La construcción aún seduce a 42.000 universitarios pero solo a 5.300 estudiantes de FP


Nadie que opere en la construcción elude lo que al principio fue solo un grito de atención de los promotores inmobiliarios: falta mano de obra cualificada en el tajo. Es más, empresas y sindicatos admiten que no solo es un problema que se ha destapado con el despertar de la edificación de viviendas; es que si no se pone remedio ahora, será de proporciones mucho más graves a corto y medio plazo.

La Fundación Laboral de la Construcción presentó ayer en la sede del Consejo Económico y Social (CES) dos estudios en los que pone cifras a esta realidad. El primero de ellos hace balance sobre cómo se comportaron los principales indicadores del sector en 2017 y el segundo, más novedoso, analiza el grado de formación y cualificación de sus trabajadores.

El director de Formación de la Fundación, José Antonio Viejo, puso de relieve cómo España cuenta con empresas líderes en el ámbito internacional que gozan de perfiles de titulados universitarios con un gran prestigio reconocido. Los últimos datos disponibles apuntan que en España están matriculados 23.719 alumnos en grados de Arquitectura y otros 18.429 en Ingeniería civil y de la edificación.

En total, 42.148 estudiantes que terminarán obteniendo la máxima cualificación. Sobre el total de trabajadores del sector, el porcentaje de titulados de nivel superior en la construcción está acorde con lo que ocurre en otros países europeos, en torno al 24%. Si bien es inferior al que se registra en el total de ocupados, que en España asciende al 42,4%. Por ello, este estudio concluye que en los niveles formativos superiores, la construcción no presenta un déficit de profesionales.

Ahora bien, la situación es radicalmente distinta cuando se analiza qué está pasando a pie de obra. El estudio llama la atención sobre cómo durante los últimos 10 años se ha producido un severo envejecimiento de las cuadrillas. El estallido de la crisis expulsó a 1,7 millones de empleados de este sector, que llegó a contar con más de dos millones de afiliados, lo que propició que muchos empleados que ya habían obtenido una capacitación se marcharan a otros sectores donde han logrado rehacer su carrera profesional. Además, las nuevas generaciones de estudiantes de esos años huyeron de todo lo que tuviera que ver con el ladrillo, una situación que parece que aún no ha revertido.

Así, mientras las cifras de matriculados en todas las ramas de formación profesional (FP) no han dejado de crecer en los últimos años, en las áreas de edificación y obra civil no han parado de caer. Los últimos datos muestran un volumen total de estudiantes de esa rama de FP de solo 5.300. Luego es en la formación intermedia, la más ligada a la capacitación profesional donde el sector ha detectado que se concentra el problema de escasez.

¿Cómo solucionarlo? Desde la Fundación piden que el Gobierno les apoye para lanzar una campaña de imagen que logre atraer a los jóvenes y a las mujeres a una actividad como esta, que se encuentra en plena reconversión y donde hay mucho que hacer en el ámbito de la innovación. Asimismo, piden adecuar las nuevas titulaciones de FP a lo que demandan las empresas.

En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, instó al sector a que aproveche la puesta en marcha del nuevo contrato de formación y aprendizaje por el que jóvenes menores de 30 años podrán ser contratados y formados; y si las empresas tras 18 meses les hacen indefinidos, prácticamente no pagarán cotizaciones sociales durante tres años. Así, la ministra incidió en que todos ganan con este proyecto de garantía juvenil. El joven porque pasa de carecer de una cualificación profesional oficial a contar con un certificado acreditativo al cabo de los 18 meses. Además, logra un trabajo que estará remunerado con el salario de convenio que le corresponda más un bono de 430 euros, lo que da como resultado un sueldo de al menos 1.000 euros. Si demuestra que vale, le harán indefinido. Y las empresas ganan porque podrán disponer de trabajadores a los que formar y durante los tres primeros años de contrato fijo casi no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad Social por ese contrato, según recordó la ministra.

 
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