Los constructores valencianos solicitaron ayer al Gobierno central la inmediata supresión del IVA para la compraventa de viviendas de nueva construcción como vía para agilizar el mercado inmobiliario.
Eloy Durá, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), entregó a Ricardo Peralta, delegado del Gobierno, un informe que recoge varias medidas para mover un parque de 110.000 viviendas de nueva construcción que está paralizado por la falta de fluidez del crédito.Durá aseguró que sólo sería necesario aplicar la bonificación del IVA para los compradores de vivienda durante "un año o año y medio", pero urgió al Gobierno a regularla "cuanto antes".
Fevec entregó el mismo informe a la Generalitat hace unos días y tiene prevista una presentación formal de su conjunto de medidas en Madrid, a partir de la segunda semana de enero. "Madrid tiene la voz y la decisión más fuerte", comentó Durá, si la Generalitat actuara en solitario, el efecto de las medidas de apoyo que pudiera impulsar el Consell sería "mucho menos atractivo".
Peralta se comprometió a transmitir "inmediatamente" a los ministerios de Vivienda y de Economía las propuestas de Fevec para intentar alcanzar acuerdos "que mejoren la situación actual" y aporten "mayor dinamismo al mercado inmobiliario".
También aprovechó la ocasión para recordar que el Gobierno acaba de duplicar el volumen de ingresos que se fija como tope para poder acceder a una vivienda de protección oficial, una medida que multiplica los clientes potenciales de las viviendas de precio tasado.
Los promotores han reclamado al Gobierno que deje de financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas y que, en cambio, acepte modificar la catalogación de viviendas que fueron construidas como libres para que sus compradores puedan acceder a las ayudas públicas previstas para la compra de vivienda protegida.
El delegado del Gobierno también comentó las declaraciones de Jorge Alarte, secretario general del PSPV, quien invitó al Gobierno central a "reconsiderar la situación sobre los chiringuitos y dialogar con los establecimientos afectados" por la Ley de Costas. Alarte apuntó: "Debe aplicarse la ley, porque estamos en un Estado de derecho, pero la realidad económica y geográfica de nuestras playas también debe tenerse en cuenta".
Peralta, que hoy se reunirá con representantes del sector hostelero y propietarios de chiringuitos, aseguró que tendrá "en consideración" las palabras de Alarte porque sus opiniones siempre están "fundamentadas y razonadas". Pero recordó que "la ley es una garantía para los usuarios de los chiringuitos y para los que lo son del dominio público marítimo terrestre".
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