El plan urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer frente al previsible aumento de litigios relacionados con las cláusulas suelo a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 entrará en vigor este jueves.
La iniciativa, aprobada el pasado 25 de mayo por el CGPJ, consiste en la especialización en materia de cláusulas suelo de 54 juzgados de Primera Instancia --uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-- para hacer frente al previsible aumento de litigios relacionados con este asunto a partir de este jueves. El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse si es necesario.
De este modo, los 54 juzgados asignados conocerán a partir de mañana los litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa de manera exclusiva y no excluyente.
A este respecto, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha explicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y a los representantes de las consejerías autonómicas con competencias transferidas en esta materia que el objetivo del plan es garantizar el tiempo de respuesta normal de un juzgado de primera instancia ante el previsible aumento de litigios.
Por su parte, Catalá ha asegurado que su departamento nombrará tantos letrados de la Administración de Justicia como sean necesarios para esos juzgados, siempre que la carga de trabajo lo justifique.
CSIF advierte del "riesgo de colapso"
No obstante, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la puesta en marcha de este plan se efectuará sin planificación de recursos, por lo que advierte del "riesgo de colapso" ante los 200.000 expedientes que se avecinan.
El sindicato considera "lamentable" que a falta de un día de ponerse en marcha la iniciativa se desconozcan los medios materiales y humanos con los que contarán los funcionarios de estos de los juzgados especializados.
Además, sostiene que los funcionarios de estos órganos no tienen "ni idea" de los procedimientos a tener en cuenta para atender este tipo de demandas, ni de cuánta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio. "Desde CSIF asistimos con preocupación a la falta de coordinación, al exceso de improvisación y a la puesta en marcha de esta iniciativa", indica CSIF en un comunicado.
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