El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podemos y C's, y con el único voto en contra del PP, el proyecto de la Ley por la Función Social de la Vivienda que obligará a los bancos a poner los inmuebles vacíos al servicio del alquiler social.
Asimismo, el Parlamento valenciano ha rechazado la totalidad de las enmiendas presentadas por el PP y C's y aprobado una de Podemos por la que se crea una comisión de seguimiento específica para luchar contra la pobreza energética con la representación de movimientos sociales, representantes de los departamentos autonómicos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Durante la defensa del texto, el diputado de Podemos César Jiménez ha destacado que con la aprobación de esta ley “se pone en marcha un reloj que hace tiempo se tenía que haber puesto para dar solución familias tienen que ver cómo se van fuera de casa”.
Tras agradecer a la PAH sus aportaciones y el impulso que han dado para la aprobación de la norma, ha valorado que el texto cuente “con muchos mecanismos y engranajes” para funcionar coordinadamente. “Seguiremos colaborando para que cuando se ponga en marcha la ley se pueda mejorar su aplicación”, ha dicho.
En similares términos se ha pronunciado la diputada de Compromís Belén Bachero, quien ha calificado la jornada de día “histórico” porque las Corts dan “un paso hacia adelante” para garantizar el derecho de la vivienda que el gobierno de Mariano Rajoy con “su mayoría absoluta y su rodillo “vulneró”.
En este sentido, ha criticado que el 25 junio 2012 el Ejecutivo pidiera “un rescate para la banca” porque “arrebató derechos a los españoles para dar privilegios a los bancos”. “Qué poca vergüenza. Ese día Rajoy gobernó contra las personas y ahora nos quieren vender que se acuerdan de las personas con el decreto que aprobó el viernes el Consejo de Ministros sobre las clausulas suelo. Pero que no nos engañen, lo han hecho por obligación de Europa y el Supremo”, ha remarcado.
Por ello, ha defendido la necesidad de esta ley por el reconocimiento que hace a “uno de los derechos fundamentales” como es la Vivienda. “NACE HERIDA DE MUERTE”
Desde C's, María José García ha remarcado que su formación considera esta norma como “fundamental”, pero ha lamentado que presenta “un inconveniente” y es que “nace herida de muerte” porque no está “en armonía con la Constitución española”. “No podemos legislar donde no hay competencias”, ha recordado García para advertir de que algunos artículos presentan “visos de inconstitucionalidad” porque “vulneran la seguridad jurídica”.
Por tanto, desde C's han instado al Consell a que “hagan eco de su carácter dialogante y permitan hacer y participar a todos de ese texto con un consenso”.
Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Briet ha pedido el voto favorable a todos los diputados de este parlamento porque con la norma se “reafirma el derecho de una vivienda digna”. “Con esta ley trasladamos la voz de la calle a una norma jurídica y damos respuesta a la situación de muchas familias a las que nunca se les había escuchado”, ha manifestado el diputado socialista, quien ha reivindicado que esta ley “evidencia que el Consell no es indiferente ni se queda al margen problemas de la gente, sino que es participe de ellos”.
Ha defendido que “complementar no significa interferir”, por lo que ha puntualizado que complementar la ley estatal con esta norma autonómica no supone la existencia de inconstitucionalidad ni contradicción.
“Un engendro”
Para la diputada del PP, Elisa Díaz, en año y medio el Consell no ha llevado a las Corts “una ley en condiciones”. “Esto es la ley Frankeinstein”, ha criticado la diputada 'popular', quien ha añadido: “Sus promesas les han llevado a un presidente sumiso a los pies de un radicalismo más rancio de la izquierda. Eso es demoledor y esas ideas se han plasmado en papel sin que se puedan cumplir”.
Para Díaz, la ley “discrimina” porque “no reconoce el derecho a la vivienda de todas las personas porque solo se garantizará el inmueble a quien cumpla los requisitos que marca la norma”. “¿Quién ha puesto esta pieza? ¿Es rojo, morado o naranja?”, se ha preguntado. Entre los aspectos que ha criticado la diputada, está la falta de concreción sobre las fechas en las que se prevé ampliar el parque público de viviendas. “Esta ley dice que se ampliará el parque público pero no dice
Asimismo, ha apuntado que muestra “desigualdades, es de dudosa aplicación efectiva y no plasma compromisos ni soluciones concretas”. Por ello, ha defendido que el voto en contra de su grupo no sólo está justificado, sino que es para “intentar evitar alimentar la esperanza de quien espera una respuesta”.
“Es un bodrio de ley, inaplicable e incapaz de resolver los problemas de las personas. En la ley no posibilitan, obligan; no proponen, imponen. Han creado un monstruo muy grande, pero muy torpe que cuando empiece a andar se desmontará y no será capaz de llegar a ningún sitio”, ha zanjado.
Al respecto, el diputado socialista ha respondido a la diputada del PP que el único monstruo son “las piezas judiciales en las que están inmersas” su formación política.
“Un paso adelante”
Antes de comenzar la sesión plenaria, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio, María José Salvador, ha destacado que la norma aprobada es “la primera ley debatida y votada en las Corts” y ha valorado que con la norma se plasma la convicción del Consell por garantizar el derecho de la vivienda. “Damos un paso hacia adelante en considerar la vivienda como un derecho subjetivo. Es un paso importantísimo porque la Vivienda es un derecho nuclear y prioritario”, ha remarcado.
Ha recordado que la ley supone movilizar todo el stock de la vivienda vacía que hay en la Comunitat para que las personas que han demandado una vivienda social, las que han perdido su casa por no poder pagar su hipoteca por una situación económica sobrevenida y las desahuciadas, puedan disponer de un inmueble.
Asimismo, ha recordado que se creará un registro de Vivienda para que las entidades financieras pongan los inmuebles vacíos al servicio del alquiler social. “También a los propietarios particulares queremos darles cobertura con una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación”, ha dicho. En caso contrario, ha apuntado que la ley contempla multas y sanciones hacia los bancos que no se sumen a este registro.
