El Gobierno decidió en 2012 dar un giro de 180 grados a la política de vivienda que, con distintos matices según el color político del Gabinete, había imperado desde el inicio de la democracia. Esta estuvo siempre basada en facilitar el acceso a una vivienda de protección oficial (VPO) sobre todo en régimen de propiedad a las familias con menos recursos. Pues bien, el nuevo plan plurianual del Ministerio de Fomento, vigente para el periodo 2013-2016, desterró esa modalidad y centró todos sus esfuerzos en alquiler y rehabilitación.
¿Cuál ha sido el resultado de ese cambio de estrategia? Pues lo cierto es que aunque los efectos de estas actuaciones tardan años en fructificar, casi cinco ejercicios después las cifras avalan que en materia de alquiler se ha avanzado, pero no por las ayudas públicas que lo incentivan frente a la compra. Básicamente, hoy residen más hogares en régimen de arrendamiento por haber sido expulsados del mercado de la propiedad (ante la falta de renta para comprar y precios de los inmuebles todavía elevados) o por elección y convencimiento personal ante el cambio social y cultural que ya muchos expertos corroboran tras los estragos perpetrados por el sobreendeudamiento en muchas familias españolas.
Y en materia de rehabilitación no se ha logrado superar el volumen de visados de reforma que se contabilizaban ni antes de la crisis, en los primeros años 2000, ni durante los años posteriores al estallido de la burbuja (2008-2012), cuando ante la imposibilidad de comprar vivienda se detectó un repunte de las obras de reforma o rehabilitación.
Las últimas cifras de visados publicadas por el Ministerio de Fomento, correspondientes al cierre de 2016, constatan que el año pasado se visaron 25.880 permisos para reformar o rehabilitar viviendas, lejos de los 46.537 de 2001, máximo de la serie que se alcanzó en plena era alcista de la economía y la construcción, y también inferior o muy similar a los volúmenes de permisos suscritos de 2008 a 2012 (ver gráfico). Desde Fomento, no obstante, recalcan que el número de viviendas a rehabilitar aumentó un 4,6% en 2016 con respecto al año anterior. Y también, según los datos de visados de dirección de obra, el presupuesto para rehabilitación en los últimos dos años fue un 36,1% mayor que el de los dos años anteriores..
Así, pese a esas mejoras puntuales, lo cierto es que los incentivos que incluyó el plan de 2013-2016 para impulsar esta actividad han tenido escaso eco. Por ello, la reforma que prepara Fomento para 2018 está poniendo especial atención en analizar qué medidas no están funcionando para mejorarlas y hacerlas más efectivas.
Todo esto justo ahora que se recupera a buen ritmo la producción de casas, ya que los visados de nueva construcción crecen a tasas cercanas al 20% cuando aún resta por conocer el cierre del año. Y es que el mercado vuelve a necesitar en determinados enclaves nuevas promociones ante el parón que había sufrido durante los peores años de la crisis. Prueba de ello es que la venta de casas a estrenar cerró 2016 en mínimos históricos: apenas 75.616 viviendas nuevas vendidas el año pasado frente a las 326.382 de 2007.
Entre las medidas que Fomento está estudiando introducir en el nuevo plan de vivienda se encuentra modificar la antigüedad mínima que han de tener los edificios o viviendas para poder beneficiarse de ayudas a la rehabilitación. Si en el programa actualmente en vigor debe tratarse de inmuebles edificados antes de 1981, se está barajando que también sean susceptibles de ser subvencionadas las obras para reformar o rehabilitar casas construidas antes de 1996.
Si los trabajos tienen como objetivo la mejora de la eficiencia energética, el equipo del ministro Íñigo de la Serna valora que las ayudas públicas pasen del 30% y el 40% actual del importe de la obra incluso al 75%, si los destinatarios tienen rentas muy bajas, de hasta 1,5 veces el Iprem (7.455,14 euros al año con 14 pagas). El mismo porcentaje, del 75%, se financiaría en el caso de que las subvenciones se destinasen a mejorar la accesibilidad y movilidad.
Ampliar el universo de casas a reformar
El análisis de qué ha funcionado y qué no del actual plan de vivienda arroja numerosas conclusiones. Una de ellas es comprobar cómo las dificultades que actualmente existen para que comunidades de vecinos enteras puedan ponen en marcha proyectos de rehabilitación tienen su origen en los requisitos que exige el plan para tener acceso a las subvenciones públicas. Por ello, otra de las reformas más importantes que está en estudio es modificar las condiciones exigibles a cada uno de los titulares de las viviendas que forman parte de las comunidades de propietarios que vayan a emprender obras de forma colectiva. Además de mejorar la eficiencia del plan plurianual, cuya vigencia parece que seguirá siendo de cuatro años (2018-2021), el objetivo que se persigue conseguir con estas modificaciones es ampliar el universo de potenciales casas que podrían beneficiarse del nuevo plan de unos 13 millones a más de 18 millones, con lo que ello supondría para la actividad económica y la generación de empleo en un negocio que es muy intensivo en mano de obra. Fuentes de Fomento explicaron que durante los años 2014, 2015 y 2016, el Ministerio transfirió a las comunidades autónomas para ayudas a la rehabilitación edificatoria 280,6 millones de euros.
Fuente: http://www.cincodias.com/
