La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que para superar la crisis inmobiliaria hay que flexibilizar los trámites administrativos a la edificación, cambiar el sistema impositivo y eliminar los incentivos fiscales a la compra. Junto a ello, también insta a facilitar el acceso a la vivienda social y mejorar el mercado del alquiler con vistas a fomentar la movilidad laboral, tal y como afirma en un informe sobre la situación del mercado residencial.
Según añade el director de este organismo, Ángel Gurria, tras las "políticas mal diseñadas" de vivienda adoptadas por los países de la OCDE en el pasado, que según recuerda han agravado los efectos de la crisis financiera internacional, ha llegado la hora de que la vivienda ayude a recuperar la confianza en los sectores financieros y el desarrollo de un modelo de crecimiento sostenible. En caso contrario, advierte, podría ralentizar la recuperación.
Entre estos países, la OCDE sitúa a España entre el grupo de Estados que, por culpa de "la época del crédito fácil dominante en las últimas dos décadas ha disparado la volatilidad en los precios de la vivienda". Por su culpa, los pisos se han encarecido hasta en un 90%, añade antes de enumerar los países en los que este fenómeno, además de en España, ha sido más destacado: Australia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido.
Además, en opinión del conocido como Club de los países desarrollados, "la desregulación e innovación en los mercados hipotecarios, junto a una inadecuada supervisión, han contribuido a una significante relajación en los criterios de calidad para prestar dinero". Este hecho ha derivado, añade, en un aumento de los impagos a medida que ha avanzado la crisis. Por ello, cree que futuras modificaciones en los mercados hipotecarios deberían estar relacionadas con una vigilancia regulatoria más estrecha y una regulación prudencial.
El informe sostiene que las políticas de vivienda que han favorecido la propiedad frente al alquiler han reducido la movilidad tanto laboral como residencial, lo que a su vez "socava la recuperación del empleo", agrega. Para invertir esta tendencia, la OCDE recomienda reducir los costes para las familias con limitaciones financieras, así como un rediseño de "la estricta regulación" que, hoy por hoy, rige el mercado del alquiler.
En su informe, la institución también propone incrementar la capacidad de respuesta de la nueva oferta de vivienda a la demanda del mercado. Cree que los países deben evaluar de nuevo los procedimientos de licencias que limitan el inicio de nuevas vivienda y reconsiderar la regulación del suelo. "Una oferta más receptiva puede limitar la volatilidad de precios, sus incrementos excesivos y animar la movilidad laboral".
Además, apuesta por eliminar las políticas fiscales que favorecen la vivienda sobre otras inversiones, ya reducen los costes del préstamo; animan las inversiones excesivas, la especulación y la volatilidad de precios y limitan la movilidad. En su opinión, los impuestos a la propiedad deberían reflejar mejor el valor del mercado. Sobre este último apartado, hay que recordar que en el caso de España, el Gobierno ha suprimido el principal incentivo fiscal: la deducción a la compra para quienes tengan rentas superiores a los 24.000 euros, aunque algunas comunidades la mantienen en su tramo del IRPF.
Fuente: http://www.elpais.com/
Según añade el director de este organismo, Ángel Gurria, tras las "políticas mal diseñadas" de vivienda adoptadas por los países de la OCDE en el pasado, que según recuerda han agravado los efectos de la crisis financiera internacional, ha llegado la hora de que la vivienda ayude a recuperar la confianza en los sectores financieros y el desarrollo de un modelo de crecimiento sostenible. En caso contrario, advierte, podría ralentizar la recuperación.
Entre estos países, la OCDE sitúa a España entre el grupo de Estados que, por culpa de "la época del crédito fácil dominante en las últimas dos décadas ha disparado la volatilidad en los precios de la vivienda". Por su culpa, los pisos se han encarecido hasta en un 90%, añade antes de enumerar los países en los que este fenómeno, además de en España, ha sido más destacado: Australia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido.
Además, en opinión del conocido como Club de los países desarrollados, "la desregulación e innovación en los mercados hipotecarios, junto a una inadecuada supervisión, han contribuido a una significante relajación en los criterios de calidad para prestar dinero". Este hecho ha derivado, añade, en un aumento de los impagos a medida que ha avanzado la crisis. Por ello, cree que futuras modificaciones en los mercados hipotecarios deberían estar relacionadas con una vigilancia regulatoria más estrecha y una regulación prudencial.
El informe sostiene que las políticas de vivienda que han favorecido la propiedad frente al alquiler han reducido la movilidad tanto laboral como residencial, lo que a su vez "socava la recuperación del empleo", agrega. Para invertir esta tendencia, la OCDE recomienda reducir los costes para las familias con limitaciones financieras, así como un rediseño de "la estricta regulación" que, hoy por hoy, rige el mercado del alquiler.
En su informe, la institución también propone incrementar la capacidad de respuesta de la nueva oferta de vivienda a la demanda del mercado. Cree que los países deben evaluar de nuevo los procedimientos de licencias que limitan el inicio de nuevas vivienda y reconsiderar la regulación del suelo. "Una oferta más receptiva puede limitar la volatilidad de precios, sus incrementos excesivos y animar la movilidad laboral".
Además, apuesta por eliminar las políticas fiscales que favorecen la vivienda sobre otras inversiones, ya reducen los costes del préstamo; animan las inversiones excesivas, la especulación y la volatilidad de precios y limitan la movilidad. En su opinión, los impuestos a la propiedad deberían reflejar mejor el valor del mercado. Sobre este último apartado, hay que recordar que en el caso de España, el Gobierno ha suprimido el principal incentivo fiscal: la deducción a la compra para quienes tengan rentas superiores a los 24.000 euros, aunque algunas comunidades la mantienen en su tramo del IRPF.
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