Los fondos buitre estarán con toda probabilidad presentes en la futura ley que deberá poner en marcha el nuevo Gobierno para frenar el 'boom' de los alquileres. Para poder sacarla adelante, Pedro Sánchez deberá contar con el consenso de quienes le apoyaron en la moción de censura contra el Gobierno del PP. Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu y Nueva Canaria deberán poner durante las próximas semanas sus cartas sobre la mesa para atajar un problema de máxima actualidad.
Según las fuentes consultadas, en el futuro documento, los también llamados inversores oportunistas, muy activos en la compra de activos inmobiliarios a precio de derribo en España en 2013 y 2014 -cuando nadie apostaba por nuestro país-, tendrán un lugar destacado. Al menos así lo exigirán desde la formación morada, que consideran que son los principales responsables de la fuerte subida de los alquileres y del negocio especulativo generado en torno a este mercado.
Tanto PSOE como Podemos se han mostrado muy críticos con el aterrizaje de estos fondos en el mercado inmobiliario español. En la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital, los dos partidos han criticado duramente las ventas de miles de pisos públicos realizadas bajo el mandato del PP a varios fondos buitre y han luchado en los tribunales para que se reviertan dichas operaciones al considerar que no se ajustan a la ley. También en Barcelona, Ada Colau se ha pronunciado en numerosas ocasiones contra ellos: "Los fondos buitre acosan nuestra ciudad y el derecho a la vivienda de nuestros vecinos".
Sin embargo, en las dos propuestas de ley presentadas ante la mesa del Congreso por ambas formaciones, solamente Podemos aborda directamente la protección de los inquilinos frente a la irrupción de estos nuevos caseros, un punto en el que no está dispuesto a dar su brazo a torcer. "No vamos a sentarnos a negociar con líneas rojas, pero tenemos varias propuestas y preocupaciones a las que no vamos a renunciar", asegura a El Confidencial el portavoz económico de Podemos en el Congreso, Nacho Álvarez Peralta.
Dar prioridad de compra al inquilino
De hecho, según Peralta, no se cierran a posibles subvenciones a los propietarios que decidan alquilar sus pisos por debajo de ciertos límites, si bien, rechazan tajantemente cualquier incentivo fiscal a fondos buitre o personas jurídicas. "En su propuesta, el PSOE habla de deducciones fiscales a personas físicas pero, ¿qué pasa con las personas jurídicas como inmobiliarias, socimis o fondos buitre? Nos preocupa que puedan extender los incentivos a estos grands propietarios de pisos en alquiler", reconoce Lucía Martín, portavoz de En Común Podem en el Congreso. "Creemos que los incentivos fiscales no van a ser efectivos, ya que no van a acabar con la especulación. Al propietario le va a seguir compensando subir el alquiler un 200% que beneficiarse de incentivos fiscales por alquilar por debajo de determinados precios", añade.
La máxima de la formación liderada por Pablo Iglesias es defender al inquilino frente a los inversores privados, tal y como queda reflejado en su iniciativa legislativa que, además de contemplar el derecho del arrendatario a continuar en un piso de alquiler que ha sido objeto de una ejecución hipotecaria o vendido a un tercero durante un periodo de cinco años, contempla que este pueda ejercer siempre su derecho de compra, aunque la venta de la vivienda se venda en bloque junto a otros inmuebles, tal y como contempla actualmente la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y que permitió, entre otras, operaciones como las del Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) o la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS).
Podemos no rechaza incentivos fiscales a quienes decidan alquilar sus pisos por debajo de ciertos límites, si no son fondos buitre o personas jurídicas
Esta propuesta supondría, 'de facto', la modificación del artículo 25 de dicha ley, que recoge que "no habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos y locales del inmueble". Una modificación que, sin duda, tal y como explican los expertos, desincentivará a los fondos buitre de este tipo de transacciones.
