Ni la elevada dependencia que mantiene España del petróleo, ni el reciente debate abierto sobre cómo reducir la factura energética por el repunte de los precios del gas o la electricidad parecen terminar de convencer al Ejecutivo para trasponer una directiva que data de 2010, la 2010/31, que exige que todos los nuevos edificios públicos sean de consumo casi nulo a partir del 1 de enero de 2019 y el resto de los nuevos inmuebles, sin excepción, lo sean a partir del 1 de enero de 2021.
Pues, a pesar de lo inminente que es ya dicha regulación comunitaria, la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), una asociación sin ánimo de lucro que engloba a más de 400 profesionales y empresas comprometidos con la eficiencia energética, advierte de que en España menos del 1% (concretamente el 0,006%) de las nuevas edificaciones para las que se ha solicitado licencia de obras desde 2009 cumple el estándar Passivhaus.
Y si se analizan los proyectos de rehabilitación integral llevados a cabo desde entonces, solo un edificio se ha ceñido a ese estándar, el barracón del antiguo Hospital militar de Burgos, actual aulario de la Universidad de Burgos. Por lo tanto, en total esto se traduce en que únicamente existen 25 edificios en España que cumplen con los criterios más exigentes sobre cómo ha de ser un edificio energéticamente eficiente.
Pero, ¿qué es el estándar Passivhaus? Se trata de una forma de edificar orientada a reducir al máximo la energía necesaria para la climatización del inmueble, logrando con ello mantener una temperatura constante y confortable mediante la optimización de los recursos existentes a través de las llamadas técnicas de construcción pasivas. Una de las maneras de conseguirlo es, por ejemplo, que un buen factor de forma reduzca la superficie del edificio en contacto con el exterior para disminuir las necesidades de climatización, otra es lograr la orientación correcta de las ventanas para aprovechar el calor del sol cuando están cerradas y la ventilación al abrirlas, o utilizar protecciones que impidan el sobrecalentamiento.
Esta asociación denuncia que mientras la mayor parte de los grandes países europeos se encamina con rapidez a promover que todos sus edificios de nueva construcción sean de consumo casi nulo, en España el Gobierno no ha procedido aún a definir qué es un inmueble de esas características. Bruselas, Francfort o Hannover y la región austríaca de Vorarlberg han regulado al respecto y todas sus nuevas construcciones se rigen por las exigencias del estándar Passivhaus, “algo especialmente urgente cuando los edificios son los responsables de entre un 30% y un 45% de la energía que consumimos”, explica Adelina Uriarte, presidenta de PEP.
Los edificios con este sello tienen una demanda de energía entre un 75% y un 90% inferior a la de un inmueble tradicional y si bien su coste de construcción es entre un 3% y un 8% más caro, ese sobrecoste se amortiza de cinco a 10 años, cuando la vida útil de un edificio es de 50 años.
A la espera de la nueva regulación de Fomento
Por este motivo, la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) ha solicitado una entrevista con el ministro, Íñigo de la Serna, así como con su compañero de Consejo de Ministros, el titular de Energía, Álvaro Nadal. Mientras llegan esos encuentros al más alto nivel, la asociación ya ha mantenido varias reuniones con los grupos parlamentarios para convencerles de lo importante que es promulgar una nueva legislación sobre edificios de consumo casi nulo (ECCN).
Y es que teniendo en cuenta que de los más de 25 millones de viviendas que componen el parque inmobiliario español, el 60% se construyó antes de que entrara en vigor la norma básica de edificación sobre condiciones térmicas que data del año 1979 o antes de que se aplicara el Código Técnico de la Edificación, el trabajo que hay por hacer es ingente. Así, la presidenta de PEP, Adelina Uriarte, se muestra partidaria de que la Administración ejerza su papel ejemplarizante, fije la definición de qué es un edificio de consumo casi nulo y establezca los parámetros que han de cumplir de forma obligatoria todas las nuevas construcciones. “Mientras no sea de obligado cumplimiento, queda una parte importante del sector de la construcción muy inmovilista que no avanzará en materia de eficiencia”, asegura. En el lado opuesto, se sitúan algunas administraciones autonómicas, como Navarra o Aragón, que ya han puesto en marcha proyectos para la construcción de viviendas en alquiler social o rehabilitaciones integrales con criterios de máxima eficiencia energética.
