El arbitraje es una herramienta que la legislación española contempla para agilizar los litigios entre arrendador y arrendatario de forma más rápida y sin pasar por los farragosos procesos que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tan sólo hay que incluir y firmar junto al contrato del piso un sobre específico (que vale 58 euros y se compra en estancos y algunas inmobilarias, en total más de 2.000 puntos de venta en España). A partir de ahí, si existe algún problema entre casero e inquilino, son los «árbitros» (figura contemplada en la Ley de Arbitraje) los que se encargan de dirimir el entuerto y dar la razón a uno u otro interesado. Estos árbitros son abogados colegiados «con prestigio y experiencia en el sector, todo abogados en ejercicio, con su despacho aparte y que ejercen su función», asegura Mario Navarro, secretario general de la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad.
Ejecución de un desahucio en el barrio de Lavapiés de Madrid / JAIME GARCÍAEsta institución de carácter privado que representa Navarro (no es una empresa, sino que tiene rango de asociación) es una de las que ofrecen estos servicios de arbitraje, aunque hay más. Según cuentan, casi siempre son los propios caseros los que exigen incluir el arbitraje al firmar un contrato, aunque «también algunos inquilinos lo piden». La resolución del conflicto se da, así, en una media de un mes, y suele ser casi siempre «a favor del demandante», aunque en muy contadas ocasiones el demandante pierde.
El arbitraje es otra medida para fomentar el alquiler, junto a las empresas públicas de alquiler, a la Renta Básica de Emancipación y a la VPO Y sus ventajas, las de agilizar los procesos de desahucio y resolución de conflictos en torno a alquileres, parecen refrendarse por sus datos de crecimiento, ya que desde la Corte de Arbitraje presumen del buen año 2009 que han tenido y auguran un 2010 mucho mejor: «Los objetivos son descargar de trabajo a los juzgados, para las materias en las que se puede intervenir», dice Navarro. Además de más rápido, un arbitraje es «más barato» que un proceso judicial ordinario, asegura.
Aquí tenemos, por tanto, una opción más para dinamizar el mercado del alquiler en España, como también los son las propias ayudas directas al mismo o la construcción de VPO sólo para alquilar. También las agencias de intermediación públicas que han creado tanto el Ministerio de Vivienda (Sociedad Pública de Alquiler) como las autonomías y los ayuntamientos ofrecen sus servicios, si bien Navarro asegura que «no pueden dinamizar el mercado porque no solo no se eliminan trabas o resuelven alguno de los problemas sino que además introducen requisitos que lo único que consiguen es complicarlo todavía más».
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