La nueva Ley de Costas, que el Congreso aprobará previsiblemente el próximo jueves, "salvará" miles de hogares gallegos que se sitúan en núcleos rurales tradicionales aunque sobre el dominio marítimo-terrestre.
El pleno del Congreso debatió ayer una proposición del Parlamento gallego para modificar la actual Ley de Costas, que pretendía que se tuvieran en cuenta algunas singularidades de Galicia, como los asentamientos tradicionales de población que existen junto al mar, y que forman parte del acervo cultural de una comunidad con profundas tradiciones marítimas y marineras.
La iniciativa fue rechazada por todos los grupos, ya que la nueva Ley de Costas que se aprobará el jueves, y que sustituirá la vigente desde 1988, incorpora en gran parte las propuestas que estaban incluidas en la iniciativa del Parlamento gallego.
La proposición de ley para modificar la Ley de Costas de 1988 fue promovida en el Parlamento gallego por el PPdeG en el año 2010, y en ella se reconoce que la ley que se aprobó hace veinticinco años pretendió poner orden al creciente proceso de "privatización y depredación" de la franja costera española.
Según el texto defendido hoy en el Congreso, la Ley de Costas de 1988 no contempló este fenómeno urbanístico "netamente gallego", el de los asentamientos rurales, que además están reconocidos por la legislación urbanística de Galicia.
Plantea además que se están sucediendo situaciones injustas, ya que durante los últimos años se han expropiado viviendas o inmuebles a gente que las construyó o compró de buena fe, y en muchos casos esas propiedades están sujetas a hipotecas o créditos.
La proposición de ley propuesta por el Parlamento Gallego planteaba que se hicieran concesiones de treinta años -prorrogables- para ese tipo de edificaciones, y que si el Estado opta por la expropiación se haga cargo de todas las cargas hipotecarias o financieras o compense a los propietarios con un inmueble similar.
Pero el texto ha decaído ante la oposición unánime de la Cámara, y el portavoz del PP Guillermo Collarte ha justificado el rechazo del grupo mayoritario al señalar que estas demandas están ya, en gran parte, previstas en la nueva Ley.
Los grupos de la oposición han criticado la nueva Ley de Costas por considerar que aumentará la privatización y la sobreexplotación del litoral español, y han advertido de que la nueva norma no tiene en cuenta los efectos del cambio climático.
Han criticado además que se pretenda "salvar" de la demolición "mansiones", "chalets de lujo" y algunas empresas, pero el diputado del PP Guillermo Collarte ha insistido en que se trata de hogares pertenecientes a familias de pescadores y "gente humilde"
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