El sector inmobiliario arranca el año con buenas perspectivas sobre cómo se comportarán las ventas, los precios y la promoción de casas. Además, éste será el ejercicio en el que el Gobierno se ha comprometido a pactar con todos los agentes implicados el nuevo plan de vivienda para favorecer el acceso a un piso de las familias con menos recursos económicos.
Sin embargo, los primeros anuncios efectuados por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre la intención de crear un parque público de viviendas en alquiler para aquellas familias que hayan sido desahuciadas de sus casas o bien se encuentren en riesgo de exclusión social han generado numerosas dudas.
En primer lugar, el ministro anunció que la intención de su departamento es movilizar las casas en poder de la banca, otros tenedores públicos de inmuebles y también propietarios privados para ponerlas a disposición de los hogares que durante la crisis habían perdido su vivienda o no contaban con recursos suficientes como para acceder a un piso en el mercado libre.
Con este planteamiento la primera duda está clara: ¿Y qué ocurre con el Fondo Social de Viviendas que gestiona el Ministerio de Economía con casas procedentes de la cartera inmobiliaria de los bancos? Fuentes del sector financiero admiten que desconocen el detalle del plan que prepara Fomento, pero con las pistas dadas hasta ahora parece que “existen demasiadas similitudes y duplicidades con el proyecto puesto en marcha por el departamento de Luis de Guindos en 2012”.
La segunda gran duda que plantea esa iniciativa es conocer de cuántas casas se estaría hablando. Pues se trata de un gran misterio. Porque no solo bastaría con saber cuántas viviendas mantienen los bancos en sus carteras, sino que de ellas, cuántas serían susceptibles de ser alquiladas, ya que no todas estarían en condiciones de habitabilidad para ser arrendadas y, lo que es más importante, no todas se encuentran en localidades donde existe demanda de alquiler.
Grado de ocupación
El último dato oficial que maneja el Banco de España, que data de 2015, es que los bancos mantienen en sus balances un total de 37.000 millones de euros en viviendas adjudicadas.
Y el Fondo Social de Economía publica en su página web que en la actualidad gestiona un total de 9.866 casas para ser alquiladas por familias desahuciadas o en riesgo de exclusión social y reconoce que no todas ellas se encuentran ocupadas en la actualidad.
El titular de Fomento anunció tras la reciente celebración de la primera conferencia sectorial de vivienda de la legislatura que entre las novedades de esta iniciativa se encontraba la posibilidad de que fuera el Estado (Administración central y comunidades autónomas) quien pagara directamente la parte del alquiler subvencionado a los propietarios de las casas que se alquilaran.
Los expertos recuerdan en este punto la fallida experiencia de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que nació como un gran ente público de intermediación en el mercado de alquiler y tuvo que cerrar tras comprobarse las dificultades que entrañaba su gestión, incapaz de controlar una elevadísima morosidad.
Y, por último, los analistas advierten de la necesaria coordinación que requiere un parque de viviendas en alquiler social entre el Gobierno central y los Ejecutivos regionales.
Más ayudas fiscales para caseros e inquilinos
Las principales empresas que operan en el mercado de alquiler mostraron su satisfacción con el discurso del ministro de Fomento y su empeño por seguir revitalizando el arrendamiento de viviendas. Sin embargo, advirtieron que solo con más incentivos fiscales tanto a caseros como a inquilinos se logrará aumentar el porcentaje de familias que reside en alquiler, que en algunas grandes urbes alcanza ya incluso el 30%. El consejero delegado de Alquiler Seguro, una de las compañías líderes en intermediación, Antonio Carroza, recuerda que la gran mayoría de las viviendas vacías que existen en España se encuentran en manos de particulares.
Para vencer el miedo que aún existe por parte de muchos de esos propietarios a poner sus casas en alquiler, Carroza explica que “una política que quiera impulsar el sector del arrendamiento tiene que descansar necesariamente sobre dos aspectos básicos: la seguridad jurídica y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos”. “Con la puesta en marcha de estas dos medidas, actuaríamos de inmediato sobre la oferta, desbloqueándola; y así conseguiríamos un mercado más equilibrado que proporcionaría más casas y, por lo tanto, más familias tendrían acceso a una vivienda”, añaden desde Alquiler Seguro.
Las cifras que recopila el Banco de España procedentes de la encuesta de presupuestos familiares demuestran cómo en los últimos años no ha dejado de crecer el porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler. Así, mientras en 2001 (en plena vorágine económica e inmobiliaria) el 84,5% de los hogares residía en casas de su propiedad y solo el 9,6% eran inquilinos; en 2015 ese porcentaje había aumentado hasta un 15,6% de promedio, frente a un 77,3% de propietarios.
