Las familias tendrán derecho a percibir el descuento del 25% en su factura de la luz como beneficiarios del bono social eléctrico siempre que sus ingresos mensuales no superen los 798,8 euros en caso de no tener hijos menores a cargo; de 1.065 euros mensuales para familias con un hijo; de 1.331,3 euros si tienen dos hijos y todas las familias con tres hijos o más. independientemente de su renta. Es decir, que las familias numerosas, al margen de los ingresos que tengan, no perderán el acceso al bono social pese al cambio regulatorio.
Así consta en el borrador de real decreto que ha remitido este miércoles el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y en el que se definen los criterios de renta para tener derecho al bono social de electricidad, tras la reforma a la que ha tenido que ser sometida esta figura especial para consumidores vulnerables por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su sistema de financiación.
Los criterios de renta se fijan teniendo en cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una cantidad que fija anualmente el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado y que en 2017 se sitúa en 532,51 euros al mes (en 14 pagas al año). Según la normativa propuesta, tendrán derecho al bono social, las unidades familiares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el IPREM; las unidades familiares con un menor a cargo que dispongan de una renta anual menor o igual a 2 veces el IPREM, así como aquellas que cuenten con dos menores a cargo y que ingresen una renta anual menor o igual a 2,5 veces el IPREM.
También gozarán del bono social todas las familias numerosas y todas aquellas en las que uno de sus miembros sea pensionista del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la cuantía mínima.
A los consumidores en riesgo de exclusión social no se les podrá cortar la luz
De esta forma, el Gobierno zanja la polémica que se había suscitado por el hecho de que no se discriminara a las familias numerosas según su renta para beneficiarse del bono social. No obstante, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aclaró que el derecho al bono social "va a tener limitado el consumo" y "no se van a financiar lujos". "Un consumo normal de una familia normal. El bono social es para niveles de consumo habituales", indicó Nadal en declaraciones en el Congreso de los Diputados.
Así, para las familias numerosas se establece un límite de 3.600 kilovatios hora (kWh) al año; de 1.200 kWh al año para las unidades familiares sin hijos; de 1.680 kWh para las familias con un menor y de 2.040 kWh anuales para las que tengan dos hijos.
Las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33% podrán beneficiarse del bono social con los mismos criterios de renta citados pero incrementados en 0,5 veces el IPREM.
Consumidores vulnerables severos
Por otra parte, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos, para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables. Los consumidores vulnerables severos tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura eléctrica.
Se imponen unos límites de consumo para evitar abusos
Las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a 2 veces el IPREM o una vez el IPREM respectivamente.
Se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas.
Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro eléctrico. La financiación de estos consumos llegará por medio de los fondos adicionales que liberará el sistema eléctrico (10%) y que complementará la aportación de los servicios sociales (50%) y del propio bono social (40%).
En el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables severos se amplía de 2 a 4 meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda proceder a la suspensión del suministro.
Igualmente, se refuerzan las obligaciones de información para los consumidores. Así, en caso de impago y con carácter adicional a los dos requerimientos fehacientes de pago que se venían exigiendo hasta el momento a las comercializadoras, éstas deberán además informar al consumidor en el momento de producirse el impago y nuevamente 15 días antes de proceder al corte de suministro.
Asimismo, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado actualizado de las suspensiones previstas del suministro eléctrico, para que puedan identificar los casos en riesgo de exclusión que puedan verse afectados y tomar así las acciones necesarias para proteger a estos consumidores y evitar cortes indeseados.
Por otro lado, todas las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse al PVPC y por tanto de poder solicitar el bono social si cumplen con las condiciones establecidas. El cambio se realizará sin ninguna penalización o coste adicional. Asimismo, las comercializadoras deberán advertir a los consumidores acogidos al bono social que vayan a suscribir un contrato en el mercado libre, sobre la pérdida del derecho a percibir dicho bono social
COSTE DE 235 MILLONES
El nuevo bono social de la electricidad tendrá un coste de entre 203 y 235 millones de euros, frente al de entre 180 y 200 millones actual, y aspira a proteger a unos 2,5 millones de hogares en situación de vulnerabilidad, según explicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.
Navia indicó que el bono social cubrirá un conjunto de consumidores ligeramente superior al que disfruta actualmente de la ayuda, al tiempo que lo hará de forma más eficiente, al vincular su percepción a criterios de renta.
Para elaborar la nueva regulación, el Gobierno parte de las cifras de Eurostat según las cuales cerca del 10% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza. El objetivo del bono social de electricidad será proteger mediante descuentos en el recibo de la luz a unos 2,5 millones de hogares, lo que equivale a unos 7 millones de personas.
Fuente: http://www.elpais.com/