Este es un punto en el que PSOE y Podemos podrían llegar a entenderse. En Madrid, por ejemplo, tanto Ahora Madrid como PSOE han criticado con dureza la venta que realizó en 2013 la entonces alcaldesa Ana Botella (PP) de 1.860 pisos protegidos propiedad de la EMVS al fondo Fidere. De hecho, la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid concluía hace varias semana su dictamen sobre la ilegalidad de dicha operación. El documento salió adelante con los votos de Ahora Madrid y PSOE, el rechazo del PP y la abstención de Cs, que en 2016 sí votó a favor del mismo.
No es el único caso en el que ambas formaciones han decidido remar en el mismo sentido contra este tipo de inversores. En la Comunidad de Madrid, por su parte, tanto Podemos como PSOE registraban en la asamblea el pasado mes de mayo una proposición de ley con la que pretenden garantizar que 1.500 familias de Madrid puedan ejercer su derecho de "comprar a un precio justo" de sus viviendas de alquiler adquiridas por fondos buitre.
Regular el alquiler turístico
Este podría ser, sin duda, el principal escollo en las futuras negociacionespuesto que ambos partidos apuestan por recuperar los contrato de alquiler a 5 años, limitar los alquileres en los mercados con mayores tensiones de precios y actualizar las rentas conforme al IPC, "evitando de esta manera que las rentas se actualicen continuamente de forma desorbitada, obligando a los inquilinos a cambiar de vivienda para ir al extrarradio de las grandes ciudades, alejándose del centro y de sus lugares de trabajo", insiste Álvarez Peralta. No osbtante, su partido va un paso más allá que los socialistas al proponer prórrogas de los contratos de cinco años, y obligar a dichas prórrogas a los arrendadores que sean persona jurídica.
Podemos tampoco se olvida de los alquileres turísticos en las grandes ciudades. "Seguirán siendo posibles, pero dentro de una regulación. El parque de viviendas de los centros de las ciudades no puede quedar solo para el alquiler turístico", apunta. Una competencia, no obstante, tal y como aclaran fuentes parlamentarias, que está en manos del Ministerio de Industria, aunque con posibles implicaciones para la LAU y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
Recuperar los contratos a 5 años, limitar los alquileres en los mercados con mayores tensiones de precios y utilizar el IPC para actualizar rentas
No obstante, además del apoyo de Podemos (67 escaños), el nuevo Ejecutivo deberá contar con el respaldo de ERC (9), PDeCAT (8), Compromís (4), EH Bildu (2), PNV (5) y Nueva Canaria (1). ¿Cómo respiran en materia de vivienda estos partidos políticos? Los cuatro primeros ya mostraron a finales del año pasado su apoyo a la iniciativa legislativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la primera en llegar a la mesa del Congreso centrada, principalmente, en la paralización de los desahucios, la dación en pago, el alquiler social o contratos de 5 años de duración -al igual que proponen PSOE y Podemos-, incluso de 10 años en casos de gran tenedor como pueden ser un banco o una gran inmobiliaria, al igual que proponen desde la formación morada.
Además, en dicha propuesta también se recogía la necesidad de limitar los alquileres donde existan mayores tensiones de precio si bien, al igual que Unidos Podemos, no contemplan reducciones fiscales al considerar que "sería, de nuevo, entrar en la lógica de comprar derechos ciudadanos con recursos públicos: en este caso, comprar derechos de los inquilinos estableciendo incentivos fiscales a la propiedad".
Aunque no todo son acuerdos. El PDeCAT, con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV, pero con PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís en contra, sacaba recientemente adelante la ley de desahucio exprés que permitirá recuperar una vivienda okupada en un plazo máximo de 20 días en aquellos casos en los que esta pertenezca a una persona física -es decir, un particular-, a una entidad sin ánimo de lucro o a la Administración pública y el ocupante no haya logrado justificar su situación de posesión en los cinco días siguientes al requerimiento judicial. Es decir, cierra la puerta a que entidades financieras y fondos buitre puedan beneficiarse de esta mayor rapidez en el proceso de desahucio de okupas para fines empresariales e inmobiliarios.
"No parece que haya diferencias insalvables como para no poder llegar a un acuerdo. El problema será más de índole político, es decir, ¿quién querrá anotarse el tanto de cara a los electores?", comenta un experto en comunicación política.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/
