El alquiler de la vivienda está sufriendo una revolución. Los precios están disparados. El año pasado los arrendamientos se encarecieron hasta un 18,4% en promedio, según un estudio del portal inmobiliario Idealista.
Para paliar este fenómeno las comunidades autónomas están ampliando sus ayudas al alquiler. Las últimas en hacerlo han sido Madrid y Baleares que han incluido en sus presupuestos de 2018 mejoras a las deducciones en el IRPF, según las nuevas medidas fiscales recogidas por Hacienda.
Para este año, Madrid eleva del 20% al 30% la parte del arrendamiento que se pueden deducir con un límite, que también amplía, de 1.000 euros. Es para beneficiarios de hasta 40 años que ganen menos de 25.620 euros. Baleares ofrece una ayuda fiscal en el IRPF del 15% del arrendamiento con un máximo de 400 euros para menores de 36 años con familia numerosa o dependientes. También amplia estas ayudas para los trabajadores desplazados temporalmente a las islas. Además, ofrece subvenciones para alquileres de hasta 900 euros al mes para los que ganen hasta 23.000 euros.
Cantabria gestiona mejor
La mayoría de comunidades también cuentan con deducciones en la cuota del IRPF por el alquiler. Según lo datos recopilados por el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), Asturias, por ejemplo, dispone de una deducción del 10% del alquiler con un máximo de 455 euros, para personas que ganen menos de 25.000 euros. Castilla y León ofrece una deducción de hasta 459 euros. La ayuda fiscal es de 300 euros en Cataluña, Galicia y Extremadura. Andalucía es una de las más generosas en este ámbito. Dispone de una deducción de hasta 500 euros. La mayoría de comunidades también ofrecen y subvenciones para colectivos con rentas bajas.
El Gobierno central también dispone de un plan de ayudas. Hace cinco años, en plena crisis, aprobó el plan estatal de ayudas 2013-2016 con un presupuesto de cerca de 2.500 millones, que ha prorrogado los dos últimos años. Este plan cuenta con una línea de ayudas al alquiler de vivienda para rentas bajas. La subvención consiste básicamente en una ayuda de hasta el 40% del arrendamiento de la vivienda habitual, con un límite máximo de 2.400 euros anuales por inmueble. La renta de la vivienda deberá ser inferior a 600 euros. El Ejecutivo entrega los fondos a las comunidades y estas los gestionan, seleccionan a los beneficiarios y las distribuyen.
Las comunidades han gestionado estas ayudas de forma dispar. Cantabria es la que más rápido aprobó los decretos para desarrollar el Plan estatal y la que antes dictó la resolución con los beneficiarios. El Ejecutivo cántabro aprobó el decreto el 29 de diciembre de 2016, concedió las ayudas cuatro meses después y empezó a abonarlas ese mismo verano. Cataluña, Galicia y Valencia fueron de las más ágiles para abrir la convocatoria de las ayudas pero tardaron mucho más en adjudicarlas.
El Gobierno ultima un nuevo plan de Vivienda 2018-2021 pero el proyecto, que amplía las subvenciones, está varado en el Ministerio de Fomento.
