Desde julio y hasta el próximo 1 de septiembre, todos aquellos hipotecados que quieran reclamar los gastos de su hipoteca podrán sumarse, si así lo deciden, a la demanda colectiva interpuesta por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) contra Santander, CaixaBank, Bankia y Banco Sabadell y en la que que reclama la anulación de la cláusula de gastos hipotecarios y la restitución de las cantidades.
El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite la demanda colectiva, pero además ha habilitado los dos próximos meses para que los consumidores que suscribieron una hipoteca con alguna de las cuatro entidades bajo tales condiciones se sumen a un procedimiento en el que ya se ha personado la Fiscalía de Madrid.
"El objetivo de la demanda es obligar a los bancos a que cesen en la aplicación de estas cláusulas y devuelvan, además, todo el dinero percibido de forma indebida", explica Agenor Gómez, abogado encargado de la dirección letrada.
La demanda supone un nuevo frente judicial para la banca, similar a la demanda colectiva que lideró Ausbanc con 15.000 afectados por las cláusulas suelo. En esta ocasión y, según los cálculos de Asufin, en España existen unos ocho millones de consumidores que se han visto perjudicados por lo que consideran un "abuso" de la banca, que carga sobre sus clientes una serie de gastos que, por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular. Afectados que, en su conjunto, podrían hacer un nuevo agujero a la banca de 1.500 millones de euros, calculan desde esta asociación que lidera Patricia Suárez, más conocida en redes sociales como Wonder Woman.
Desde Asufin estiman un desembolso medio entre 2.000 y 3.000 euros que, si bien a diferencia de otros casos como las cláusulas suelo "no son un dineral, sí ocasiona un perjuicio porque es algo que se paga innecesariamente", asegura Patricia Suárez.
¿Qué gastos se reclaman?
En concreto, la demanda reclama los costes de notaría, registro de la propiedad, impuesto de actos jurídicos documentados, verificación de la situación registral, tasación y gestoría, y amplía el espectro de acción no sólo a los gastos iniciales de constitución de hipoteca, sino también a los de su modificación, subrogación y cancelación.
En diciembre de 2015, la sala de lo Social del Tribunal Supremo ya declaró abusivo que los clientes tuvieran que afrontar, obligatoriamente y sin negociación previa, todos los gastos en una sentencia contra BBVA, a la que, sin embargo, no condenaron a restituir las cantidades recibidas en este concepto. "El BBVA se negó a compensar a los afectados y retó a sus clientes a acudir a los tribunales, mientras que hace unos días Bankia hizo pública una carta donde subrayaba que no iban a proceder a la devolución de los gastos generados en la formalización de los préstamos hipotecarios”, recuerdan desde la asociación.
“Las entidades no se están dando por aludidas, siguen obligando a sus clientes a hacerse cargo de todos los gastos de formalización de la hipoteca. Una vez más, sólo nos queda acudir a los tribunales”, sentencia Patricia Suárez.
Los gastos reclamados son. notario, registro, AJD, verificación de situación registral, tasación, gestoría y también modificación, subrogación y cancelación
Para Agenor Gómez, la consecución de la nulidad no es tanto la falta de transparencia alegada con otros productos financieros, como el "desequilibrio" impuesto por los bancos a su favor sino a una imposición que va en contra de la Ley de Consumidores. A la espera de un fallo, según el letrado, es el Tribunal Supremo quien debe antes sentar en pleno una doctrina que vincule a todos los juzgados y reconozca el derecho de los consumidores a ser resarcidos.
"Estamos en un escenario muy duro", reconoce Patricia Suárez, que ha criticado que las últimas operaciones sobre Popular y Banco Mare Nostrum (BMN) por parte de Santander y Bankia, perfilan una situación de "concentración bancaria" en la que va a ser "más difícil defenderse" para el cliente. Por ello, insta a los hipotecados de los cuatro bancos contra los que se dirige la reclamación para que se adhieran al procedimiento ya sea a través de la asociación o por medio de su propio abogado, sin necesidad de afiliarse.
Tres demandas contra toda la banca
La estrategia jurídica y procesal que se ha seguido, definida por el letrado experto en acciones colectivas Agenor Gómez, es la de una única demanda que agrupe varios bancos. Además, según señala el abogado, “el fundamento de la declaración de nulidad no es tanto la falta de transparencia como el desequilibrio impuesto por los bancos a su favor, que hacen recaer sobre los consumidores la totalidad o mayor parte de los gastos, sin una distribución equitativa, y trasladando al consumidor costes que legalmente les corresponden a los bancos, cuando la garantía hipotecaria también beneficia a las propias entidades que obtienen un título ejecutivo privilegiado.”
Patricia Suárez ha reconocido que "al ser una demanda colectiva el procedimiento es mucho más largo que si el cliente fuer a de manera individual, pero cuantos más afectados se sumen, mayor será la presión contra la banca. Además, así pretendemos evitar el colapso de los juzgados y no ralentizar el procedimiento judicial". Y ha apuntado que el coste de sumarse a dicha demanda pasa por el pago de 50 euros anuales derivados de asociarse a Asufin, además de otros 60 euros -único pago- por el procedimiento judicial -primera y segunda instancia, Tribunal Supremo, etc-.
Además de esta demanda, Asufin ha interpuesto otras dos contra Bankinter, Banco Popular, Banco Pastor, Abanca, Kutxabank, Deutsche Bank, ING y Caja España, que posteriormente ampliará contra entidades como Liberbank, Ibercaja o Cajamar para dar cobertura a unos afectados que apuestan por la vía judicial "no ya por cuestión de dinero, sino de justicia". Es decir, el frente judicial se ha abierto contra todo el sector financiero español.
