Nunca un plan de vivienda ha entrado plenamente en vigor el día 1 de enero del primer año de vigencia. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que en esta ocasión con el plan 2018-2021 sí sería posible porque el Gobierno decidió prorrogar para 2017 el programa de ayudas anterior, el 2013-2016. Por primera vez había tiempo suficiente para acordar con la oposición y las comunidades autónomas las nuevas ayudas públicas a la compra o alquiler de casa. Y, sin embargo, finalmente, no podrá ser.
El Ministerio de Fomento aún confía en que los primeros trámites que restan para que el programa plurianual pueda ser efectivo se aprueben a lo largo del mes de enero, pero aun así restará celebrar una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda. Fuentes del Departamento que dirige De la Serna explican que primero ha de aprobarse en Consejo de Ministros el real decreto, después deberán autorizarse las cuantías de las ayudas, a continuación convocar la conferencia sectorial y, por último, suscribir uno a uno los convenios con cada comunidad.
El Gobierno se limita a explicar que a lo largo del mes de enero estará aprobado por el Consejo de Ministros, pero los más pesimistas, como promotores y algunos expertos advierten que no estará plenamente operativo hasta el mes de marzo o incluso hay quien lo retrasa a mayo. Y es que hasta que no estén firmados los convenios con cada una de las autonomías, éstas no pueden aprobar la concesión de las ayudas con cargo al nuevo plan.
El mercado inmobiliario espera con expectación este nuevo programa de subvenciones porque si algo ha cambiado la crisis, ha sido la percepción que se tiene del alquiler tanto por parte de los particulares como por parte de las empresas. Tal y como advierten desde la consultora Knight Frank, entre los inversores y grandes fondos inmobiliarios hay verdadero interés por entrar en España en el segmento del alquiler residencial, donde existe una evidente falta de producto.
El plan no solo vuelve a apostar por las ayudas directas tradicionales a la compra y el alquiler de vivienda, sino que contempla fuertes incentivos a la construcción y promoción de viviendas con el objetivo de que en unos años España, y sobre todo allí donde hay más demanda, pueda contar con un parque estable de viviendas en alquiler.
¿A qué responde entonces este retraso? Nadie se lo explica porque los plazos que dio el Ministerio eran lo suficientemente amplios. Las comunidades hace ya meses que remitieron a Fomento sus alegaciones, si bien hace apenas dos semanas lo hicieron algunos de los municipios más poblados. Empresas constructoras consultadas apuntan a la situación política y la ausencia de presupuestos como la única explicación posible, ya que los trabajos técnicos de la elaboración del plan han ido avanzando a buen ritmo. No obstante, al tratarse de un programa plurianual no tendría que verse afectado en principio por la prórroga presupuestaria.
Así, aunque fuera de plazo, quizás tengan cabida todavía algunas de las sugerencias efectuadas por los municipios. Entre las alegaciones presentadas por los regidores de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, A Coruña, Valencia y Zaragozadestaca la exigencia de dotar al plan con 2.000 millones de euros adicionales en 2018 para poder realizar inversiones en vivienda que equiparen a España con los grandes países de Europa.
Los alcaldes de estas ciudades coincidieron en que el gasto destinado a vivienda de la Administración general del Estado supuso este año apenas el 0,059% del PIBal sumar 467 millones. Además, advirtieron que si continúan los recortes habidos en materia de vivienda, que cifraron en más de 1.000 millones en los últimos ocho años, las políticas públicas en este ámbito habrán desaparecido en cinco años. Por contra, y dadas las necesidades que persisten, estos siete ayuntamientos pidieron al Gobierno del PP un aumento progresivo del presupuesto para vivienda que eleve el gasto hasta el 1,5% del PIBen el plazo de 10 años.
En este sentido, recordaron que España solo cuenta con un 2,5% de vivienda asequible en alquiler, donde se incluye la VPO, incluso la de renta antigua. Austria, por ejemplo, posee un parque de casas públicas equivalente al 24% del total, mientras en Reino Unido o Francia el porcentaje se sitúa en el 17%.
Asimismo, reclamaron que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) disponga de líneas de financiación específicas para VPO, que el Gobierno dé apoyo técnico y financiero para solicitar ayudas europeas o que se realice un estudio sobre sistemas de financiación de vivienda pública. Otra de las medidas planteadas es la de impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesión de uso, que garantiza la propiedad pública del suelo.
ESTAS SON LAS SUBVENCIONES QUE VIENEN
Los promotores son uno de los colectivos a los que presta atención el plan 2018-2021. Podrán disfrutar de subvenciones para proyectos de rehabilitación y regeneración urbana. Las cuantías definitivas aún deben cerrarse, pero con carácter general la ayuda podrá ascender al 40% de la inversión necesaria en el caso de que vayan a edificar pisos para arrendar y al 60% si el plan de renovación aumenta la eficiencia energética.
Quienes hayan sido desahuciados podrán vivir en casas hasta ahora propiedad de Sareb o los bancos cuya renta no supere los 400 euros al mes durante dos años. El borrador del plan contempla que la cesión de esas viviendas sea voluntaria, mientras los ayuntamientos han solicitado a Fomento que sea obligatoria para así responder a la necesidad de más pisos sociales.
Cuando se anunciaron las nuevas subvenciones, una de las que motivó más polémica fue el rescate de la ayuda directa al comprador de vivienda, ya sea de renta libre o VPO. Consistirá en el pago de hasta 10.800 euros o el 20% del precio de adquisición de la casa. Tendrán derecho los hogares con ingresos inferiores a tres veces el Iprem (1.597,53 euros mensuales).
En alquiler también habrá ayuda directa, similar a la renta básica de emancipación que aprobó el PSOE. Será de hasta el 50% de la renta, siempre que esta no supere los 600 euros o los 900 en las ciudades más caras y dependerá de los ingresos del hogar.
