La intensa crisis económica encajada en España, resuelta con ingentes sacrificios por las anchas espaldas de la población, con la financiación entre otras facturas de un leonino rescate de las cajas de ahorros, ha terminado removiendo algunos de los hasta ahora considerados pilares más sólidos de la economía española. La legislación hipotecaria, más por abusos comerciales de la banca que por errores en su configuración, está sometida ahora a una profunda revisión, que en todo caso ya exige la trasposición de las directivas comunitarias. La identificación que la opinión pública ha hecho de la banca como uno de los motores subterráneos de la crisis y la pérdida de riqueza ha desatado la aversión de muchos clientes que se entendían perjudicados, que a su vez han encontrado la alianza a posteriori de la justicia en el arbitraje de cuantas reclamaciones se han planteado en los tribunales. Además, los Gobiernos, al menos en España, han sobreintervenido con iniciativas a menudo oportunistas en nombre del restablecimiento de los derechos de los consumidores, mirando cada renglón de los contratos privados protegidos por la legislación hipotecaria, esta vez con tanta atención como dejadez tenían en los años de vino y rosas del boom inmobiliario.
Los jueces españoles, con el padrinazgo de sus superiores europeos cuando ellos se inhibían, han condenado las cláusulas suelo con las que la banca se protegía de los tipos extremadamente bajos que establecía el BCE; han censurado, sin homogeneidad alguna, por abusivas determinadas comisiones de los contratos hipotecarios, o incluso han dado carta de naturaleza a la dación en pago, liberando a algunos hipotecados de abonar su deuda con la entrega de las llaves de la casa.
Todas estas cuestiones pretende revisar ahora el Gobierno con una reforma de la Ley Hipotecaria para dar transparencia a las relaciones de la banca con su clientela, y tratar de evitar lo que hasta ahora se ha constatado comercial y judicialmente que eran abusos de parte. Bien estaría también que además de la protección al consumidor, en la que España está a años luz de otros países europeos porque aquí, en esta como en otras cuestiones, solo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena, se intensificase la educación financiera (algo se está haciendo en la materia), los clientes bancarios extremasen el celo en lo que piden, reciben y firman, y que los fedatarios públicos hiciesen el engorroso ejercicio de impedir la firma de contratos en los que cada parte, pero sobre todo la más débil en la relación hipotecaria, no sabe las consecuencias de sus rúbricas.
El primer paso del Gobierno, arropado por los grupos políticos moderados, es resolver extrajudicialmente las cláusulas suelo, que pueden costar a la banca hasta 4.000 millones de euros en las cuentas de 2016. Bien está resolver cuanto antes este asunto, pero siempre que no se conculque el derecho a la tutela judicial de ninguna de las partes. Pero bien estaría también que la banca, con la reputación bajo mínimos por sus propios méritos, tomase la iniciativa de resolver con cada cliente sus diferencias sin demora y sin litigios, convirtiendo el ejercicio en la mejor de las políticas comerciales de captación y retención de clientela. Los abusos cometidos cuando todo valía no son de recibo y la censura a quienes los mantengan en el futuro no debe dejarse solo en las manos desarmadas de los consumidores, sino en el rearme de la ley, en la implicación vigilante del Gobierno y en la auditoría sistemática de los supervisores del sistema bancario y de la contratación.
La regulación hipotecaria es de las más garantistas y sólidas de Europa, y aunque debe ser complementada con mecanismos de protección al consumidor, deben evitarse erosiones de un mercado que proporciona los productos más baratos del continente y que ha contribuido, más para bien que para mal, a que España tenga el mayor parque inmobiliario en propiedad, que es una fuente de renta muy destacable en un país con perspectivas demográficas de riesgo. Como alertaba esta semana el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para proteger a un 2% de los hipotecados no se puede legislar en contra del 98% restante. Los cambios deben ser para mejorar todo el sistema, no para arreglar una parte.
