La Comisión Europea (CE) ha llamado de nuevo la atención al gobierno español por el retraso en la transposición total de la Directiva de Eficiencia Energética. En esta ocasión, la Unión Europea (UE) ha enviado una carta de emplazamiento a España por no haber traspuesto los artículos del 9 al 11 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, sobre contabilización individual de calefacción, que tenía que haber sido imperativa desde el 1 de enero de 2017.
Esta Directiva obliga a los Estados miembros a instalar contadores individuales o repartidores de costes de calefacción para medir el consumo de energía y asignar los costes conforme al gasto individualizado que se haga en cada vivienda. Y no sólo respecto a la calefacción, sino también a la refrigeración o el agua caliente suministrados desde una instalación colectiva.
Se trata de una nueva vuelta de tuerca toda vez que la Directiva establece la realización de un plan de viabilidad y en España, por su climatología, "está por ver si es eficiente o no", aseguran desde el Ministerio de Energía. "Además", dicen las mismas fuentes, "se está negociando una nueva directiva de eficiencia dentro del paquete de invierno que incluye cambios como que los contadores permitan la telegestión". Por todo ello, aclaran desde el Gobierno, "una vez que se fijen los nuevos criterios de la Directiva, se tomará una decisión".
Desde la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca), su presidente Ignacio Abati reconoce que se está negociando una nueva Directiva, que no sólo no modifica, sino que refuerza e insiste en los aspectos normativosmás importantes actualmente en vigor, pero en lo que respecta a la lectura remota para repartidores de costes de calefacción asume que el 100% de los aparatos que se están instalando en España son remotos y por tanto ya cumplen la futura nueva Directiva.
Más voces críticas. La Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) remarca que el requerimiento que ha formulado Bruselas puede ser el paso previo para la posible apertura de un procedimiento sancionador a España. "Supone poner en evidencia a un Gobierno que ha hecho completa dejación de sus funciones en este punto, dejando sin efecto una previsión que tiene como único objetivo el ahorro energético en miles de hogares", opina su presidente José María de la Fuente.
Hasta la fecha, Aercca calcula que hay 180.000 viviendas en las que se han instalado repartidores de costes de calefacción, un 15% del total (1,2 millones de inmuebles).
España tiene ahora dos meses para responder a esta carta de la Comisión Europea. Mientras, otras comunidades autónomas, como Madrid, están haciendo sus deberes y preparan desde hace meses su propia normativa referente a eficiencia energética y contabilización de consumos de calefacción. Que salga o no adelante porque pueda chocar con la legislación que viene de Europa será otro capítulo, aún no cerrado.
Fuente: http://www.elmundo.es/
