Pese a haber dejado atrás la crisis, el Gobierno dedica menos dinero a políticas de vivienda que en plena recesión. Así lo advirtió este martes UGT en un comunicado, en el que denunció que la partida que el Ejecutivo de Mariano Rajoy destinará a esta materia es «insuficiente» y «nada social».
Los Presupuestos de 2018 recogen más de 473 millones de euros para la política de vivienda, un millón menos que en 2017. Y es que esta partida se ha ido reduciendo notablemente en los últimos cinco años, hasta el punto de que si se compara con 2014, todavía con los últimos coletazos de la crisis en el país, el dinero que se dedicaba a vivienda ha caído más de un 40%.
«Los Presupuestos para 2018 en vivienda son insuficientes (menos dinero que en tiempos de crisis) y nada sociales, pues no dan respuesta a miles de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna o que se ven expulsados de la misma», denunció el sindicato liderado por Pepe Álvarez, que puso de relieve que el programa donde se incluye el Plan de Vivienda 2018-2021, con el que se pretende el acceso por parte de la ciudadanía a una vivienda digna -un derecho recogido en la Constitución-, sufre un recorte del 0,03% respecto a 2017.
500.000 beneficiarios
A su vez, UGT acusó además de tratarse de unas cuentas «que llegan tarde» y que son «opacas», ya que no se sabe el dinero que va a percibir cada comunidad autónoma (a excepción de Canarias, que lo ha pactado a cambio de su apoyo a los Presupuestos) ni los criterios que se seguirá (en años anteriores, en este reparto no se tenían en cuenta ni la población ni el parque de viviendas construidas).
El nuevo Plan de Vivienda aprobado el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros para los próximos cuatro años pretende potenciar el mercado de alquiler y la compra en zonas rurales, impulsando la rehabilitación rural de inmuebles. Las ayudas irán dirigidas principalmente a las familias y personas más vulnerables, como son los jóvenes con bajos ingresos, mayores con necesidades especiales y hogares que hayan sufrido procesos de ejecución hipotecaria por impago, algo que desde UGT ven con buenos ojos, aunque piden incluir también a los extranjeros.
El Gobierno estima que con este plan, que tendrá un presupuesto de 1.440 millones a lo largo de sus cuatro años de duración, beneficiará a más de medio millón de familias y permitirá generar 60.300 empleos.
