Defender unos alquileres justos, estables y asequibles, combatir el abuso inmobiliario y reclamar una regulación son los objetivos del primer Sindicato de Inquilinos (Sindicat de Llogaters), que se ha presentado hoy públicamente en Barcelona, donde hay más de 200.000 familias que viven de alquiler.
"Los salarios bajan, y la especulación nos ahoga y nos desposee de nuestros ingresos cuando los contratos se acaban", ha denunciado uno de los portavoces del nuevo sindicato Jaume Palomera, que ha asegurado que en Barcelona aún hay 9 desahucios diarios, de los que un 83% son por impago del alquiler.
El sindicato ha surgido por el incremento de los precios de los alquileres, que en el último año han subido de media un 9%, y en Barcelona ya se sitúa en una media de 801 euros mensuales por un piso pequeño.
Defiende el uso residencial frente al turístico
Palomera ha instado a derogar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), que en 2013 redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años, para conseguir estabilidad de los contratos del alquiler y evitar "desahucios invisibles" de los inquilinos que son expulsados de sus viviendas.
Otra de las portavoces del sindicato, Irene Sabaté, ha pedido la implicación al Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en un índice de referencia vinculante que evite la expulsión de los vecinos de sus viviendas y ha reclamado priorizar el uso residencial de las viviendas por encima de cualquier otro, como el financiero -como inversión- o el turístico que arrasa en la actualidad.
Tras la creación de este sindicato, que cuenta ya con un consejo de entidades de apoyo como la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona o el Observatorio Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), se ha creado otro en Madrid, y según Sabaté, "está naciendo" otro en Gran Canaria.
Según Sabaté, el actual modelo de alquiler barcelonés destruye el tejido local, donde los barrios pierden las viviendas residenciales, y los ingresos de los vecinos, afectados por el espiral de incremento de precios del mercado, no llegan a cubrir el pago de la vivienda, mientras que sufren la presión de grandes inversores que de forma sistemática compran edificios enteros.
La portavoz ha denunciado también el deterioro material de las viviendas, que no se corresponde con el precio del alquiler y ante el que el inquilino entra en un conflicto con el propietario, que "abusa de la situación de indefensión".
Protege y asesora al inquilino
Por ello, una de las propuestas del sindicato es proteger al inquilino y proporcionarle asesoramiento técnico y jurídico a través de un mediador e intermediarios cuya finalidad es llevar a cabo prácticas para que las partidas del contrato sean equilibradas, y ambos, propietarios e inquilinos, se repartan los costes equitativamente.
El sindicato, que firmó el Manifiesto de Vía Laietana por la creación de más viviendas públicas, ha anunciado que "actuarán por todos los medios posibles" para ejercer presión social y conseguir alquileres justos y asequibles, e incluso han hablado de una posible movilización ciudadana para darse a conocer.
El sindicato ha hecho un llamamiento ciudadano para llevar a cabo una campaña de micromecenazgo con la que pretenden recaudar 20.000 euros, que permita dar apoyo a los voluntarios que trabajan en el asesoramiento de inquilinos, los que se podrán afiliar con una cuota base de 30 euros al año.
Fuente: http://www.eleconomista.es/
