de 9,5 euros por metro cuadrado de superficie útil.
El programa incluye, además, ayudas al alquiler para mayores de 65 años y otra subvención específica que contribuya a pagar los gastos de mantenimiento de viviendas en propiedad de los mayores de 65 años con menos ingresos.
Los promotores son otro de los colectivos que también podrán acceder a ayudas a la rehabilitación y regeneración urbana, así como a la creación de un parque público de vivienda social en régimen de alquiler. La cuantía de las subvenciones dependerá del colectivo al que vayan destinadas las casas, pero con carácter general podrá ascender al 40% de la inversión en el caso de edificar pisos para arrendar y del 60% si el proyecto de renovación contempla una mejora de la eficiencia energética.
Quienes hayan sido desahuciados podrán vivir de alquiler en casas de la Sareb cuya renta no supere los 400 euros al mes durante dos años.
