Hasta seis años de cárcel por una multipropiedad


La Audiencia Nacional celebra desde este lunes su primer juicio por una presunta estafa con la multipropiedad de unos apartamentos turísticos. Lo llamativo, amén del órgano encargado frente a lo habitual de resolverlo a nivel provincial -el Tribunal Supremo lo decidió al haber afectados de territorios distintos-, es la importancia de las penas solicitadas y que los bancos que financiaron las compras falsas se sientan en el banquillo como responsables civiles subsidiarios, esto es, que en caso de ser condenados pagarían a los afectados si los responsables directos resultan insolventes.

Los dos acusados se enfrentan a seis años de cárcel con arreglo al escrito de acusación de la Fiscalía, aunque los abogados de los afectados piden un castigo mayor. Se trata de Antonio González y Paul Van Zill, responsables de la agencia de viajes Mundo Mágico (con sede en Málaga) y toda una serie de filiales.

Se les considera presuntos autores de un delito continuado de estafa, por el que reclaman además 10.800 euros de multa a cada uno. A ello se unen los cerca de seis millones de euros en indemnizaciones para los 651 afectados reconocidos (la mayoría perdió, en promedio, entre 9.000 y 11.000 euros).

Según el fiscal, y bajo la apariencia de un negocio normal de venta de servicios turísticos y vacaciones en alojamientos hoteleros en régimen de multipropiedad, González uso técnicas «cada vez más agresivas» para captar clientes. Para ello aparentaba que su empresa tenía una «solvencia patrimonial» y una capacidad para cumplir que, en realidad, luego resultarían «inexistentes».

Y es que unas veces el complejo de apartamentos que promocionaba no era real, y otras no había adquirido los pisos que luego vendía. Para esquivar el control de la ley sobre multipropiedad, llegó a ofrecer incentivos a clientes antiguos con dinero de los nuevos simulando una inversión.

Los contratos de esta especie de club de vacaciones iban desde cinco a 20 años. A cambio de una cuota de ingreso de entre 3.000 y 12.000 euros anuales, cada socio tendría derecho a tres semanas anuales de alojamiento en los complejos anunciados.

 
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