Popular reconoció ayer a los sindicatos que es necesario un ajuste de plantilla “en el marco del nuevo escenario digital”. Pese a ello, decidió no dar cifras sobre su plan de ajuste, y emplazó a los sindicatos al día 20 para iniciar las negociaciones. El banco pretende fichar a profesionales de prestigio del sector inmobiliario y financiero para su nueva sociedad, a la que traspasará 6.000 millones de euros en activos del ladrillo, prevé sacarla a Bolsa y contar también con inversores institucionales en su capital.
No ha querido despejar las incógnitas sobre el número de afectados que ha incluido en su plan de ajuste. En la reunión que Banco Popular mantuvo ayer con los sindicatos sus directivos optaron por no desvelar las cifras de afectados por el ERE que va a emprender la entidad antes de que finalice el año. Aunque sí confirmó la necesidad de realizar un ajuste de plantilla “en el marco del nuevo escenario digital” que está cambiando la forma de trabajar en las entidades, según aseguran fuentes sindicales, y el propio banco en un comunicado.
El plan de ajuste se enmarca en la nueva etapa de Popular marcada por la reciente ampliación de 2.500 millones de euros, y el compromiso de rebajar en 15.000 millones en tres años la losa de sus activos inmobiliarios en su balance.
En la reunión, el banco se ha limitado a emplazar a los sindicatos para el próximo martes, 20 de septiembre, en virtud del artículo 12 de convenio colectivo de la entidad, que establece entre otras cosas los plazos para realizar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). De esta forma, habrá que esperar a ese día para constituir la mesa de negociación, que contará con un máximo de 13 representantes. El plan de ajuste se llevará a cabo mediante bajas incentivadas y prejubilaciones, para lo que el banco ha destinado 375 millones de euros. El banco también procederá al cierre de oficinas, que pueden sumar algo menos de 300, de las 1.900 que posee.
A la espera de fusiones ante el futuro Gobierno
Los inversores latinoamericanos de Sabadell y Popular llevan tiempo presionando a los gestores de ambas entidades para que mejoren su rentabilidad. Desde que entraron en el capital de estos bancos en 2013 solo acumulan minusvalías, que se volvieron a incrementar ayer tras registras ambos títulos nuevas caídas. Popular bajó un 0,43% y cotiza a 1,15 euros por acción, y Sabadell descendió un 1,17%, un 0,34%_menos. Fuentes financieras apuntan a que la presión de los inversores abrirá la veda de las fusiones en cuanto se forme y asiente el nuevo Gobierno (ver CincoDías del 8 de agosto). Los dos principales accionistas de Sabadell, el colombiano Jaime Gilinski, y el mexicano David Martínez, han mantenido conversaciones con la familia mexicana Del Valle, principal accionista de Popular, para la fusión de ambos bancos. También exploran otras entidades.
La fórmula que supondrá un menor coste para el banco es prejubilar a los empleados mayores de 59 años, edad a la que están llevando a cabo sus ajustes otros bancos, como Santander, al tener un menor coste en la Seguridad Social.
Popular cuenta con unos 12.500 empleados. De ellos, algo menos de 1.600 son mayores de 59 años, y de esta cifra, unos 250 están en servicios centrales, el 18% del total de esta unidad, una de las que más afectados por el plan se prevé. Si se amplía la edad de prejubilación a los 55 años, las salidas por este concepto podrían sumar 2.572 empleados. Pero a las prejubilaciones habría que añadir bajas incentivadas. Se especula con la salida de 2.800 empleados, aunque los sindicatos esperan que la cifra final sea menor, y no llegue a 2.500.
Mientras, el banco continúa esperando la aprobación de los supervisores de su nueva sociedad inmobiliaria en la que traspasará unos 6.000 millones de euros de sus activos vinculados al ladrillo que tiene en balance. Ha escogido los inmuebles más antiguos para los que bajo una gestión especializada pueda mejorar su valor. La nueva sociedad inmobiliaria será totalmente independiente y desligada de Popular, gestionada por un equipo experto, que encabezará Francisco Sancha. Con la nueva sociedad Popular pretende reducir su perfil de riesgo, y así mejorar la percepción de las agencias de rating, y de los mercados de renta fija, que podría traducirse en una reducción del coste de financiación. La operación tendría un efecto casi neutro en el valor de los inmuebles, a lo que se suma una mejora en la gestión de los activos inmobiliarios. Además, el banco soportará menor presión en el balance por la tenencia de estos activos, según expertos.
Una alternativa para capitalizar esta nueva sociedad es sacarla a Bolsa. Además, la entidad analiza cómo dar entrada a nuevos inversores institucionales en esta operación, según ha reconocido el banco ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Otra ventaja es que la gestión de esta compañía no está sujeta a los condicionantes regulatorios de la gestión bancaria, lo que ofrece mayor flexibilidad para la gestión de los activos. Tendrá capacidad para desarrollar otras líneas de negocio, como promoción y alquileres, con el fin de maximizar el retorno de los activos. La comercialización se llevará a cabo través de la red del banco en las mismas condiciones a la del resto de activos y, además, la compañía podrá desarrollar o buscar otros canales alternativos de venta. El consejo estará formado por profesionales reconocidos del sector. El plan incluye otras líneas de actividad como desarrollo y alquileres. El banco negocia con su socio en Aliseda (firma que gestiona los inmuebles del banco y del que controla el 49% tras vender hace menos de tres años a Värde Partners el 51%), para la posible compra del 51% que le vendió en 2013 si al final los supervisores aceptan la creación de esta sociedad.
