Cuando una empresa compra un edificio con personas viviendo dentro, se dice coloquialmente que tiene “bichos”. En la casa de Alexandra Zambrano, sin embargo, los insectos aparecieron cuando Persépolis Investments se hizo dueña del bloque madrileño en el que vive. “Nunca habíamos tenido chinches, pero casualmente al poco tiempo del cambio de propietario aparecieron en cinco viviendas. La única respuesta que nos dieron fue que era nuestro problema y dejaron de venir a limpiar, y claro, eso te da que pensar…”, afirma en su salón, rodeada de las bolsas de basura donde ha tenido que meter todos sus enseres para desinfectar la casa.
Hasta el pasado mes de julio, su bloque de Rafael del Riego 24, en la zona de Delicias, era parte de una herencia que tres hermanos habían recibido de su madre. Cada uno se quedó con un bloque, y al menos dos han vendido a la mencionada empresa. En el 'pack' entraban los contratos de alquiler de personas como Juana, Alexandra o Enrique que fueron automáticamente subarrendados e invitados a irse. El último ya se ha mudado a cambio de 2.200 euros, pero ellas ni encuentran un alquiler asequible en la zona donde llevan años viviendo, ni quieren marcharse a pesar de las condiciones en las que están. Tampoco les ofrecen ya ese dinero.
Alexandra y Juana arreglan ellas mismas los desperfectos del edificio. (M. Z.)
“Desde que cambiaron los dueños solo vienen a limpiar las zonas comunes cada quince días, no arreglan las bombillas cuando se funden, ni el ascensor cuando se estropea…”, se queja Juana Franco, otra vecina que ahora mismo paga 500 euros por un bajo de dos habitaciones. “Quieren que nos vayamos, aunque nos quedan tres años de alquiler. No hacen más que amenazarnos con que en octubre van a empezar a hacer obras y diciendo que aquí no vamos a poder estar”, se lamenta Alexandra que vive con su hijo adolescente en un apartamento similar al de Juana, dos pisos por encima. De hecho, en Delicias 26, el bloque con el que comparten patio, esta misma empresa ya ha empezado con las obras de rehabilitación. “Es el futuro que me espera”, augura.
Un mercado en auge
Persépolis Investments gestiona bajo el nombre de Urban Vida Stays dos bloques de apartamentos en alquiler turístico en Madrid, en la calle Arganzuela y Calatrava. Por eso, y porque nadie les ha ofrecido quedarse aunque sea pagando más, sospechan que el destino de sus viviendas no es otro que alojar turistas, una inversión cada vez más atractiva para las promotoras y fondos de inversión por la rentabilidad que producen y la escasa supervisión administrativa.
“En los últimos seis meses han aumentado en un 120% las consultas que recibimos precisamente sobre este tema”, asegura Manuela Julia Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. En su mayoría, se trata de edificios propiedad de un solo dueño pero que al morir acaban en manos de familiares que no quieren hacerse cargo de la gestión de los alquileres del edificio o que prefieren repartirse la herencia vendiéndolo. Además, al tratarse en su mayoría de inmuebles de propiedad vertical, es decir, no divididos en varias unidades, no se pueden vender los pisos por separado. También por ese motivo el inquilino pierde el ‘derecho de tanteo’: hacer una contraoferta por su vivienda tras la de la empresa.
Una vez adquirido el bloque entero, si los contratos de alquiler son anteriores a 1985 (renta antigua), la empresa legalmente no puede echar a los inquilinos. Tendrá que esperar a que el contrato se extinga con la defunción del arrendador. Si son posteriores, podrá simplemente no renovar los contratos cuando finalicen, como mucho a los tres años, el mínimo que contempla la actual ley de arrendamientos urbanos.
Nos llegan casos donde la empresa mete okupas para echar al resto de vecinos
Sin embargo, a algunas empresas les corre prisa por empezar a acondicionar y amortizar la inversión, por lo que utilizan diversas estrategias para adelantar la salida de los inquilinos. Es lo que se conoce como 'mobbing inmobiliario' y puede suponer desde la falta de limpieza de las zonas comunes a despistarse con el cobro de recibos para provocar impagos. Aunque también hay situaciones más radicales: “Nos llegan muchos casos donde la empresa mete a okupas en los pisos que vacían para echar al resto. Les piden que molesten y hagan ruido a cambio de quedarse allí, para que el vecino de al lado se canse y se vaya”, explica Alonso Ricardo Trenado, abogado especialista en temas inmobiliarios. “Pero el 'mobbing' es muy difícil de demostrar, ya que habría que ir por lo penal, y ya supone coger a un abogado, meterse en juicios y no todo el mundo puede o quiere”.
