Las medidas de protección a familias vulnerables que el Gobierno impulsó en 2012 para atajar la oleada de desahucios mediante el desarrollo de un código de buenas prácticas hipotecarias al que se han ido adhiriendo las entidades financieras ha beneficiado a un total de 78.600 familias, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Economía.
En concreto, según un comunicado remitido por el Ministerio, desde su puesta en marcha se han suspendido 24.000 lanzamientos hipotecarios, 45.600 familias se han acogido al código de buenas prácticas mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago.
Esta última fórmula, la dación en pago, supone la entrega de la vivienda al banco por parte del deudor como única condición para dar por saldada la deuda, en contra de la práctica habitual de una ejecución hiptoecaria en que el cliente pierde la vivienda pero sigue pagando la deuda de por vida.
Además, la banca ha elevado la aportación de inmuebles al Fondo Social de Viviendas hasta alcanzar un total de 9.866 pisos. De ellas se han adjudicado un total de 9.020, lo que representa “más del 90%” de viviendas disponibles para acoger a familias vulnerables que pierden su hogar.
El fondo se creó en enero de 2013 con una dotación inicial de 5.892 viviendas que se conceden en régimen de alquiler social, de entre 150 a 400 euros al mes, con límite en el 30% de los ingresos de la familia. En paralelo, el Gobierno ha decidido extender la vigencia del fondo otros dos años hasta enero de 2019.
Los datos revelan el peso de las medidas del Gobierno en el panorama nacional en el que en 2015, según los últimos datos facilitados por el Banco de España, 37.000 familias entregaron su casa al banco. En 18.000 de los casos por orden judicial y en el resto mediatne un acuerdo, fudnamentalmente daciones en pago.
Potenciales beneficiarios
El Fondo Social de Vivienda está dirigido a determinados colectivos. “Pueden solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos”, recuerda el Ministerio.
Estos requisitos se añadieron los ya vigentes: se pueden acoger “personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples”, prosigue relatando el comunicado.
“Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores de edad a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social”, enumera la nota.
