7/6/17

Los ayuntamientos quieren que Hacienda asuma las devoluciones por el impuesto de plusvalías

El fallo del Tribunal Constitucional que anuló parte del impuesto de plusvalía municipal amenaza con provocar otro enfrentamiento entre los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda. La sentencia de mayo invalida la tributación cuando se producen pérdidas en la venta del inmueble, lo que previsiblemente provocará la reclamación de muchos contribuyentes a los que se les aplicó el gravamen de manera indebida dentro de los cuatro años todavía no prescritos. Un escenario que temen en las corporaciones locales por el impacto que puede tener en sus arcas presupuestarias. Por eso la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se apresuró este martes a indicar que deberá ser Hacienda quien tenga que «resarcir al 100%» a los ayuntamientos por las posibles devoluciones. Un mensaje que no sentó nada bien en el departamento que dirige Cristóbal Montoro, que ya mantiene disputas con los municipios por la regla de gasto que limita la reinversión del superávit fiscal.

«El impuesto es aprobado por el (poder) legislativo y no se puede hacer responsable a los ayuntamientos», explicó el presidente de la FEMP, Abel Caballero, para justificar que sea el Gobierno quien asuma el coste total de las devoluciones por haber «diseñado mal» la figura tributaria. De hecho, el también alcalde de Vigo fue más allá y solicitó al Ejecutivo que reúna de forma urgente un grupo de trabajo para estudiar «de qué forma se va a compensar a los ayuntamientos en aquellos casos en el que los tribunales decidan que debe haber una devolución».

Caballero no adelantó ninguna estimación sobre el impacto de las reclamaciones, aunque sí admitió que habrá un «daño» a las arcas municipales que espera sea cubierto por Hacienda. «Queremos que nos diga cómo nos va a resarcir», señaló. De momento, los ayuntamientos de algunas grandes ciudades como Madrid ya han empezado a calcular el importe que podrían verse obligados a desembolsar. Hay que tener en cuenta que en 2016 los municipios recaudaron casi 2.000 millones por este impuesto, aunque la sentencia del Constitucional sólo afectaría a lo ingresado por viviendas que no tuvieron plusvalía en la operación de compraventa. El resto seguirían gravadas.

Asimismo, la FEMP «urgió» al Gobierno a reformar el impuesto de plusvalía para poner fin al «vacío legal y a la inseguridad jurídica» que este fallo genera. De hecho, Caballero instó al Ejecutivo a tomar medidas ya «en junio» y no esperar al dictamen de la comisión de expertos en financiación local. Es más, lamentó que no se hubieran abordado los cambios antes a pesar de que, según afirmó, la federación ya advirtió desde 2015 al Ejecutivo de la necesidad de modificar el impuesto.

Dos alternativas

En este sentido, la FEMP remitió este martes al Gobierno dos propuestas para reformar el tributo. La primera consiste en fijar la base liquidable del impuesto con criterios y normas objetivas de manera que el Catastro elabore un índice anual, de corto plazo, sobre la evolución del valor de los suelos de naturaleza urbana. El índice recogería el aumento o disminución de ese valor de forma que se muestre la evolución del mercado. Si el informe señala que los precios han crecido habría plusvalía y se gravaría el impuesto. En caso contrario no tendría impacto.

La segunda opción que plantean desde la FEMP es calcular la base imponible para ser gravada mediante el valor de venta del inmueble menos el valor de compra. Si es positiva hay plusvalía y actúa el impuesto. Esta fórmula sería las más sencilla para los contribuyentes ya que, en principio, bastaría con el precio que apareciera en las escrituras de venta y de adquisición para saber el resultado.

Este martes desde Hacienda guardaron silencio, aunque confirmaron haber recibido el informe de la FEMP. La intención es analizar el documento y en los próximos días ofrecer una respuesta. En juego está saber sobre qué administración recaerá el impacto de las devoluciones y, por tanto, perjudicará su Presupuesto y déficit. Mientras tanto, los contribuyentes deberán seguir pagando el impuesto y reclamar después en el ayuntamiento mediante una rectificación de autoliquidación.

 
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