El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley para permitir que los ayuntamientos, en coordinación con su correspondiente administración autonómica, puedan intervenir ante incrementos abusivos del precio del alquiler.
La iniciativa, llevada al Congreso por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y finalmente pactada con el PSOE y PDeCAT, ha salido adelante gracias al respaldo también de Esquerra Republicana, Compromís y Foro Asturias. Por contra, PP y Ciudadanos han rechazado la propuesta, mientras que PNV y UPN han optado por abstenerse.
El texto finalmente aprobado también reclama el impulso de un parque público de alquiler utilizando casas vacías de grandes tenedores, "prioritariamente de la SAREB y de las entidades financieras que no estén cumpliendo su función social", a través de mecanismos legales que obliguen a incorporar estos inmuebles desocupados al stock público de viviendas. Controlar las SocimisAsimismo, el acuerdo del Congreso pasa por revisar la fiscalidad y condiciones legales de las Socimis con el objetivo de vincularlas a la promoción de vivienda de alquiler asequible, y así "garantizar el retorno social de este tipo de sociedades, preservando la función social de la vivienda".
La iniciativa exige la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el objeto de revertir la situación de vulnerabilidad a la que, denuncian, están expuestas los arrendatarios tras la reforma de la ley en 2013. En este sentido, reclama mejorar las garantías jurídicas de de las personas arrendatarias para que puedan presentar oposición al desahucio, la ampliación del límite legal para prorrogar tácitamente los contratos de tres a cinco años "como mínimo" y la vuelta al IPC como referencia para la variación anual del precio del alquiler.
Otra de las medidas adoptadas es la de establecer, dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino el alquiler a precios asequibles, cuya financiación debe ir destinada a entidades públicas o público-privadas de lucro limitado.
Asimismo, el Congreso llama a incluir en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 ayudas al alquiler en función de la renta, no únicamente para jóvenes, así como ayudas para incentivar que pequeños propietarios pongan sus viviendas en alquiler asequible. En este sentido, reclaman que se incremente la dotación presupuestaria destinada al programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler, con el objetivo de duplicar el número de actuaciones previstas durante la vigencia del próximo Plan de Vivienda, en comparación con el anterior.
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