Reducir la dependencia extrema que tienen España y sus empresas del petróleo, mejorar la eficiencia energética y apostar por las energías limpias son máximas que a priori llevan instaladas en el ideario común muchos años. Sin embargo, lo cierto es que todavía se echan en falta acciones concretas, tanto en el sector público como en el privado, que hagan posible ahorros significativos en la factura energética.
Un buen ejemplo de ello es el retraso con que España traspuso la directiva 2012/27/EU que obliga a las empresas que cumplan con una serie de requisitos a someterse a una auditoría energética cada cuatro años. El Gobierno aprobó un real decreto en 2016, en concreto el RD 56/2016, para aplicar esta normativa europea y desde entonces, aunque son ya muchas las compañías que han elaborado estos estudios, aún resta que muchas otras los lleven a cabo.
El decreto obliga a disponer de una auditoría energética a todas las compañías que cumplan al menos dos ejercicios consecutivos con la condición de gran empresa. Es decir, contar con más de 250 empleados o con un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros. Estas exigencias se aplicarán incluso a las entidades que formen parte de un grupo de sociedades.
La auditoría a la que se sometan deberá cubrir al menos el 85% del consumo total de energía del conjunto de instalaciones que posea la empresa en todo el territorio nacional.
A diferencia de las certificaciones de eficiencia energética, que deben ser realizadas por el propietario de la vivienda o el edificio, la responsabilidad de contar con dichas auditorías energéticas corresponde a la empresa que ejerce su actividad en el inmueble, sea dueña del activo o la inquilina.
El real decreto, publicado a principios de 2016, establecía la obligatoriedad de realizar una auditoría energética antes del 14 de noviembre de ese año y registrarla antes del 14 de febrero de 2017.
Como era de esperar, muchas empresas se pusieron manos a la obra, pese a unos plazos que calificaron como demasiado cortos, pero todavía resta que se adapten numerosas compañías. Tal y como explica Fernando González, director de operaciones de property management de BNP Paribas Real Estate, las principales inmobiliarias y socimis ya han realizado sus auditorías energéticas, de hecho, buena parte de su negocio cada vez está más enfocado a ser más eficientes. “Estos estudios consisten en un análisis de los distintos contratos de suministro y de sus instalaciones para conocer cómo funciona su edificio y qué mejoras se pueden incorporar”, asegura González.
Una vez realizados estos exámenes con una mínima inversión y en ocasiones simplemente cambiando hábitos de trabajo se pueden conseguir ahorros en la factura energética de hasta el 40% y el 50%.
Actuando sobre el estado del edificio, su aislamiento o grado de conservación se pueden lograr también eficiencias, aunque más modestas. En estos casos la factura puede llegar a reducirse entre un 10% y un 15%. El hecho de que la responsabilidad recaiga en este caso sobre la empresa que desarrolla su actividad en el inmueble, sea propietaria o inquilina, a veces dificulta que se lleven a cabo todas las inversiones que se requieren. “Nosotros aconsejamos a nuestros clientes en función del retorno o la rentabilidad de la operación”, advierte el director de operaciones de property management de BNP Paribas Real Estate.
Además de las eficiencias que pueden ganarse con gestos tan sencillos y baratos como apagar los equipos informáticos o las luces a partir de una hora determinada, contar con una de estas auditorías, tal y como recuerda la norma, es obligatorio. De lo contrario, se considerará como infracción muy grave y las sociedades que carezcan de ellas se enfrentan a sanciones que oscilan desde un mínimo de 6 millones hasta los 60 millones de euros.
Sobre el coste que tiene una de estas auditorías y qué profesionales se recomienda contratar para realizarlas, BNP Paribas Real Estate apuesta por ingenieros y arquitectos que tengan experiencia demostrada en sostenibilidad, así como en profesionales con grandes conocimientos sobre cómo funcionan los inmuebles. Su coste es mínimo si se compara con los ahorros que pueden llegar a generar y se sitúa de promedio entre los 3.000 y 4.000 euros. Precios muy ajustados en gran medida gracias a las nuevas tecnologías y el uso del big data, que permiten aplicar las soluciones en tiempo real con modelos predictivos más exactos de consumo.
