Ya han transcurrido diez meses desde que el Gobierno pusiera en marcha el mecanismo extrajudicial por el que los afectados por las cláusulas suelo podían reclamar a sus bancos la devolución de las cantidades pagadas de más en sus hipotecas. Y, por ahora, las entidades apenas han reintegrado una tercera parte del dinero que esas mismas corporaciones habían reservado para afrontar esta contingencia. La demanda inicial de reclamaciones, tras conocerse la resolución de hace casi un año del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que se instaba a recuperar todo el dinero de los suelos de forma retroactiva, y no solo hasta mayo de 2013, se ha ido apagando con el paso de los meses. En muchos casos, porque los titulares de hipotecas han preferido ir directamente por la vía judicial. En otros, porque los bancos han rechazado las solicitudes. Y también en un número indeterminado de casos por el olvido, la desidia u otras causas personales de los afectados, que no han formulado su queja.
Con la actualización de los resultados trimestrales de septiembre, algunas entidades han ofrecido datos sobre el estado de sus cláusulas suelo. En total, han devuelto 730 millones de euros, frente a los más de 2.400 millones que esas firmas habían provisionado a principios de año para afrontar esta sangría de dinero de la que llegaron a anticipar que podría hacer mucho daño al sector. Es decir, ha salido de los bancos apenas un 30% de lo previsto. La cuantía es proporcionalmente aún menor si se compara lo abonado a los afectados con todas las cantidades cobradas de más durante la vigencia de las cláusulas suelo. Esto es, el riesgo máximo al que se expone la banca con este problema en el caso de que absolutamente todos sus clientes reclamaran. Se habría tratado de un impacto de casi 3.800 millones que, por ahora, se ha quedado reducido a una cuarta parte.
La disparidad de casos de perjudicados es tan extensa como el tratamiento que cada una de las entidades han dado a este problema. Bankia y BMN -los dos bancos públicos- optaron por devolver prácticamente todas las cláusulas suelo, lo que les ha supuesto un gasto de 191 y 34 millones, respectivamente, al aceptar un 93% y un 77% de las reclamaciones en cada caso. Por su parte, CaixaBank ha reintegrado 210 millones de euros frente a los 625 previstos según sus dotaciones, y lejos de los 1.250 millones que tenía en riesgo por este conflicto. En Sabadell, la devolución ha supuesto una salida de 95 millones, también lejos de los más de 410 provisionados y de los casi 500 millones que contaba para este problema. Popular ha reintegrado 200 millones, la mitad de lo que esperaba. En BBVA no han ofrecido datos de su evolución, aunque es una de las firmas más perjudicadas, con hasta 1.200 millones de riesgo máximo admitido y unos 577 millones reservados para cubrir esta contingencia.
La aceptación de las reclamaciones recibidas por la banca, hasta ahora, se sitúa en torno a la mitad de los casos, como ocurre en CaixaBank (con un 51,5%) y Sabadell (55%). Fuentes del sector bancario reconocen que en el resto de bancos afectados se mantiene esa tendencia, aunque ni Popular ni BBVA han ofrecido datos públicos. Con esos niveles de aceptación del 50%, pero unas cuantías desembolsadas que representan hasta un 30% de lo previsto, la realidad supone que muchos clientes no han llegado a reclamar.
Colapso en los tribunales
La causa se encuentra, en muchos casos, en los tribunales. Los juzgados especializados para este conflicto, habilitados desde junio, han recibido un aluvión de demandas, que superaban las 57.000 hasta septiembre. Solo en Madrid alcanzaban las 13.000, mientras que en Barcelona ascendían a 4.600, casi 3.000 en Sevilla y más de 2.000 en Valencia y Málaga. Desde la judicatura admiten que buena parte de esas demandas llegan sin antes haber reclamado a la entidad, porque los afectados asumen que sus bancos no les van a dar la razón.
El proceso extrajudicial del Gobierno sigue en vigor, y por ahora no hay plazo límite para poder presentar una reclamación por las cláusulas suelo. El único plazo establecido en el decreto-ley de enero era el que obligaba a la entidad a resolver la queja que reciba en un periodo máximo de tres meses. Una vez superado, el hipotecado podía acudir a la vía judicial si no se había resuelto el caso a su favor.
Novaciones, subrogaciones y otras causas para la denegación
Los bancos han encontrado una vía para no tener que asumir la devolución de todo el dinero que deberían reintegrar a sus clientes afectados por las cláusulas suelo en un grupo de hipotecas: aquellas que han registrado algún cambio en sus condiciones tras ser concedidas por primera vez. La mayoría de las entidades están rechazando las solicitudes de quienes realizaron una novación -modificación en el capital o el plazo- o una subrogación -traspaso del crédito a otro banco- al considerar que esa persona estaba perfectamente informada de la limitación de los intereses.
Se rechaza la devolución del dinero cobrado de más en los «suelos» porque el hipotecado «tuvo pleno conocimiento de la existencia y el alcance» de la cláusula, que está redactada «de un modo claro, concreto y comprensible», argumentan.
En el sector financiero justifican la postura alegando que al tratarse de hipotecas que se han vuelto a renegociar después de ser constituidas, el cliente tuvo la posibilidad de percatarse de los «suelos». Así está ocurriendo con las misivas que algunas grandes entidades están remitiendo a los afectados. BBVA ha reconocido que ante una novación o subrogación se «analiza si hubo una negociación individual con la entidad por la que tuvo conocimiento de la cláusula suelo y la aceptó libremente», en cuyo caso «no se procede a la devolución». CaixaBank, donde también aplican este criterio, explica que al variar las condiciones de un préstamo se entiende que «las cláusulas se han renegociado y el consumidor conoce bien sus condiciones». Esta firma aclara que siempre analizan las reclamaciones caso por caso, como en BBVA.
Se acumulan otros casos en los que se deniega la devolución debido a un cambio del titular de la hipoteca, cuando el préstamo está cancelado. También si el titular tiene los conocimientos financieros suficientes como para detectar esa cláusula al firmar la hipoteca.
