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Cuando a mediados de 2013, la ley estableció la obligatoriedad de que todas las viviendas que se vendieran o alquilaran debían contar con un certificado energético, los expertos ya advirtieron que no se generalizaría su solicitud hasta que llegaran las multas. Pues bien, ese momento ya está aquí. La gestión de este documento, que mide el grado de eficiencia energética de los inmuebles, depende de las comunidades autónomas y, por ello, es muy complicado obtener datos homogéneos de todas y cada una de ellas.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid, una de las regiones donde se concentra la mayor actividad inmobiliaria del país, ha hecho públicos los datos de los expedientes sancionadores que ha abierto hasta ahora.
Durante 2014, primer ejercicio completo en el que estuvo en vigor esta nueva exigencia, se incoaron un total de 21 expedientes sancionadores, una cifra que se antoja francamente ínfima si se compara con el total de certificados energéticos expedidos, que sumaron 120.397 en dicho territorio, según las cifras a las que tuvo acceso CincoDías. Así, dichos procesos apenas representaron el 0,01% del total de documentos concedidos, si bien este resultado no quiere decir que sea consecuencia de que casi todos los certificados están correctamente elaborados. Como es lógico, la inspección ha arrancado hace relativamente poco tiempo y no ha llegado aún a buena parte del mercado.
De esos 21 expedientes, nueve de ellos se iniciaron por falsear la información que aparece en los certificados energéticos, ya que ésta no coincidía con los datos que constataron después los inspectores de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la comunidad. En otras nueve ocasiones, la inspección concluyó que el inmueble que pretendía arrendarse no contaba con el preceptivo certificado. Y en los tres procesos restantes, la inspección decidió actuar al comprobar que el técnico certificador que firmaba el documento no reunía los requisitos legalmente establecidos (la titulación habilitante) para poder realizar estos exámenes a las viviendas y edificios.
Bajas calificaciones
Fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno de Ignacio González especificaron que de esos 21 expedientes abiertos, 16 ya concluyeron y se procedió a sancionar finalmente a un total de 14 infractores, mientras que los cinco procesos restantes aún se encuentran pendientes de resolución. La cuantía de las sanciones impuestas fue de 601 euros por arrendar un piso careciendo del preceptivo certificado, mientras en los casos en los que la multa fue por la no idoneidad del técnico que emitió el documento o por falsear la información relativa al inmueble, los importes oscilaron entre los 2.000 y los 6.000 euros.
Del balance obtenido en Madrid, también se desprende que pese a que son muchos los certificados tramitados, baste comparar esa cifra de 120.397 documentos emitidos el año pasado con las 44.231 casas que se vendieron en la región en idéntico periodo, según los registradores de la propiedad, fuentes de la Consejería de Economía advierten que no es posible discernir cuántos de ellos son para casas en venta y cuáles en alquiler. Y es que esa información no suele incluirse en el certificado y además en España aún no existe una estadística oficial sobre cuántas viviendas se encuentran en régimen de arrendamiento. Increíble, pero cierto. Sobre las notas obtenidas, suspenso generalizado, al haber acaparado el 82% de las casas alguna de las tres peores calificaciones. De hecho, el 17,6% de ellas obtiene la peor, una G.
Qué debe incluir una correcta evaluación
Al haberse instaurado la obligatoriedad de la evaluación energética de las viviendas en 2013, cuando lo peor de la crisis económica aún no había pasado, pronto se produjeron denuncias sobre la picaresca que comenzaba a invadir este negocio.
Primero, fueron las demandas de algunos colectivos profesionales sobre supuesto intrusismo de otros titulados y después se sucedieron las denuncias sobre empresas o autónomos que ofrecían realizar el certificado a precios anormalmente bajos, sin visitar el inmueble y otros que incluso, a priori en su publicidad, garantizaban la máxima calificación.
Sepa que quienes están autorizados a realizar esta evaluación son, fundamentalmente, arquitectos e ingenieros. También, están capacitados los arquitectos técnicos, ingenieros técnicos industriales y otros ingenieros y técnicos de formación profesional, estos últimos en categoría de ayudantes. No se fíe si le cobran menos de 100 euros por una vivienda tipo de unos 90 metros cuadrados (el precio lo marca la superficie a analizar) y si el técnico le asegura que no es necesario que él visite el inmueble. Por último, y una vez otorgada una letra de la escala de calificaciones, si ésta se encuentra entre las más bajas, un buen certificado debe incluir qué mejoras debe incorporar a su vivienda para lograr una calificación mejor.
