El sector inmobiliario parece estar superando una crisis que ha durado ocho años -desde que se desatara en 2008- y de nuevo ve la luz una vez la caída de precios ha tocado fondo y la venta de viviendas se ha reactivado. Para no caer de nuevo en los errores que llevaron al crac del ladrillo y que derivaron en la restricción del crédito y en miles de desahucios, el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria ha pedido a los partidos políticos que incorporen en sus programas electorales medidas para evitar otra burbuja inmobiliaria, de cara a las próximos comicios generales del 20-D.
Así, ha elaborado un decálogo de propuestas para hacer más transparente el mercado de la vivienda "ante el cambio de ciclo que está experimentando" el sector.
1. Más información para el consumidor. Es necesario que la legislación garantice una mayor transparencia al sector inmobiliario, regulando con precisión la información básica que hay que trasladar a los compradores y arrendatarios de viviendas.
2. Transparencia financiera. La regulación del mercado financiero vinculado al mercado hipotecario debe ser mucho más transparente. La competencia entre entidades no puede llevar a la relajación de las condiciones de concesión de préstamos, volviendo a las situaciones de riesgo que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria.
3. Tasaciones hipotecarias. Los API piden que las empresas tasadoras no estén ligadas a ninguna entidad financiera, de forma que se garantice que las valoraciones sean independientes y ajustadas a la realidad del mercado.
4. Registros de operadores inmobiliarios. Estos registros deberían ser obligatorios y deberían implicar que el operador inmobiliario cuente con una sede declarada y reconocible, que posea seguro de responsabilidad civil y de caución y que cuente con una formación suficiente para el ejercicio de la profesión.
5. Función social de la vivienda. El Consejo General pide que cada partido político deje claro en su programa electoral su definición precisa de la función social de la vivienda y que se posicionen de forma clara sobre temas como el derecho subjetivo a la vivienda, la política de alquiler o de vivienda pública.
6. Definición como sector económico sensible. Es necesaria la definición del mercado de la vivienda habitual como un sector económico sensible que, unido a la función social de la vivienda, deberían llevar a que sea declarado como un mercado de interés general, sujeto a una especial protección y vigilancia.
7. Asimetría informativa. En la actualidad existe una evidente asimetría informativa que debe ser corregida por procedimientos de regulación de todos los operadores (constructores, mediadores, administradores…).
8. Fiscalidad. La política de vivienda debe ir acompañada de una política fiscal coherente con la función social de la vivienda, buscando la progresividad impositiva.
9. Asociaciones y colegios profesionales. Los API piden que la ley regule las asociaciones y colegios profesionales con el fin de situar la defensa de los derechos del consumidor como su principal objetivo. La normativa debería obligarlos a contar con un código deontológico expreso y con un régimen sancionador.
10. Certificación administrativa. API pide que sea necesaria una certificación administrativa que garantice que todos los profesionales están capacitados para el ejercicio de la profesión y que además su actuación está cubierta por unas garantías mínimas obligatorias.
Fuente: http://www.cincodias.com/
