Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de Afectados por la Vivienda, ha denunciado al fondo de inversión Fidere, filial de Blackstone, por "coacciones y discriminación".
El pasado 6 de octubre, una notificación llegó la familia de Mejías: debían abandonar su vivienda, en la que llevaban una década en alquiler. El contrato fue firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), propietaria del inmueble. Durante la etapa de Ana Botella (PP) al frente del Ayuntamiento, la EMVS vendió 1.860 viviendas a Fidere. Cuando el contrato de los Mejías venció, la empresa se negó a renovarlo sin alegar ningún motivo. Fidere declina hacer ningún tipo de comentario.
El pasado 6 de octubre, una notificación llegó la familia de Mejías: debían abandonar su vivienda, en la que llevaban una década en alquiler. El contrato fue firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), propietaria del inmueble. Durante la etapa de Ana Botella (PP) al frente del Ayuntamiento, la EMVS vendió 1.860 viviendas a Fidere. Cuando el contrato de los Mejías venció, la empresa se negó a renovarlo sin alegar ningún motivo. Fidere declina hacer ningún tipo de comentario.
"Es un proceso asombroso que refleja la coacción y la maldad de la discriminación", afirma el letrado de la familia afectada. "Este es el único caso de las 33 familias a las que les vencía el contrato en el que no ha habido opción de renovar o prorrogar el alquiler", cuentan en la oficina del letrado. "Y no esgrimen ninguna razón; simplemente no quieren renovarlo y hay que ser muy torpe para no ver que esto es una venganza contra la familia de Mejías porque su hija denunció la tropelía de la EMVS; es la crónica de un desalojo (o intento de desahucio) anunciado", relata el abogado.
El piso se encuentra en la calle de Jacobeo, en el barrio del Ensanche de Carabanchel. Fidere posee 61 viviendas en la zona, según el despacho de abogados. En el bloque de la familia cuelga un cartel: "Se ofrecen viviendas". El letrado opina que es evidente que se trata de una conducta discriminatoria: "Simplemente quieren perjudicarlos [a la famila] y no hay ninguna razón para negar la prórroga ya que [el fondo] no necesitan la vivienda. De hecho están ofreciendo otras para alquilar". La base de la querella se sustenta en la "gran diferencia" que existe entre lo legal y lo legítimo. "Para ejecutar esta maniobra hay que tener una razón moral".
"Mejías es como Erin Brockovich [icono de la lucha medioambiental en Estados Unidos por su papel clave en un caso de contaminación de agua]. Igual que en ese caso, "esta lucha es como la de David contra Goliath", añade el abogado.
Mientras, la familia de Carabanchel vive con la incertidumbre de recibir la temida notificación de desahucio: "Confiamos en que antes de que ocurra, se haya admitido a trámite la querella para poder pedir que se paralice el desahucio". Mejías afirma que el recibo del alquiler de mes de octubre, por el que pagan 709 euros, les ha sido devuelto. Solo han cobrado la parte proporcional a los días que van del 1 al 6 de octubre. En principio, ese jueves tenían que abandonar el piso, según el burofax que recibieron en septiembre. "Es una advertencia para los disidentes, aunque toda la Asociación de Afectados por la Vivienda apoya a mi familia. Me están utilizando para amedrentar a otros vecinos", concluye Mejías.
La querella, presentada el pasado viernes, se suma al apoyo institucional mostrado por el pleno Municipal propuesto por Ahora Madrid y el PSOE y que contó con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del PP.
Este periódico ha contactado con la empresa Fidere, que ha declinado hacer ningún tipo de comentario.