Rodeados de turistas
El futuro de Alexandra es el presente de Ana Fernández. En su edificio de la calle Santa Ana 25 solo quedan ocho vecinos de alquiler, casi todos con renta antigua menos el de otra pareja y ella. Desde hace meses convive con maletas que invaden los descansillos, turistas que hacen fiestas por la noche y muebles que se mueven retumbando en sus paredes a cualquier hora. “Vivo en un hotel, es imposible descansar ni tener una vida con un horario normal”, se queja. La empresa propietaria, Soluciones Sila, ha ido dejando extinguir los contratos de sus vecinos, y Ana y su pareja dan por hecho que su destino será el mismo. “De momento tendremos que quedarnos, porque los pisos que estamos viendo nos piden hasta seis meses de fianza, avales, nóminas, ser fijo… Es de locos”. Ella paga 690 euros por su alquiler, pero cada noche en uno de los pisos que la rodean se cobra a más de 100 euros.
El descansillo del bloque donde vive Luis (Foto: M.Z.)
A Luis García, sin embargo, no le queda otra que aguantar. Es propietario de un quinto en la calle Príncipe 15 –en pleno barrio de las Letras– pero cuando entra en su portal cada día lo primero que se encuentra es con la recepción de un hotel. Un gran cartel de Like Home Madrid Apartments le recibe a él y a los turistas que llegan a las 43 viviendas que la empresa Mucor ha puesto en alquiler vacacional. Ya solo seis pisos son de propietarios o alquileres de larga duración. “Es un hotel encubierto, donde además no tengo ninguna seguridad porque nadie controla a la gente que entra o sale. Se meten seis personas en pisos de 12 metros cuadrados”. Desde hace días ni siquiera tiene cerradura en su portal. “Es muy inseguro, las llaves de mi portal las ha tenido medio mundo. He visto de todo, desde gente que se ha montado una piscina en el patio, cambiándose en el descansillo… de todo”. Esta situación se repite desde hace tres años y Luis no piensa darse por vencido. Les ha denunciado por falta de licencia y también cuando el portero/recepcionista le amenazó de muerte. “Es una estafa, porque yo compré una vivienda en un edificio de uso residencial y no lo es”, explica.
La asociación de vecinos de Letras y Cortes calcula que el 90% de los edificios de su barrio tienen al menos una vivienda de uso turístico. Un paseo por la zona con su presidente, Víctor Rey, destapa lo que se esconde tras las fachadas y balcones de una de las zonas más antiguas de la capital. “En toda la plaza Santa Ana solo quedan 22 vecinos. Mira, ese edificio es todo de turistas, el de al lado está en obras para serlo, y el siguiente también, todo alquiler”, enumera. Al igual que Lavapiés, esta asociación está empezando a identificar las viviendas que ejercen esta actividad fraudulentamente. Según la normativa serían la gran mayoría. “Para poder albergar turistas tienen que cambiar el uso residencial al de hospedaje y solo pueden hacerlo si la vivienda está por debajo de un primer piso y tienen una entrada independiente al bloque, algo que prácticamente todas incumplen, por lo que ninguna cambia la actividad”, explica Alfredo Carda, arquitecto urbanista y asesor de la asociación.
El 90% de los edificios de la zona del barrio de las Letras alberga al menos una vivienda turística
Además, el nombre de la empresa propietaria del bloque a menudo no coincide con la que pone los anuncios turísticos, lo que hace más complicado rastrearlas. “Cambian de sociedad por un tema fiscal, pero lo más habitual es que la misma empresa que ha hecho la inversión de comprar y reformar sea luego la que decida explotarla”, apunta Manuela Julia Martínez del Colegio de Administradores de Madrid. Para ello, utilizan las plataformas de Airbnb, Booking, Wimdu o sus propias webs.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid alerta de la concentración del mercado de alquiler que esto supone, y que acaba con "el casero de toda la vida". “Detrás hay empresas de todo tipo, las propietarias que son también las que comercializan el alquiler turístico, las que lo rehabilitan y lo venden después a otra que lo explota… pero lo que está claro es que hay una alianza entre dos sectores empresariales: cada uno tiene sus competencias y saber hacer”, señala Pablo García. Desde que llevan en funcionamiento, hace cerca de cinco meses, han visto situaciones de todo tipo con tal de echar a los inquilinos de sus casas: “Desde mandar un escrito donde alertan a los vecinos que el edificio está en riesgo de ruina –cuando eso solo lo puede hacer la administración–, a hacer obras que impidan el acceso a las viviendas, cortar el agua, inahibilitar el saneamiento para que huela mal…”.
