La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado modificaciones en el decreto que regula las viviendas turísticas en la región. Dentro de las novedades destaca la posibilidad de las comunidades de vecinos para prohibir las viviendas de uso turístico si sus estatutos lo recogieran de forma expresa. El documento se publicará mañana en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid y habrá un plazo de 15 días de información pública para interponer alegaciones.
El nuevo texto pretende también que las plataformas por las que se comercializan las viviendas turísticas estén sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo cuando se incumplan las normas básicas de convivencia. Se considera infracción grave no cumplir las obligaciones de información, por ejemplo, que la vivienda no esté incluida en el registro de la Comunidad de Madrid. Algo que ocurre de forma habitual, aunque el Gobierno regional no cuenta con datos concretos porque no ha realizado ningún estudio específico. Para imponer sanciones es necesario que las plataformas sean consideradas empresas turísticas, un punto especialmente conflictivo que contempla la nueva normativa.
El decreto incorpora además la eliminación de la restricción de no poder alquilar por habitaciones y, tal como exigía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el requisito de contratación por un tiempo inferior a cinco días. Cifuentes ha indicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, que el PP no está en contra de las viviendas turísticas, porque consideran el servicio un derecho, pero sí que apoyan una regulación que mejore la calidad turística y la seguridad ciudadana.
En este sentido, el documento incorpora la obligatoriedad de tener contratado un seguro de responsabilidad civil, disponer de hojas de reclamaciones o respetar la ratio de capacidad de personas que se pueden alojar en función de las dimensiones de las casas. Además, propone la creación de un Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), un documento técnico que garantizará al usuario de la vivienda que esta cumple unos requisitos que garanticen su seguridad y comodidad (como disponer de calefacción o agua fría y caliente, además de fuentes de energía suficientes, entre otros).
El Gobierno regional también ha mantenido contactos informales con el Ayuntamiento de Madrid, "aunque la capacidad normativa es de la Comunidad", ha apuntado Cifuentes. En su opinión, el Consistorio tiene una visión "básicamente prohibicionista que no compartimos". Lo que pretende el PP es compatibilizar la actividad turística de los hoteles con la de los apartamentos turísticos. "Vamos a seguir hablando con los ayuntamientos, incluido el de Madrid, porque ellos tienen un margen para regular vía ordenanzas", ha puntualizado la presidenta. Al mismo tiempo, se ha manifestado en contra de la llamada tasa turística o de la moratoria para la construcción de hoteles que quieren imponer algunos Consistorios.
En cuanto a las sanciones futuras que contempla el decreto, la presidenta ha indicado que habrá que reforzar las inspecciones. Esto se hará "en colaboración con los ayuntamientos y se tendrá que implicar el de Madrid", ha advertido. Cifuentes ha recordado que, según un estudio del Consistorio, el caso madrileño no es comparable al de Barcelona, donde se percibe la proliferación de este tipo de viviendas como un problema.
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