Destacados responsables del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) se reunieron esta mañana con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, a quien solicitaron poder asumir más competencias para garantizar mejor la protección del comprador de vivienda.
Desde que en el año 2000 el Gobierno de entonces, también del PP, liberalizó por completo la profesión de agente de la propiedad inmobiliaria, este colectivo viene demandando a los sucesivos Ejecutivos una regulación de devuelva el prestigio a estos profesionales y, al mismo tiempo, mejore la seguridad jurídica del comprador de vivienda.
En esta línea se enmarca el encuentro que mantuvieron hoy responsables del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya.
Al número dos de Cristóbal Montoro trasladaron su “disponibilidad para conseguir un mercado inmobiliario más transparente y más seguro”. Y para conseguir este doble objetivo, los agentes de la propiedad inmobiliaria solicitaron a Hacienda asumir obligaciones “novedosas”, como registrar y comunicar a la Administración los contratos inmobiliarios que formalizan en el ámbito privado, en los que los API intervendrían como “profesionales garantes del buen fin jurídico y fiscal de las operaciones, y con la responsabilidad derivada”.
En un comunicado, el presidente del Consejo, Diego Galiano, señaló que “existiendo el cuerpo de API con regulación legal del año 2007, sería tan sencillo como dotarles de más contenido y utilizar sus conocimientos y responsabilidad en beneficio del mercado inmobiliario y sus usuarios”.
Además, Galiano indicó que “la intermediación inmobiliaria en un mercado sensible como el de la vivienda no es una cuestión menor, sino que debería considerarse de interés general para el Estado”. De hecho, los API recordaron que mientras en España es muy frecuente que la compraventa de una vivienda se resuelva entre particulares, sin la intervención de un profesional especializado en esta clase de operaciones, en la mayoría de países europeos o en EE UU esto es impensable.
Esto es así porque en esos otros mercados existe una gran concienciación por parte de la ciudadanía de las ventajas que entraña que un agente inmobiliario se encargue de intermediar en la venta de una vivienda. En esos países “prima la formación, titulación y regulación de los agentes inmobiliarios”.
Los agentes de la propiedad aprovecharon su reunión en Hacienda para exponer sus reivindicaciones fiscales en materia de vivienda y mostraron su preocupación por la “incomprensión” de la población sobre la plusvalía municipal y su método de cálculo, que hace que, incluso perdiendo dinero en la venta, haya que pagar este impuesto, de competencia municipal. Una polémica sobre la que está pendiente que se pronuncie el Tribunal Constitucional después de que algunos tribunales superiores de justicia hayan dado la razón a los contribuyentes.
Por último, realizaron una propuesta fiscal para aumentar la oferta de pisos en alquiler con el fin de moderar las rentas que en algunas grandes ciudades están originando tensiones en el mercado. La reunión también sirvió para abordar la actual problemática del alquiler turístico, un asunto que, apuntaron, genera una “gran preocupación” en muchas zonas de España.
