Hace unos días saltaban las alarmas. Los promotores inmobiliarios advertían de un encarecimiento de los costes de construcción debido a la escasez de mano de obra cualificada. La reacción no se hizo esperar y en las redes sociales la gente se preguntaba cómo era posible que estos señores dijeran eso “si en mi pueblo hay un montón de parados que proceden de la construcción”.
Pues esto es posible por varios motivos. En primer lugar, porque la recuperación de la actividad no se está produciendo de igual manera en los diferentes territorios. No hay más que observar los últimos datos de la EPA relativos a la construcción, los cuales reflejan una evolución de la ocupación bastante dispar. Dentro de un incremento interanual medio del 6%, nos encontramos crecimientos de casi el 9% en Madrid, más del 10% en la Comunidad Valenciana o más del 14% en Cataluña, frente a unas caídas de más del 6% en Galicia o de casi el 9% en Extremadura.
En segundo lugar, porque los empresarios están teniendo dificultades en encontrar personal especializado de determinados oficios, trabajadores que puedan acreditar esa especialización. Y si volvemos a mirar las estadísticas de ocupación en el sector, esta vez las relativas a su nivel de formación, veremos que muy pocos pueden acreditar formalmente su oficio. Seguramente haya muchos más que posean las competencias adecuadas, pero no lo pueden demostrar. Los oficiales de mayor experiencia que encontrábamos en las obras en los tiempos de bonanza están hoy jubilados y pocos de sus discípulos pueden acreditar su especialización.
Seguramente, los mecanismos del mercado reaccionarán propiciando el trasvase de trabajadores hacia las zonas donde más está creciendo la actividad y ajustando sus retribuciones al alza. Pero esto será únicamente una solución a corto plazo del problema en esas zonas. La previsible evolución positiva de la actividad en todo el país hace necesario adoptar medidas que puedan paliar a medio y largo plazo el déficit de cualificación que se anuncia para nuestro sector, un sector que debe afrontar retos tan importantes como la mejora de la productividad, la eficiencia energética, el compromiso medioambiental o la transformación digital. Es evidente que todo ello pasa por una mayor profesionalización.
Para diseñar esas medidas debemos partir de un análisis de los niveles de cualificación que actualmente tenemos. España presenta, con carácter general y no solo en el sector de la construcción, una población adulta con uno de los porcentajes más altos de personas con nivel educativo bajo (aproximadamente un 44% frente a la media europea del 27%). Tenemos un porcentaje también de los más altos en población muy cualificada (un 32% frente a la media europea del 27%). Nuestro gran problema es que solo tenemos un 24% de población con nivel de cualificación intermedia, frente a la media europea del 46%. Es esa cualificación intermedia la que se corresponde con el tipo de trabajador que mayoritariamente requiere cualquier industria moderna, incluida la construcción.
El sector de la construcción tampoco presenta problemas en cuanto a los niveles más altos de cualificación. Las cifras anuales de egresados universitarios en titulaciones relacionadas con su actividad así lo señalan. Sin embargo, en cuanto a los niveles intermedios, las cifras relativas a los títulos de formación profesional, en el ámbito educativo, y a los certificados de profesionalidad, otorgados en el ámbito laboral, resultan preocupantes. Apenas 3.000 alumnos salen cada año de los ciclos de FP de la familia de edificación y obra civil. Y menos de 8.000 certificados de profesionalidad de dicha familia han sido otorgados por la autoridad laboral entre los años 2008 y 2016.
Parece, por lo tanto, imprescindible adoptar medidas tendentes a mejorar los niveles de cualificación intermedios. En el ámbito de la formación profesional inicial, es evidente que invertir la actual tendencia negativa en cuanto al número de jóvenes que eligen ciclos de FP relacionados con la construcción requerirá su tiempo. El sector deberá mejorar su imagen y demostrar que se está convirtiendo en una industria moderna y con futuro para ellos.
Pero mientras tanto debemos actuar con medidas a más corto plazo que permitan mitigar el problema.
En primer lugar, deben adoptarse medidas que mejoren el funcionamiento de nuestro mercado laboral, coordinando esfuerzos de los servicios públicos de empleo y de las organizaciones del sector, de forma que las empresas puedan encontrar a los trabajadores con los perfiles que necesitan y los trabajadores puedan encontrar el empleo con las funciones adecuadas y la retribución que merecen.
En segundo lugar, deben potenciarse los procesos de acreditación de competencias adquiridas por los trabajadores a través de la experiencia o de formación no reglada. Esta figura, prevista en nuestra legislación, permite que los trabajadores que demuestren sus competencias, mediante una evaluación ante un tribunal, puedan recibir su certificado de profesionalidad.
Y en tercer lugar, debe recuperarse la figura del aprendiz utilizando adecuadamente el contrato para la formación y el aprendizaje,lo que permitiría la incorporación de jóvenes a procesos de auténtica formación dual, acelerando la generación de nuevos oficiales especializados. Para ello resulta necesario clarificar el marco jurídico de esta modalidad contractual, haciéndolo atractivo para las empresas y al mismo tiempo evitando su uso fraudulento.
El sector de la construcción, a través de la negociación colectiva, apuesta por fórmulas que ya funcionan en otros países europeos, como la gestión paritaria de la formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción. Gracias a ello, dispone hoy de una estructura que le permitirá hacer frente a los desafíos de su transformación. Es hora de ponerse manos a la obra.
Enrique Corral Álvarez es Director General de la Fundación Laboral de la Construcción
