10/1/17

Las cláusulas suelo se reclamarán en procesos extrajudiciales obligatorios


El Gobierno ideó un código de buenas prácticas para acelerar la devolución de lo que los bancos cobraron irregularmente con cláusulas suelo abusivas en las hipotecas. El PSOE no le dio su apoyo por considerarlo complaciente con las entidades financieras y estas lo rechazaron al calificarlo de inasumible. El Ejecutivo popular, según ha podido saber ABC, ha descartado ya ese protocolo de adhesión voluntaria y su plan ahora es aprobar un procedimiento extrajudicial vía real decreto, lo que en el fondo implica la obligatoriedad de su cumplimiento. Aunque, eso sí, quizá dé más margen a la banca para negociar con sus clientes.

Al igual que estaba previsto hacer en el citado código, el procedimiento fijará los plazos y las garantías que regularán la devolución. El objetivo sigue siendo, según el Ministerio de Economía, resolver con celeridad las reclamaciones y reducir la litigiosidad. En todo caso, la letra pequeña de ese procedimiento todavía se está estudiando, no solo en Economía sino también en el Ministerio de Justicia.

La intención del gabinete dirigido por Luis de Guindos era aprobar el código voluntario como anexo a un real decreto en Consejo de Ministros del pasado viernes. Sin embargo no logró el apoyo del PSOE, que reclamaba una normativa más exigente con la banca y que, además, se aprobase como proyecto de ley. Por eso, y hasta lograr el respaldo parlamentario necesario, el Gobierno pospuso su aprobación a la próxima reunión interministerial, que se celebrará el próximo 13 de enero, fecha que se mantiene en la agenda.

Ahora bien, y según fuentes financieras, la revisión de esos planes iniciales responde además a que el código ideado por el Ejecutivo se encontró con el rechazo frontal del sector financiero, que inicialmente, sin embargo, había manifestado en privado su voluntad de asumirlo. Las entidades consideraban que el código, pese a su supuesta voluntariedad, les obligaba a declarar automáticamente abusivos y nulos todos sus contratos y devolver todo el dinero, y les impedía valorar y negociar cada caso particular y defender sus intereses y los de sus accionistas.

 
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