El Ministerio de Fomento asegura que no ha solicitado la devolución de la renta básica de emancipación a ningún beneficiario por haber cobrado estas ayudas de forma indebida, a pesar de que el Gobierno de la Comunidad Valenciana vaya a interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno central para evitar que 1.600 jóvenes tengan que devolver la ayuda.
En un comunicado, el Ministerio ha afirmado que la Secretaría de Estado de Vivienda se limitó a enviar una carta en mayo a los beneficiarios que superaron el límite de ingresos requerido para acceder a la prestación en el año 2008, tras cruzar algunos datos con los de la Agencia Tributaria.
En ese momento, Fomento se lo comunicó a las comunidades para que dieran trámite de audiencia a los afectados, verificaran su nivel de ingresos y resolvieran el conflicto, ya que son las encargadas de la gestión de esta ayuda y, por tanto, las que tienen que reconocer y retirar el derecho a cobrarla.
Así, el Departamento dirigido por José Blanco ha insistido en que la comunidad autónoma la que tiene que determinar si el joven que ha incurrido en esta situación mantiene el derecho a percibir la ayuda o se le retira y se le exige, en su caso, la devolución de las ayudas.
De la misma forma, es la encargada de declarar la extinción del derecho cuando un joven no acredita, en un plazo de tiempo establecido, el cumplimiento de los requisitos que marca la norma para el pago de la ayuda por parte del Estado: estar al corriente con el alquiler y las obligaciones administrativas y fiscales.
Fuente: http://www.europapress.es/
En un comunicado, el Ministerio ha afirmado que la Secretaría de Estado de Vivienda se limitó a enviar una carta en mayo a los beneficiarios que superaron el límite de ingresos requerido para acceder a la prestación en el año 2008, tras cruzar algunos datos con los de la Agencia Tributaria.
En ese momento, Fomento se lo comunicó a las comunidades para que dieran trámite de audiencia a los afectados, verificaran su nivel de ingresos y resolvieran el conflicto, ya que son las encargadas de la gestión de esta ayuda y, por tanto, las que tienen que reconocer y retirar el derecho a cobrarla.
Así, el Departamento dirigido por José Blanco ha insistido en que la comunidad autónoma la que tiene que determinar si el joven que ha incurrido en esta situación mantiene el derecho a percibir la ayuda o se le retira y se le exige, en su caso, la devolución de las ayudas.
De la misma forma, es la encargada de declarar la extinción del derecho cuando un joven no acredita, en un plazo de tiempo establecido, el cumplimiento de los requisitos que marca la norma para el pago de la ayuda por parte del Estado: estar al corriente con el alquiler y las obligaciones administrativas y fiscales.
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