El Gobierno reconoció este martes por vez primera cierta preocupación porque se pueda producir una burbuja de precios en el sector inmobiliario, incluso podría llegar a ser doble si termina afectando tanto a las compraventas como a las viviendas en régimen de arrendamiento. De momento, no obstante, solo atisba señales de riesgo y no que sea ya un hecho.
Aún así, y a la vista de distintas estadísticas que vienen apuntando desde hace meses un incremento incesante del coste de alquiler una casa, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, está estudiando medidas que puedan suavizar ese impacto. Evitó adelantarlas, aunque según fuentes del sector podrían ir más por acompasar incentivos -se centran en jóvenes y rentas muy bajas- y promover más vivienda con ese uso que por un intervencionismo puro.
«Es un ramillete global», dijo el propio De la Serna para, a continuación, insistir en que «es prematuro avanzar nada». Lo que sí explicó es que los técnicos de su departamento están haciendo ya «un barrido general sobre todo el ámbito normativo» De esta manera no solo se estudiará la evolución de los alquileres durante los últimos ejercicios sino también otras cuestiones que tengan que ver con los planes generales de urbanismo -en materia de vivienda gran parte de las competencias están transferidas a comunidades autónomas y, sobre todo, ayuntamientos-, el suelo y también los códigos técnicos de edificación.
Una de las quejas recurrentes de los promotores inmobiliarios es que con la recuperación económica se ha producido una escasez de suelo urbanizable, lo que limita la oferta de vivienda nueva -los visados concedidos para construir casas han pasado la frontera de los 65.000 anuales, aunque están lejos de los niveles precrisis-. Sin embargo, tampoco la mayoría ve interesante dedicar parte de su actividad al arrendamiento, al estimar que le dará menos beneficios que la venta, y por eso solo las grandes compañías se diversifican algo.
Según diferentes portales inmobiliarios, el coste de los alquileres subió una media del 4% el año pasado, a lo que se añadiría una revaloración del 6% en la propia vivienda por el aumento de los precios de compraventa. Esto es, el rendimiento anual de arrendar una casa se está moviendo ya en los dos dígitos.
Fijar precios, contraproducente
Pero Fomento no va a actuar en ese ámbito. Estima el ministro que establecer un precio máximo, o una horquilla, resultaría contraproducente. Provocaría -dijo- una reducción del 25% en la oferta de vivienda en alquiler, al desincentivar que los propietarios de casas antiguas las rehabiliten para luego colocarlas en ese mercado. Lo copan Madrid y Barcelona, que suman casi un millón de inmuebles.
El PP logró la semana pasada, junto a Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, que el Congreso rechazara contener el encarecimiento de los alquileres con contratos más largos -de cinco años al menos- o regulando subidas con el IPC.
Fuente: http://www.finanzas.com/
