La resolución de los problemas derivados por la aplicación de las cláusulas suelo da un nuevo paso hacia adelante con la habilitación de los 54 tribunales repartidos por toda España que tramitarán desde este jueves las reclamaciones judiciales de los afectados por la limitación de los tipos de interés hipotecarios. Sin embargo, son muchas las trabas que aún quedan por resolver y, sobre todo, demasiados los medios materiales y humanos necesarios para que estas salas puedan funcionar a pleno rendimiento y evitar otro colapo, si llegan las más de 200.000 demandas previstas por las organizaciones de usuarios.
La medida llega cinco meses después de que el Gobierno aprobara el mecanismo extrajudicial de reclamación, por el que los clientes bancarios podían solicitar a sus entidades la devolución de las cantidades cobradas de más en sus préstamos por la aplicación de los suelos. Pero se da la circunstancia que, salvo entidades muy concretas, los reintegros no se han generalizado. Es más, son muchas las trabas que aún ponen las entidades para aceptar el abono correspondiente a sus hipotecados.
Si se encuentra entre quienes ya han recibido la comunicación oficial de la entidad por la que rechazan la posibilidad de devolver esas cantidades pagadas en exceso, puede acudir a la justicia. Y lo hará a través de estos tribunales especializados en cláusulas suelo. Este es el camino:
1.- Si está dispuesto a comenzar la vía judicial, debería contar con todos los documentos en los que su banco ha rechazado la posibilidad de realizar la devolución, así como aquellos que justifiquen su postura (escritura hipotecaria, anexos a la misma, contratos de vinculación o respuesta de organismos como el Servicio de Reclamaciones del Banco de España).
2.- Para iniciar el trámite, el afectado tiene que acudir a la correspondiente Oficina de Registro y Reparto judicial -como en cualquier otro proceso de primera instancia-, que será la que derive el caso a estos juzgados creados desde este jueves para su tratamiento. En cualquier caso, habrá 54 tribuanales especiales en toda España, esto es, uno por cada provincia.
3.- Existe la obligación legal de contar tanto con un abogado que ejerza la labor de defensa, como la de un procurador. La normativa exige que cuando se trate de conflictos de reclamación dineraria por cantidades que, como suele ser el caso, son cuantiosas, es imprescindible la asistencia de ambos expertos.
4.- Una vez derivado el caso al tribunal especializado que le corresponda, será el magistrado designado a tal efecto el que se encargue de la resolución del conflicto, como en cualquier otra circunstancia que vaya por la vía judicial. Fuentes judiciales señalan que la tramitación de este tipo de demandas bancarias podría ser «bastante mecánica», y por lo tanto más ágil que el resto de casos, aunque «todo dependerá del número de reclamaciones judiciales que se presenten».
5.- Con la sentencia definitiva, el cliente bancario -y la parte contraria, esto es, la entidad- podrán recurrir la decisión del juez, porque se trata, en realidad, de un juzgado de primera instancia a efectos jurídicos.
Hasta ahí la teoría. Porque la práctica, al menos por el momento, dista mucho de ese camino. Aunque este jueves se haya iniciado el proceso de habilitación de las 54 salas especiales, en realidad la mayoría aún no cuentan con efectivos profesionales para tratar las demandas que lleguen. Ni siquiera hay unanimidad en cuanto al tipo de tribunal puesto en marcha, debido a que las competencias se encuentran transferidas, en muchos casos, a las comunidades autónomas.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha habilitado un juzgado 'bis'anexo al de primera instancia; en otras regiones se han dotado de refuerzos, pero no se ha puesto en marcha una sección específica; en otros territorios aún son reacios a aplicar esta novedad; y en varios alegan que no cuentan con dotación presupuestaria para ello.
La idea del CGPJ es que por cada 1.000 demandas que lleguen para tratar las cláusulas suelo, se habilite un juzgado diferente, algo que desde uno de los sindicatos de trabajadores de justicia, CSIF, consideran que provocará un «colapso». Los trabajos «van a empezar con mucha carga de trabajo y además sin experiencia», afirma Juan José Corral, portavoz del sector de justicia de la organización.
Fuente: http://www.finanzas.com/
