El Gobierno se guarda una carta en favor de las familias con mayores dificultades en pleno auge de coaliciones como Podemos, con programas plagados de medidas sociales, y en antesala de inaugurar el calendario electoral. Se propone dar una vuelta de tuerca a las facilidades para que hogares insolventes sean capaces de atender sus compromisos o, incluso, olvidarse para siempre de parte de la deuda, según fuentes conocedoras del plan.
Son objetivos que ya se abordaron hace dos años bajo el paraguas del bautizado como Código de Buenas Prácticas Bancarias, de limitado éxito y en los que ahora desea incidir el Gobierno, según ha compartido con distintos agentes del ámbito financiero.
En el sector bancario barajan la posibilidad de una reedición del citado Código y la esperada Ley de Segunda Oportunidad, cuyo compromiso de análisis recogió el PP en la tramitación de las medidas antidesahucios en 2012 y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió hace quince días que está encima de la mesa.
El plan apuntado por la vicepresidenta equivale a una especie de ley concursal dirigida a empresas, autónomos y familias para que puedan remontar su situación de crisis y encarar mejor los compromisos de pago. En su discurso deslizó la idea de fijar en cuatro o cinco años el plazo máximo de exigibilidad de una deuda cuando ahora persigue toda la vida hasta la devolución plena -sería como extrapolar al ciudadano el tiempo obligado con Hacienda-.
Ley de sobreendeudamiento
En el sector financiero esperan, sin embargo, algo más, en la línea de ciertos aspectos incorporados en la reforma a la ley hipotecaria de 2013 con la que el Gobierno recogió el guante de la Iniciativa Legislativa Popular (IPL), dejándose fuera su única demanda de una dación de pago generalizada -extinguir el pasivo con la entrega de la vivienda-.
Entre las salvaguardas incorporadas en la ley fijó quitas por pronto pago: si una familia que pierde la vivienda en ejecución hipotecaria logra repagar el 65% de la deuda remanente en cinco años, se le condona el 35% restante por aplicación de dicha norma. Si satisface el 80% de la factura pendiente en diez años, se libera del 20% restante. Según algunas fuentes consultadas es factible que ahora se module dicha facilidad, con mayores ahorros o quitas por agilizar el repago o una flexibilización de los calendarios.
En el mercado se da por descontada además otra actualización del Código de Buenas Prácticas, creado en 2012 para obligar a reestructurar deudas a ciudadanos en situaciones límite, con carencias, rebajas de intereses o hasta quitas e, incluso, perdonándole la factura con la entrega del piso. Tuvo que ser reformulado al año porque el colectivo al que se dirigía era tan restrictivo que dejaba fuera a la inmensa mayoría de hogares en apuros, al incumplir los requisitos.
Su nueva redacción, que ahora podría retocarse para ampliar el perfil de los beneficiarios, ya no exige tener todos los miembros en paro e, incluso, cubre a hogares con ingresos de tres veces la renta Iprem (19.164 euros al año), por ejemplo. También se elevó el valor de la vivienda para la reestructuración de deuda a umbrales más acordes con la realidad inmobiliaria. Pero, aún así, en noviembre pasado apenas se habían beneficiado 26.000 familias con distintas soluciones, incluyendo 3.000 daciones en pago.
En el sector no se descarta, en todo caso, que el Gobierno aproveche la futura Ley de Segunda Oportunidad para aglutinar todos los supuestos y medidas, dado que el Código nació como solución de emergencia. De hecho, ese cariz extraordinario hizo que determinadas soluciones como la paralización de los desahucios o el fondo social de la vivienda naciese son fecha de caducidad, ampliada recientemente.
La ley de insolvencia familiar es una asignatura pendiente, que no solo demandan las asociaciones de consumidores, numerosos grupos políticos o la propia banca, que prefiere un marco claro y estable en materia de reestructuraciones de deuda, sino que también la exige Europa. La directiva hipotecaria aprobada en 2014 exigía a los Estados medidas para facilitar el pago protegiendo a consumidores y evitando el sobreendeudamiento.
En el sector apuntan como modelo a seguir el francés, donde existe una Comisión administrativa, dependiente del Banco de Francia, que toma el control de la situación cuando la familia es incapaz de encarar su deuda y negocia con los acreedores. Fiscaliza los recursos de los hogares, limita el importe del que pueden disponer y establece un plan para resolver la situación.
Fuente: http://www.eleconomista.es/
