UGT denuncia que la vivienda es la "gran asignatura pendiente" y un "grave problema" para los ciudadanos en España, por lo que se reunirá con los partidos políticos para trasladarles sus propuestas, como subidas salariales, medidas para la constitución de parques públicos de alquiler social en los que se puedan incluir viviendas adquiridas por bancos como consecuencias de ejecuciones hipotecarias.
En una nota, el sindicato señala que el derecho constitucional a una vivienda "digna, adecuada y accesible" es para UGT "un problema de vital importancia debido a la acuciante preocupación existente entre numerosos ciudadanos que deben soportar el grave desajuste existente entre la compra o alquiler de una vivienda y su salario medio".
En este sentido, recuerda que el último Informe del Banco de España refleja que el esfuerzo inmobiliario se sitúa en 7,1 años, lejos de los niveles que los expertos consideran saludable (de 4 a 5 años), y que el informe de la Sociedad de Tasación (Tinsa) lo sitúa en 7,6 años.
A esto se suma que el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,6% de la población residente en España, que un 77,% no puede permitirse el mantener la vivienda con una temperatura adecuada y otro 66,2% ha tenido retraso en el pago de gastos relacionados con suministros de la vivienda principal, según el INE.
Según UGT, esto ha supuesto que medio millón de familias (millón y medio de personas) ha perdido su vivienda habitual, en un contexto de recortes en vivienda: de 1.123 millones de euros en 2011 a 446 millones en el 2018.
Por ello, ve "prioritaria" una recuperación de las rentas, con subidas salariales "razonables" que hagan posible la recuperación del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años por la vía de la negociación colectiva.
También ve "imprescindibles" ciertas reformas legislativas, para, entre otras, establecer unos requisitos mínimos a cumplir por todas las CCAA en los diferentes planes estatales de vivienda, que el "carácter social" de las viviendas protegidas lo sean durante toda su vida útil impidiendo su especulación; establecer como derecho subjetivo el derecho a una vivienda "digna, adecuada y accesible" cuando se carezca de recursos e invocable ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia.
A su vez, aboga por la Ley de Segunda Oportunidad; la reforma de la LAU para conseguir un equilibrio entre arrendador y arrendatario o bien un procedimiento administrativo más ágil, sin pérdida de garantías para los administrados.
Acceso a suministros básicos
Igualmente importante considera la potenciación de medidas para la constitución de parques públicos de alquiler social en las diferentes CCAA y entes locales, gestionados con instrumentos públicos, y opina que dentro de los mismos podrían incluirse aquellas viviendas adquiridas por los bancos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias.
De igual forma, subraya la necesidad de garantizar el acceso a los suministros básicos como complemento del derecho a una vivienda digna, y de establecer una estrategia pública de rehabilitación con especial atención a la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados así como la renovación de viviendas y edificios.
Otras de sus propuestas pasan por el uso de nuevas fórmulas alternativas a la propiedad o el alquiler, en materia habitacional: viviendas colaborativas o "cohousing"; uso temporal de la vivienda a largo plazo, y la apuesta decidida por un aumento del gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5 del PIB, priorizando la vivienda pública.
Por último, reclama un aumento del papel de las entidades del tercer sector y otras empresas sociales de beneficio limitado, dotándolas de recursos para ejercer sus funciones.
Fuente: http://www.eleconomista.es/
