La fórmula es sencilla: tramitar, aprobar y construir. Pero en el actual escenario urbanístico de la Comunidad de Madrid, regulado por la Ley del Suelo, parece no serlo tanto.
Las paralizaciones, desde hace años, de los desarrollos del Sureste madrileño, donde hay 100.000 viviendas previstas, -aunque los planes del ayuntamiento han reducido este número a la mitad-, y de la operación Madrid Nuevo Norte, también conocida como Operación Chamartín, reflejan uno de los asuntos más preocupantes para los promotores madrileños.
Son sólo dos ejemplos, los más visibles por sus dimensiones urbanísticas. Otros muchos desarrollos de menor envergadura han sufrido, y sufren, una parálisis que impide que se pongan en marcha las obras.
¿Las razones? La lentitud de la Administración en tramitar la aprobación de la obras. "De media pasan cinco años en poner en marcha un plan urbanístico. En ocasiones, supone varios más de demora", señala Lucio Rivas, director de Derecho Administrativo de Miana Abogados.
El proceso debe cumplir los siguientes pasos: se diseña un plan parcial para desarrollar viviendas u otros espacios, como oficinas o áreas comerciales, que debe someterse a una aprobación inicial, una segunda provisional y una tercera definitiva. Cuando se llega a esta última pasa mucho tiempo, ya que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deben dar sus respectivos vistos buenos, con todos los procesos y análisis que eso conlleva por parte de las dos administraciones.
Licencias de primera ocupación
Para agilizar el proceso sería necesario un nuevo marco, con más seguridad jurídica, que implicaría una reforma de la Ley del Suelo, aprobada en 2001.
La Comunidad de Madrid ya ha puesto sobre la mesa su intención de sacar adelante la reforma. Muchos consideran la norma deficiente técnicamente, lo que ha llevado a múltiples enmiendas en sus 17 años de vida. Concretamente, a 15.
La última, de hace sólo unos días, ha estado ligada a otro de los desarrollos parados durante años: Valdebebas, al norte de la capital. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló varias licencias de primera ocupación en algunos edificios de viviendas de este barrio porque consideraba que se no se había completado la urbanización de la zona en servicios básicos como elalcantarillado o el alumbrado.
PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para tramitar, de urgencia, un cambio en la norma que permita a los propietarios entrar a vivir en esas casas, así como en otras promociones de obra nueva, aunque no estén concluidos todos los servicios de la zona.
Una ley parcheada
Para Rivas, estas numerosas modificaciones han llevado a lo que él define como "una ley parcheada". Ha provocado, en su opinión, "una normativa dispersa que debería refundirse".
Según Guillermo San Román García, presidente de la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Promotores Madrileños (Asprima), las modificaciones que ha sufrido la ley "han llevado a que el urbanismo en la comunidad, especialmente en el municipio de Madrid, haya estado judicializado durante los últimos 20 años".
Tantas rectificaciones han provocado que "la ley finalmente no se reconozca", subraya San Román.
Además, Rivas señala que la lentitud para sacar adelante los distintos planes urbanísticos deriva en que se quedan obsoletos. "Muchas veces las circunstancias que motivaron su previsión han cambiado de forma drástica cuando el planeamiento de desarrollo ve finalmente la luz, toda vez que, en muchos casos, desde que se empieza a tramitar un plan parcial hasta su aprobación definitivatranscurren alrededor de cinco años", explica.
A estas deficiencias, Antonio Ñudi, socio del área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen Tax & Legal, añade otra más: "La ley de la Comunidad de Madrid no está adaptada a la legislación estatal de suelo, ni a la legislación medioambiental", subraya este experto.
Y vuelve a poner el foco en la judicialización del urbanismo. "En Madrid existe unagran inseguridad jurídica en materia de urbanismo. En los últimos años, más de 40 fallos judiciales que han afectado y condicionado, de manera importante, al urbanismo de la ciudad. Hemos asumido como normal algo que debería ser una patología: que cualquier proyecto termine su tramitación en un proceso judicial, convirtiéndose, así, este proceso, en una fase más del planeamiento", alerta Ñudi.
Tomar medidas
Desde Asprima celebran la intención de la Comunidad de Madrid de revisar la ley. "Queremos que sea más integral y con una buena base técnica", apunta San Román.
Añade que, desde la agrupación, se pide "una herramienta eficaz y transparente que permita canalizar los esfuerzos de inversión realizados por el sector promotor inmobiliario en beneficio de la sociedad". Esto repercutiría, como enumera el directivo, en impulsar los principios de "eficacia, celeridad, seguridad, buena fe, confianza legítima y responsabilidad". En una palabra, agilizar el urbanismo, como llevan clamando los promotores desde hace años.
El directivo recalca que quieren mantenerse al margen de intereses políticos. "Son los partidos políticos los que, a través de las mayorías parlamentarias que representan el sentir de los ciudadanos, deben decidir el modelo de ciudad que queremos para el futuro", opina San Román
Más que una nueva ley, Lucio Rivas considera que habría que impulsar un reglamento centrado en el desarrollo urbanístico, que acabe con "el grave problema de la lentitud en cuanto a la aprobación de los planes urbanísticos".
Y aboga igualmente por establecer unos plazos fijos para emitir los informes sectoriales y evitar así que los trámites se demoren más de lo necesario.
De uno u otro modo, todos piden que se tomen cartas en el asunto.
Fuente: http://www.elmundo.es/
