Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, ha emitido este miércoles un comunicado en el que “lamenta profundamente” sus declaraciones de la pasada semana cuando sostuvo en unas jornadas inmobiliarias que los desahucios hipotecarios son una “leyenda urbana”, pese a que en el último lustro al menos 162.700 familias han perdido la vivienda en la que residían.
“Me retracto pública y sinceramente de mis palabras y quisiera pedir disculpas a todas aquellas personas que se han podido sentir ofendidas. Quienes me conocen, saben muy bien que lo que dije no es lo que pienso ni refleja mi forma de ver las cosas, y lo siento”, ha afirmado Alcaraz.
“El acceso de todas las personas a una vivienda digna ha sido siempre una de las prioridades de CaixaBank”, ha aseverado Alcaraz. “Desde nuestra entidad, tenemos por norma tratar de evitar cualquier situación de desahucio, y para ello aplicamos criterios de flexibilidad en las reestructuraciones del crédito y atención a la situación personal de cada cliente. Todo, con el objetivo de evitar siempre el procedimiento judicial y el desahucio. Un compromiso firme que complementa la labor de la Obra Social la Caixa, que cuenta en estos momentos con más de 33.000 viviendas sociales para colectivos con dificultades”, ha dicho.
“Siento de verdad unas declaraciones que han sido desafortunadas en todos sus términos y que en absoluto se corresponden con lo que pienso ni con mis actuaciones profesionales a lo largo de 30 años de trayectoria en el sector, ni tampoco con los valores y el modelo de gestión de nuestra entidad”, concluye Alcaraz.
El comunicado del director general de CaixaBank se ha hecho público este miércoles después de que este diario analizara las cifras que se esconden tras el fenómeno de los desahucios hipotecarios durante la crisis. Se trata de un fenómeno ampliamente documentado por los organismos oficiales, el problema es que la disparidad de fuentes y objetivos de estudio de cada una arroja cifras diferentes.
En todo caso, según indican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde 2007 se han producido en España unas 745.000 ejecuciones hipotecarias que han derivado en unos 510.000 desahucios. El problema es que entre 2007 y 2012 nadie analizó al detalle los datos para discriminar casos que afectan a segundas residencias o los relacionados con alquileres.
Una estimación aproximada es que unos 236.000 dejaron a familias sin la vivienda en la que residen. En todo caso, las estadísticas solo ofrecen este grado de detalle desde 2012. Los datos ponen de relieve que en el último lustro se han desalojado 162.700 primeras residencias.
Así se deriva de los datos públicos que han ido recopilando el CGPJ de los juzgados, el Banco de España de las entidades financieras y el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los registradores de la propiedad.
Además, las medidas políticas puestas en marcha en 2012 para tratar de frenar los desahucios y proteger a los colectivos más vulnerables han beneficiado a 88.000 familias, suspendiendo 27.800 desahucios y facilitando 43.607 reestructuraciones de deuda, 7.456 daciones en pago y ocho quitas. En paralelo, el Fondo Social de Viviendas alimentado por la banca ha acogido a 9.000 familias con alquileres sociales.
