La Audiencia Nacional celebra desde este lunes su primer juicio por una presunta estafa con la multipropiedad de unos apartamentos turísticos. Lo llamativo, amén del órgano encargado frente a lo habitual de resolverlo a nivel provincial -el Tribunal Supremo lo decidió al haber afectados de territorios distintos-, es la importancia de las penas solicitadas y que los bancos que financiaron las compras falsas se sientan en el banquillo como responsables civiles subsidiarios, esto es, que en caso de ser condenados pagarían a los afectados si los responsables directos resultan insolventes.
Los dos acusados se enfrentan a seis años de cárcel con arreglo al escrito de acusación de la Fiscalía, aunque los abogados de los afectados piden un castigo mayor. Se trata de Antonio González y Paul Van Zill, responsables de la agencia de viajes Mundo Mágico (con sede en Málaga) y toda una serie de filiales.
Se les considera presuntos autores de un delito continuado de estafa, por el que reclaman además 10.800 euros de multa a cada uno. A ello se unen los cerca de seis millones de euros en indemnizaciones para los 651 afectados reconocidos (la mayoría perdió, en promedio, entre 9.000 y 11.000 euros).
Según el fiscal, y bajo la apariencia de un negocio normal de venta de servicios turísticos y vacaciones en alojamientos hoteleros en régimen de multipropiedad, González uso técnicas «cada vez más agresivas» para captar clientes. Para ello aparentaba que su empresa tenía una «solvencia patrimonial» y una capacidad para cumplir que, en realidad, luego resultarían «inexistentes».
Y es que unas veces el complejo de apartamentos que promocionaba no era real, y otras no había adquirido los pisos que luego vendía. Para esquivar el control de la ley sobre multipropiedad, llegó a ofrecer incentivos a clientes antiguos con dinero de los nuevos simulando una inversión.
Los contratos de esta especie de club de vacaciones iban desde cinco a 20 años. A cambio de una cuota de ingreso de entre 3.000 y 12.000 euros anuales, cada socio tendría derecho a tres semanas anuales de alojamiento en los complejos anunciados.
