La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exigió hoy al Gobierno central que estudie cuanto antes “cómo se va a resarcir a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos” que van a sufrir después de que el Tribunal Constitucional haya determinado nulos algunos aspectos de la Ley de Haciendas Locales referidos al impuesto de plusvalía. El alto tribunal determinó el pasado 11 de mayo que cuando se compruebe que en la venta de un inmueble no se ha producido un incremento de valor del terreno, no podrá ser cobrado dicho tributo.
“No puede ser que el coste de un impuesto mal diseñado por el legislativo lo que tengan que soportar las haciendas locales, subrayó en rueda de prensa el presidente de este organismo, el socialista Abel Caballero, tras finalizar la reunión de la Junta de Gobierno.
“Si hay que proceder a realizar las devoluciones de las cantidades cobradas de más, nos tendrán que resarcir al 100%”, añadió.
En este sentido, la Federación reclamó al Ejecutivo que emprenda las iniciativas legislativas necesarias para garantizar que el cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalía, se ajuste a los contenidos de las sentencias emitidas por el Constitucional.
Desde las corporaciones locales defienden que con ello se “trata de evitar el vacío legal y la inseguridad jurídica que se ha generado”. Estas mismas fuentes confirman que son los interventores quienes están tratando de solventar los conflictos “con su buen criterio”.
La FEMP acordó en su reunión de ayer y en respuesta a la solicitud del Ministerio de Hacienda remitir hoy mismo un documento que recoja la posición de este organismo sobre este asunto. Su propuesta plantea dos posibles fórmulas para probar si ha habido o no incremento del valor de los terrenos en la transacción inmobiliaria.
El papel del Catastro
La primera opción pasaría por encargar al Catastro, organismo dependiente de Hacienda, que elabore un índice anual que evalúe cada ejercicio la evolución del valor de los suelos. “Ese índice recogería el aumento o disminución de ese valor ; de manera que se muestre la evolución del mercado”, explicó Caballero.
En esta línea, si se adoptara esa opción, el presidente de la FEMP considera que se dispondría de un “índice objetivo, una descripción razonable del mercado”.
La otra línea de actuación propuesta sería la de calcular la base imponible del impuesto con una sencilla operación en la que se restaría al precio de venta, el de compra, dando como resultado “la plusvalía o minusvalía real de la operación”.
“Ofrecemos nuestra cooperación, pero pedimos que se actúe con celeridad”, reiteró Caballero, quien insistió en que se trata de una situación de inseguridad jurídica que no puede esperar.
Preguntado por si esta organización que representa a todos los municipios de España ha efectuado algún cálculo sobre cuánto dinero tendría que ser devuelto por la plusvalía cobrada de más, el también alcalde de Vigo admitió que no se ha realizado ese estudio. Caballero se remitió a las cifras que maneja el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Hacienda estima que en 2016 los consistieron recaudaron en torno a 2.000 millones de euros por plusvalía.
El impuesto de plusvalía grava el incremento del valor de un terreno entre el momento en el que el titular lo adquirió y el de su venta, y se calcula únicamente teniendo en cuenta el valor catastral del suelo en la fecha de su transmisión y los años transcurridos desde ésta hasta la venta posterior. La regulación del tributo calcula por defecto un incremento del valor de los terrenos, independientemente de que ello ocurra o no en realidad. Precisamente en los supuestos en los que no se puede demostrar que haya habido esa plusvalía o ganancia de valor es en los que el Constitucional ha determinado que el impuesto es contrario al principio de capacidad económica.
El alto tribunal rechaza que determinados propietarios paguen impuestos a pesar de que en realidad su terreno no registró un incremento de su valor. Desde la Agencia Tributaria de Madrid, el ayuntamiento más grande de España, se defiende que la capital es una de las ciudades donde menos han caído los precios de los inmuebles, por lo que previsiblemente los efectos de la sentencia en términos de recaudación serán “poco considerables”. La recaudación de la plusvalía en 2016 superó los 600 millones.
CÓMO ACTUAR SI USTED HA VENDIDO UN INMUEBLE SIN GANANCIAS
Hasta que Hacienda reforme la ley, los expertos recomiendan actuar con prudencia.
Transacciones. No todas las operaciones están afectadas por el cambio que se avecina en la norma. Si la venta se realizó antes de los últimos cuatro años (antes de 2013), que es el plazo en el que prescriben los impuestos, no se podrá reclamar lo pagado supuestamente de forma indebida.
Documentación. Los expertos recomiendan a quienes vendieron sin obtener plusvalías que no esperen a realizar la reclamación o recurso correspondiente y aporten desde el primer momento toda la documentación (escrituras o informe pericial si lo tuvieran) con la que pretenden probar esa ausencia de ganancias.
Cantidades a devolver. A nivel global es difícil determinar qué cantidad tendrán que devolver los ayuntamientos por la plusvalía cobrada indebidamente, si bien cada municipio podrá hacer sus estimaciones en los próximos días. Tinsa estimó recientemente que en España un total de 550.000 viviendas vendidas en los últimos cuatro años han podido tributar de más por este impuesto.
Fuente: http://www.cincodias.com/
