La promotora Construcuatro tendrá que abonar una multa de 2.470.002 euros por el cobro de sobreprecios en la venta de viviendas protegidas del polígono de Navia, en Vigo, así como devolver a los propietarios de los pisos el importe de los sobreprecios cobrados, 1.235.000 euros, según la propuesta de sanción del expediente administrativo instruido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Telmo Martín, presidente del PP local de Pontevedra, candidato a la alcaldía de la ciudad y uno de los socios de la constructora, ya anunció que la empresa recurrirá esa resolución por cuanto, según sostiene frente a las evidencias, no cobró sobreprecio alguno.
Los hechos se produjeron entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007 en el proceso de venta de las 96 viviendas de protección pública levantadas por Construcuatro en el número 25 de la calle Teixugueiras del citado polígono vigués. El expediente administrativo declara probados los hechos que constan como tales en la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, aunque este archivó la causa penal en su día por entender que "los compradores tenían perfecto conocimiento de que la vivienda que adquirían era una vivienda protegida y por consiguiente sujeta a precio oficial" y la adquirieron "sin mediar coacción ni engaño" por parte de Construcuatro.
Los compradores, no todos, según la resolución judicial, entregaron en concepto de "mejoras" fijadas por la constructora en función de la vivienda a adquirir, cantidades variables de 9.000 a 30.840 euros. La venta fue efectuada directamente por Construcuatro. José Manuel Torres García, socio y administrador de la empresa, firmó 42 contratos, aunque intermediaran las inmobiliarias Silva (en nueve contratos), Veiga (20) y Purificación Justos Pérez (13). Eugenio Sobral Fernández, el tercer socio y administrador de la constructora, firmó otros cinco contratos. En total, Construcuatro percibió sobreprecios en la venta de 62 viviendas, que sumaron 1.235.000 euros.
Antonio Salceda, abogado de los afectados, expresó ayer su convicción de que hubo más viviendas con sobreprecios y que sus propietarios no lo denunciaron por "miedos o presiones". En el procedimiento administrativo -y ayer mismo Telmo Martín, en declaraciones a este periódico- Construcuatro niega haber recibido sobreprecios, afirmación que, según el instructor del expediente, "no se ajusta a la realidad", como consta probado por el juzgado de Vigo que archivó el caso.
La Lei de Vivenda de Galicia (LVG) tipifica expresamente como infracción administrativa muy grave "la percepción de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas [...] declaradas protegidas", que es la tipología de las promovidas y construidas por Construcuatro en el polígono de Navia. La misma ley establece que la cuantía de las sanciones para la infracción por percepción de sobreprecio "no puede resultar inferior al doble" del mismo. Es decir, que la sanción fijada a Construcuatro es la mínima de las posibles. Además, la misma ley señala que podrá imponerse a los infractores, "si es el caso", la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. El instructor propone a su vez la inhabilitación a Construcuatro por un plazo de seis años para participar en promociones de viviendas de protección oficial.
Telmo Martín anunció que Construcuatro recurrirá esa resolución ante los tribunales, como ya había consensuado con sus socios, independientemente de cuál fuera la cuantía de la multa. "No hubo sobreprecios", insistió. "Esto sale a la palestra porque estoy yo en la empresa, por eso cobra relevancia como un tema importante", afirmó. Las partes tienen 15 días para presentar alegaciones antes de que la Xunta declare definitivas las sanciones.
Fuente: http://www.elpais.com/
Los hechos se produjeron entre noviembre de 2006 y septiembre de 2007 en el proceso de venta de las 96 viviendas de protección pública levantadas por Construcuatro en el número 25 de la calle Teixugueiras del citado polígono vigués. El expediente administrativo declara probados los hechos que constan como tales en la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, aunque este archivó la causa penal en su día por entender que "los compradores tenían perfecto conocimiento de que la vivienda que adquirían era una vivienda protegida y por consiguiente sujeta a precio oficial" y la adquirieron "sin mediar coacción ni engaño" por parte de Construcuatro.
Los compradores, no todos, según la resolución judicial, entregaron en concepto de "mejoras" fijadas por la constructora en función de la vivienda a adquirir, cantidades variables de 9.000 a 30.840 euros. La venta fue efectuada directamente por Construcuatro. José Manuel Torres García, socio y administrador de la empresa, firmó 42 contratos, aunque intermediaran las inmobiliarias Silva (en nueve contratos), Veiga (20) y Purificación Justos Pérez (13). Eugenio Sobral Fernández, el tercer socio y administrador de la constructora, firmó otros cinco contratos. En total, Construcuatro percibió sobreprecios en la venta de 62 viviendas, que sumaron 1.235.000 euros.
Antonio Salceda, abogado de los afectados, expresó ayer su convicción de que hubo más viviendas con sobreprecios y que sus propietarios no lo denunciaron por "miedos o presiones". En el procedimiento administrativo -y ayer mismo Telmo Martín, en declaraciones a este periódico- Construcuatro niega haber recibido sobreprecios, afirmación que, según el instructor del expediente, "no se ajusta a la realidad", como consta probado por el juzgado de Vigo que archivó el caso.
La Lei de Vivenda de Galicia (LVG) tipifica expresamente como infracción administrativa muy grave "la percepción de sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas [...] declaradas protegidas", que es la tipología de las promovidas y construidas por Construcuatro en el polígono de Navia. La misma ley establece que la cuantía de las sanciones para la infracción por percepción de sobreprecio "no puede resultar inferior al doble" del mismo. Es decir, que la sanción fijada a Construcuatro es la mínima de las posibles. Además, la misma ley señala que podrá imponerse a los infractores, "si es el caso", la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. El instructor propone a su vez la inhabilitación a Construcuatro por un plazo de seis años para participar en promociones de viviendas de protección oficial.
Telmo Martín anunció que Construcuatro recurrirá esa resolución ante los tribunales, como ya había consensuado con sus socios, independientemente de cuál fuera la cuantía de la multa. "No hubo sobreprecios", insistió. "Esto sale a la palestra porque estoy yo en la empresa, por eso cobra relevancia como un tema importante", afirmó. Las partes tienen 15 días para presentar alegaciones antes de que la Xunta declare definitivas las sanciones.
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