Las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros completan el conjunto de actuaciones que se han llevado a cabo desde 2012, cuando el Gobierno aprobó el primer decreto exprés para hacer frente a las situaciones por las que debían atravesar muchas familias desahuciadas al no poder pagar la hipoteca de su vivienda.
Fuentes del Ministerio de Economía, de quien depende la aprobación del decreto, explicaron que desde 2012 se han beneficiado de estas medidas más de 78.600 familias. Además, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) al que están adheridas 93 entidades financieras. Gracias a este mecanismo se han podido llevar a cabo 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago. Asimismo, se han adjudicado un total de 9.020 casas a través del Fondo Social de Viviendas.
De esta forma, el real decreto ley amplía el plazo de suspensión de los lanzamientos hipotecarios (desahucios) tres años más, hasta 2020. Y también modifica los criterios que deberán cumplir las familias para poder acogerse tanto al CBP, como a la moratoria del desahucio, de tal manera que se equiparan y amplían. Podrán beneficiarse de ambas iniciativas las familias de las que forme parte un menor de edad, en lugar de un menor de tres años, como establecía la norma hasta ahora. También serán considerados beneficiarios las unidades familiares monoparentales con hijos a cargo, lo que mejora la situación actual por la que solo recibían ayuda si eran hogares monoparentales con dos hijos.
Supuestos de desempleo
Otra de las modificaciones contempla extender al CBP la posibilidad de adherirse al mismo la unidad familiar en la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; y se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Este es uno de los requisitos que se aplicaba a la suspensión del desahucio que ahora se amplía al CBP.
Otro de los colectivos a los que se amplía la aplicación de estas medidas es a los hogares donde exista una víctima de violencia de género y también a aquellas unidades familiares en situación de desempleo, a las que se elimina el requisito de que tengan que haber agotado las prestaciones por paro.
Por otro lado, el Gobierno también decidió permitir que a los deudores hipotecarios ejecutados se les permita continuar en la vivienda en régimen de alquiler en condiciones favorables. La petición del arrendamiento deberá realizarse dentro de un plazo determinado. La norma establece que el preciomáximo anual de la renta a pagar no podrá superar el 3% del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación. El alquiler durará cinco años, prorrogables otros cinco de mutuo acuerdo entre las partes (ejecutado y adjudicatario).
Plan con el PSOE para recuperar la propiedad del piso
Al mismo tiempo que el Gobierno ha dado luz verde a este real decreto, ha cerrado un acuerdo con el PSOE para presentar en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de la nueva norma un plan con medidas cuyo objetivo fundamental será facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda a las personas más vulnerables que estén inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria.
Algunas de estas medidas permitirán el descuento de parte de las cantidades aportadas por la persona desahuciada para la amortización del préstamo hipotecario o las mejoras realizadas durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento. Entre otras medidas, las fuentes consultadas aseguran “un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, evitando situaciones de asimetría”.
“El objetivo es que los acreedores compartan las pérdidas con los ejecutados y se descuente del precio a percibir por el banco una parte pagada por el ejecutado y que solo cubrió el aumento artificial de precio causado por la oferta excesiva de crédito y la burbuja inmobiliaria”, señalan desde el PSOE.
En este objetivo se enmarca la posibilidad de que aquellas personas que hayan sido desahuciadas y que se encuentren “en el umbral de exclusión”, puedan solicitar y obtener el alquiler de la misma casa por una renta anual máxima del 3% de su valor. Desde el Ejecutivo confían en que con este nuevo paquete de medidas las familias con menos recursos tengan más oportunidades de no perder de forma definitiva su vivienda. Además, con la opción de reestructurar la deuda o residir de alquiler y luego poder recuperar la propiedad, Economía espera que disminuya la exposición de la banca al inmobiliario.
Fuente: http://www.cincodias.com/