La unión hace la fuerza
Un vistazo a la web de Urbania –otra de estas empresas que están aprovechando el filón del alquiler turístico–, no deja lugar a dudas sobre sus intenciones para un edificio que han adquirido en Martín de los Heros 6, cerca de plaza de España: “La estrategia es hacer una mejora moderada y renovación del edificio, reemplazando los contratos actuales por un esquema de gestión de vivienda turística, lo que automáticamente trae consigo un aumento de los ingresos por alquiler y la revalorización física de la propiedad misma para la posterior desinversión”.
Sobre otro edificio, en Fray Luis de León 18, Arganzuela, dicen lo siguiente: “El barrio es uno de los de mayor renovación del centro de Madrid siendo muy atractivo, tanto para la demanda joven consolidada laboralmente, como para el turista que busca oferta de alojamiento de calidad”. Paradójicamente, si se visita ese inmueble, uno se encuentra con al menos cinco parejas que rondan los 30 años, y a ninguna de ellas les han dado la opción de quedarse. Constituidos coloquialmente como Bloque Arganzuela, han sido uno de los emblemas de resistencia a este fenómeno inmobiliario.
Uno por uno, Alberto, Natalia, Guillermo, Sara o Eva, han ido recibiendo burofaxes desde abril instando a que dejasen de sus viviendas antes de que acabasen sus contratos. “Cuando llegó me puse a llorar, porque nos decían que teníamos que irnos en 20 días ¡y no tienes tiempo para irte en tan poco tiempo!”, explica Sara.
Juegan todo el rato a que te equivoques para tener una excusa para rescindir el contrato
Lo primero que hicieron fue llamar a un abogado, gracias al que ya saben que nadie puede echarlos hasta que acaben sus contratos. Ahora consultan cada paso y notificación que reciben para que no puedan echarles. “Juegan todo el rato a que te equivoques para tener una excusa para rescindir el contrato”, explica Natalia. Por ejemplo, recibieron una notificación por la que debían empezar a pagar el alquiler a otra empresa: “Utilizan estrategias para acusarnos de no pagar el alquiler, o el agua, o lo que sea". "Bordean el acoso inmobiliario todo el tiempo. Por ejemplo, ahora amenazan con hacer obras en el ascensor y dejarlo inutilizado, pero eso no lo pueden hacer. Si el ascensor funciona yo no tengo que sufrir las obras, solo si es una cuestión de mantenimiento", explica Guillermo.
“Nos han llegado a decir que no es algo personal, ¡cómo no lo va a ser, es mi hogar!”, se queja Guillermo, que tiene acumulados ya seis burofaxes que le instan a dejar la vivienda. “Hemos pasado todos tres meses de no dormir, de tomar ansiolíticos, de volver a fumar, y lo peor de todo es la deshumanización y la cosificación, de personas que siempre hemos pagado religiosamente, que nunca hemos dado un problema, y a los que han llamado directamente okupas”, se indigna Alberto.
En su bloque ya se han vaciado once pisos, aunque ellos han estado unidos como una piña desde el principio, lo que se ha convertido en la clave de sus resistencia. “Siempre han intentado dividirnos, llamando a uno para negociar, ofrecerle algo…”, explica Natalia. Sin embargo, de allí no se mueven. Ninguno se plantea dejar su casa antes de que venza su contrato que ronda los 800 euros en todos los casos, aunque solo sea por una cuestión de principios. “Hace tiempo que ya no lo siento mi casa, ya me da igual, no cuelgo ni los cuadros, pero me quedaré por aguantar”, dice Alberto.
Inacción administrativa
En San Sebastián, el Ayuntamiento ya tiene en marcha una ordenanza municipal que prohibirá la compra de edificios para crear bloques de apartamentos turísticos, a la vez que reforzará la plantilla de funcionarios que vigilarán el cumplimiento de la norma.
Mientras, en Madrid, el Ayuntamiento señala que este tipo de regulaciones no es su competencia y remite a la Comunidad, que no ha contestado a las reiteradas peticiones de una entrevista para este reportaje. Desde las asociaciones vecinales, el Colegio de Administradores, la PAH y el Sindicato de Inquilinos consideran que una mejor regulación de las viviendas turísticas haría menos atractivas este tipo de inversiones. “Pero de momento sería tan sencillo como que hicieran su trabajo, que es inspeccionar y abrir expedientes a todas las que lo hacen sin licencia porque esto es un desmadre”, denuncia Víctor Rey. Y pronostica: “Sino, el centro será solo para los turistas”.
La empresa Urbania no ha querido hacer declaraciones para este artículo. Persépolis Investments y Mucor no respondieron a la solicitud de una entrevista y Soluciones Sila no tenía a nadie disponible para hacerlo antes de la publicación.
