Las entidades financieras no sólo tendrán que atender a las miles de peticiones de devolución del dinero cobrado de más a sus clientes por las cláusulas suelo, sino que además deberán pasar el filtro que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establecerá para asegurarse de que estas compañías cumplen con las normas contables al incorporar esta contingencia millonaria.
Serán los auditores de estas compañías, así como las propias corporaciones, los que deban intensificar su labor a la hora de elaborar y certificar los estados financieros de cada entidad, tal y como ha advertido el regulador en su último informe de supervisión. Todos los bancos han tenido que actualizar las cifras que han provisionado para hacer frente a este conflicto hipotecario a raíz de la resolución del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) del pasado 21 de diciembre, donde se establecía la retroactividad total de los reintegros a realizar. En el caso de BBVA, estima en 577 millones la dotación -sobre un máximo que alcanzaría a los 1.200 millones-, mientras que CaixaBank se ha reservado por ahora 625 millones -como mucho supondrían 1.250 millones-; Sabadell 490 millones; Popular 229 millones; y Bankia 200 millones.
De los 317 informes que recibió la CNMV durante el año pasado referidos a las cuentas de 2015, el 97,5% contaban con una opinión favorable por parte de los auditores, prácticamente el mismo porcentaje que el ejercicio anterior.
La CNMV también pondrá especial atención a los resultados anuales de las empresas españolas con intereses en Reino Unido. Vigilarán de cerca el impacto que puedan tener en sus estados financieros el actual entorno económico y la evolución de los riesgos tras el anuncio del 'brexit'. Corporaciones como Iberdrola, Ferrovial e incluso bancos como Santander y Sabadell cuentan con actividades en las islas británicas.
El regulador ya ha publicado el manual en el que detalla los procedimientos exprés que ha habilitado para atraer a España a entidades ubicadas en Reino Unido como consecuencia de su salida de la Unión Europea. Este proceso consta de una prima fase de dos semanas de duración, que supondrá una especie de pre-autorización; y el segundo tramo, de formalización definitiva, no superará los dos meses.
